Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990). Marío Garcés
Nun, los sectores «marginales» superarían la noción de «ejército de reserva» proveniente del marxismo clásico, que reconoce en el capitalismo la convivencia de sectores obreros ocupados y desocupados, ya que en el caso de América Latina, con una economía dependiente se «generaría una población tan excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, que rebasaría la lógica del concepto mismo de ejército de reserva» 3. Ello daría lugar a una «superpoblación relativa» no funcional en relación a las formas productivas hegemónicas.
Los efectos políticos del debate sociológico se relacionan con el lugar que ocupan o que deberían ocupar «los pobres» en un proyecto de cambio social. Para algunos analistas, los pobres podrían ser la base de proyectos populistas, en cuanto se trataría de sectores relativamente fáciles de «clientelizar». Para otros, como lo fue para algunos sociólogos chilenos en los años ochenta, serían la expresión de la crisis y la desintegración social (o la anomia) 4. Finalmente, para sectores de la izquierda tradicional, los pobladores serían la clase obrera en su lugar de residencia, y en consecuencia sin ninguna especificidad social propia que no sea su mayor pobreza.
En este trabajo busco reconocer a los pobladores como sectores urbanos pobres con evidentes capacidades de acción colectiva, es decir de configurar movimientos sociales –en el caso chileno, de alta significación social y política–. Esta perspectiva obliga a repensar el lugar de los «pobres de la ciudad» como sujetos colectivos que por su condición de pobreza y subalternidad en el orden social pueden ser pensados como «clase popular», pero a condición de que admitamos que la «clase» no se constituye solo en la fábrica y el sindicato, sino que también en el territorio, y particularmente cuando los pobres desde sus espacios comunitarios son capaces de constituirse en movimiento social. Este es, por cierto, parafraseando a E.P. Thompson, inevitablemente un proceso histórico que ha tenido y tiene lugar cuando los pobres, habida cuenta de sus experiencias en común, se reconocen como sujetos de acción colectiva para modificar sus modos de pertenencia a la ciudad y la sociedad.
El negativo efecto político de una noción estrecha de la clase ha hecho que la izquierda no logre elaborar programas ni propuestas políticas específicas para los pobladores, que surjan de su propia experiencia y que se orienten en una perspectiva de cambio social en que los propios pobladores sean sus actores y ejecutores. Los programas y propuestas políticas de la Izquierda buscan realizar los intereses de la «clase obrera» en un sentido clásico del socialismo como socialización de los medios de producción y dirección política de la clase obrera, a través de sus partidos de clase y de vanguardia. Los pobladores tendrían que sentirse representados en estas propuestas, que no necesariamente dan cuenta de sus propias experiencias y demandas de cambio social. La izquierda, de este modo, ha adolecido de déficit teórico y déficit político en relación a los pobladores.
Tampoco basta, como se hace en la actualidad, concebir a los pobladores como beneficiarios de «políticas públicas», sino que es necesario partir por reconocer sus propias capacidades de agencia y acción colectiva, es decir su condición de sujetos y no meros objetos de la política social del Estado.
Desde un punto de vista histórico, la pobreza urbana en Chile es de larga data; se podría decir que es de origen colonial, a propósito del modo en que se constituyeron las ciudades españolas, la posición de la población originaria sometida y el posterior crecimiento del mestizaje y del mundo peonal, que se instaló en los márgenes de la ciudad 5. Para la segunda mitad del siglo XIX era evidente que los pobres urbanos crecían y que comprometían el desarrollo de la vieja ciudad colonial, tanto por el impacto de los problemas de salud pública (epidemias difíciles de conjurar), las precarias condiciones de infraestructura urbana (ausencia de alcantarillado y déficit de agua potable), amén de las malas si no miserables condiciones de la vivienda popular (en un principio fueron los ranchos de raíz campesina, hacia fines del siglo XIX la expansión de los conventillos y hacia mediados del siglo XX las «poblaciones callampas») 6.
En la última década del siglo XIX, pero especialmente a principios del siglo XX, la ciudad de Santiago creció de modo significativo, proceso que se masificó entre los años treinta y setenta, cuando se incrementó la migración campo-ciudad como producto del atraso rural (predominio de la vieja estructura de la gran propiedad de la tierra) y de los procesos de industrialización estimulados y apoyados por el Estado 7.
