Ética de la comunicación en Internet móvil. José Perla Anaya
institucionalidad, la corrupción, el terrorismo, la informalidad, etcétera) han durado y costado mucho más.
Cuando ocurre una situación de anomia social, ha dicho el autor argentino Carlos Nino, la gente solo puede recurrir a dos tipos de “soluciones” para tratar de resolverla: una es la anarquía, mediante el enfrentamiento de todos contra todos, como sucede —dijo el autor, tomando el ejemplo del caos en el tráfico vehicular argentino— entre los vehículos de igual tamaño en las pistas. La otra vía de posible solución es la dictadura, en que el propietario o conductor del vehículo más grande —en el Perú, sería el camión, el bus, la combi— se impone en las pistas a los más pequeños, dominándolos, sobrepasándolos, arrinconándolos, golpeándolos, etcétera (Nino, 2014, p. 252).
Aunque la situación de anomia general tiene antiguas raíces en nuestro país, ha sido solo en el último medio siglo que ha crecido y se ha expandido de modo masivo, en todos los lugares y en todas las áreas, como nunca se había visto. Hasta ahora hemos estado afrontando este “mal nacional”, como ha sido llamado por el sociólogo Hugo Neira, haciendo prevalecer, por un lado, la anarquía, es decir que cada ciudadano, erigido como centro individual de poder, se enfrenta a los otros en la vida cotidiana, tratando de “ordenar” las relaciones entre sí. También hemos recurrido, por otro lado, a la dictadura, es decir, a la promoción, instauración y sostenimiento de un poder omnímodo que se impone sobre todas las personas, cuyo último ejemplo podría ser el gobierno de Fujimori de los años noventa.
Todos los estudiosos revisados en el capítulo cuarto de este libro coinciden en que, de uno y otro de estos escenarios, presentes y futuros, solo nos puede liberar la vía del derecho, de la institucionalidad, del orden. En suma, del respeto a las leyes. Estas son como los puntos de encuentro mínimos que se pueden establecer entre los distintos pareceres e intereses de los múltiples integrantes de un grupo y que permiten la cohesión social indispensable para su supervivencia, convivencia y desarrollo. Por eso, la mejor definición de democracia es la siguiente: el sistema en que nadie está por encima de las leyes.
Las cuatro situaciones de uso infractor del Internet móvil que han sido escogidas para ser observadas en esta investigación, por cuanto considero que pueden resultar útiles para el logro del propósito principal de reflexionar sobre la relación entre los sistemas normativos y el Internet móvil, son: durante el manejo vehicular, en la asistencia a clases universitarias, a funciones cinematográficas y a reuniones familiares o de amigos. Según mi apreciación, las cuatro situaciones seleccionadas tienen suficiente relevancia legal y social como expresiones de la cultura nacional de incumplimiento normativo masivo que domina cada vez más la realidad del país, sin distinción de posición social, económica, nivel educativo o cultural, lugar de nacimiento u otra característica.
A continuación, adelanto una primera y breve fundamentación sobre la validez de la elección de las cuatro situaciones de transgresión del uso del Internet móvil en la vida cotidiana.