En los años veinte, en un contexto de agudas movilizaciones sociales relativas a la cuestión social (mítines del hambre de 1918-1919), los pobres que habitaban en conventillos se organizaron en «Ligas de Arrendatarios», amenazaron con huelgas de no pago del alquiler y demandaron al Estado políticas de regulación de los asuntos de la vivienda popular.
No fue, sin embargo, hasta los años cincuenta y sesenta que los pobladores alcanzaron la mayor visibilidad pública, organizados en Comités de Sin Casa, demandando políticas más activas de vivienda popular al Estado; y a partir de 1957, iniciando un verdadero ciclo de «tomas de sitio» (invasiones urbana), que con mayor y menor intensidad se prolongaron hasta 1973 8.
En este sentido, en los años sesenta y principio de los setenta los pobladores se convirtieron en un actor social y político de alta significación. Y si esto ocurría en las ciudades, especialmente en Santiago, desde 1967, cuando se dictó la Ley de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, grandes masas de campesinos iniciaron también sus propias movilizaciones: los que se vieron beneficiados por la reforma, los que se organizaron y demandaron mejoras salariales y de condiciones laborales, y los que se tomaban fundos como una manera de acelerar las expropiaciones de los viejos latifundios. De este modo, tanto los pobladores como los campesinos fueron dos nuevos grupos sociales que a fines de los cincuenta, y sobre todo en los años sesenta, ingresaron a las luchas políticas como lo habían hecho con anterioridad los trabajadores organizados en sindicatos 9.
En relación a los pobladores, es posible afirmar, teniendo en cuenta diversos estudios, que entre 1957 y 1973 se verificó un verdadero ciclo de movilizaciones, en torno a las luchas por la vivienda, cuyo déficit a principios de los años cincuenta se estimaba que alcanzaba a un tercio de la población 10. Las movilizaciones por la vivienda estimularon el desarrollo de agencias estatales especializadas, como la Corvi (Corporación de la Vivienda) en 1953 y el Ministerio de la Vivienda, en 1965. La Corvi tuvo un desarrollo relativamente lento, y a pesar de que se formularon grandes planes de vivienda, estuvo muy por debajo de sus propias metas. Esta situación influyó para que los pobladores realizaran en 1957 una masiva «toma de terrenos», que el 30 de octubre de ese año dio origen a la emblemática Población La Victoria. Esta iniciativa de los pobladores, si se la observa con perspectiva histórica, hizo que los pobladores le hicieran ver al Estado que si éste no construía viviendas, ellos mismos lo harían recurriendo a sus propias formas de lucha y a sus propios recursos.
En 1959, la administración del presidente Alessandri impulsó un nuevo plan de viviendas de grandes alcances, que se tradujo en la creación de nuevas poblaciones y barrios populares (como las poblaciones San Gregorio, Neptuno y José María Caro. En el caso de esta última se lotearon 9 mil sitios para unas 60 mil personas). Sin embargo, estas medidas no solo fueron insuficientes, sino que crearon mayores expectativas en torno a la vivienda popular. En este contexto, en 1961, una nueva y emblemática «toma de sitios» –la de Santa Adriana– se produjo en el sector sur de Santiago.
En 1965, la administración del presidente Frei Montalva, de la Democracia Cristiana, junto con crear el Ministerio de la Vivienda, propuso un plan aún más audaz de vivienda popular (construir 360 mil viviendas en seis años, de las cuales dos tercios sería para los más pobres) y la organización de una oficina de apoyo a los pobladores, denominada Consejería Nacional de Promoción Popular. Si bien el plan se puso en marcha con cierto optimismo, hacia 1967 resultaba difícil mantener el ritmo de construcciones, y la demanda popular por viviendas seguía creciendo. Se reforzó entonces un programa especial denominado «Operaciones sitios», que consistía en la entrega de sitios urbanizados con una vivienda pre-fabricada. No obstante, la mayor iniciativa estatal no fue capaz de atender las necesidades de vivienda popular, y en este contexto, el 14 de marzo de 1967 se produjo una masiva ocupación de terrenos en el sector poniente de Santiago,