La primera de ellas se refiere al notorio y masivo uso ilegal del Internet móvil durante la conducción de vehículos, conducta que se observa tanto en el sector del transporte público como en el privado. Conforme a los abundantes datos que circulan y a los ojos de cualquier observador, hace años que el transporte nacional, urbano y rural, ha colapsado y con él todo el sistema normativo que lo regula. Lamentablemente, los daños de gran repercusión que esta situación causa todos los días no han despertado el interés ni han llevado a la acción eficaz de ninguno de los cuatro últimos gobiernos, aunque varios de esos males, sin exageración, son equiparables a los del terrorismo, en pérdida de vidas, afectación de la integridad física y deterioro de la propiedad. Además, y quizás la más importante consecuencia nociva de esta caótica realidad del manejo vehicular, es que, sobre todo, la propagación nociva de la permanente conducta ilícita de los empresarios, choferes y personal del transporte público (sin dejar de lado la conducta semejante de los particulares y los peatones), también ha servido como instrumento importante de afianzamiento y reforzamiento de la cultura nacional transgresora y de su máxima principal dominante de que aquí “todo vale”. Debido a esta realidad negativa de nuestro sistema de transporte terrestre (sobre todo, urbano, pero, luego, también el interurbano), nuestra cultura nacional dominante se ha ganado el vergonzoso apelativo de “cultura combi”. Estos términos aluden al tipo de modelo de la camioneta que llenó las pistas del país luego de que se autorizó a inicios de los años noventa la importación libre de vehículos, con lo que cambió la forma ordenada predominante de su conducción o manejo en el país. Efectivamente, desde hace varias décadas, los propietarios y los conductores de los vehículos de transporte público, con sus respectivos ayudantes y jaladores (y luego, por contagio, los choferes particulares), son los principales protagonistas de la cultura nacional cotidiana del desprecio y menosprecio no solo de las reglas de tránsito, sino de la vida, la integridad, la seguridad y la tranquilidad de todas las personas, sobre todo de los pasajeros, peatones y otros conductores que son los bienes que protegen dichas reglas. El llamado sector de transporte “público”, en realidad, es manejado más “privadamente” que ningún otro del país, siguiendo los caprichos permanentes de los propietarios y conductores sobre rutas, precios, paraderos, etcétera. Muchos de estos operadores cuasidelincuentes (hay que llamar las cosas como son), libres de toda atadura pública, oficial o legal, han contribuido de manera decisiva a implantar (y, luego, a mantener) en el país la cancelación de todas las normas elementales de orden social y legal indispensables para la sobrevivencia y convivencia en los espacios públicos de las ciudades y en las carreteras del país.
Ante esta situación —tímidamente descrita en relación a lo terrible que es la verdadera realidad—, la investigación se pregunta si es aceptable dejar que, además, los conductores de vehículos públicos y privados hagan tabla rasa de la prohibición de utilizar el teléfono celular al manejar, lo que aumenta significativamente los riesgos y los daños para la vida, el cuerpo, la salud, la propiedad.
La segunda situación observada en esta obra es la de la utilización indiscriminada, frecuentemente subrepticia, en suma, indebida, del equipo internético móvil (primero de las laptops, las tablets y ahora, con más frecuencia, de los teléfonos inteligentes) durante las clases universitarias. A esta conducta de masiva propagación del uso de la tecnología digital para fines ajenos al desarrollo de las clases puede atribuírsele, hipotéticamente y de modo general, una responsabilidad importante en el decaimiento general del trabajo académico y, en especial, en la pérdida de la atención y del aprovechamiento de los alumnos. No obstante la importancia de este hecho negativo sobre el desarrollo de un sector fundamental del país, como es el de la educación superior, en la investigación no se ha podido encontrar información documentada sobre la adopción de política alguna, privada ni pública, dirigida a evitar las interferencias de la tecnología internética en las clases. Tampoco se ha sabido si las autoridades universitarias han asumido, en forma explícita y pública, una política de desregulación sobre la materia. Simplemente, se ignora el problema y no se toma posición institucional alguna al respecto. Debido a este vacío normativo, las infracciones (por llamarlas de algún modo) de la regla sobre restricción del uso del Internet móvil en clases hasta ahora son establecidas (o no) y tipificadas por cada profesor en forma individual, según su parecer. También las consiguientes medidas correctivas o sanciones son ideadas y aplicadas por cada docente según su punto de vista. Como es de suponerse, tal incertidumbre normativa repercute en interrupciones de las clases, llamadas de atención, confrontaciones y, a veces, incluso actos violentos verbales, gestuales y de conducta, todo lo cual no solo desmerece el ámbito académico, sino que entorpece de manera radical su desarrollo. Hay que anotar, además, que esta situación se produce dentro de una actividad como la universitaria, que, de acuerdo con la observación general, se encuentra en grave deterioro desde hace varias décadas, por lo que el año 2015 se ha puesto en vigencia la Nueva Ley Universitaria 30220 que contiene una reforma legislativa sustancial y que, por ello mismo, no está exenta de polémica.
Ante esta situación de desregulación universitaria, aparentemente asumida no por convicción, sino por inacción, la investigación se pregunta si no resulta aconsejable que las universidades dediquen un tiempo a estudiar el asunto y a establecer consciente y deliberadamente las medidas que resulten pertinentes para que los equipos internéticos contribuyan al proceso