De las urbes a los territorios inteligentes. Ronal Orlando Serrano Romero

      Figura 9. Grado de incorporación de los ods en los pdt, 2016-2019

      Fuente. Adaptado según datos y planos de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Documento Conpes 3918. Estrategia para la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Colombia, por Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia (p. 12), 2018, https://bit.ly/35gPFaP

      Considerando lo anterior, resulta interesante plantear que un ordenamiento territorial articulado con los ods representa una política pública que debe orientar la gestión del desarrollo hacia el cierre de brechas y desigualdades entre los diferentes grupos sociales, brindando a la totalidad de la población las capacidades y las herramientas necesarias para vivir plenamente (Conpes y dnp, 2018). No obstante, el engranaje que se requiere para este asunto debe diseñarse a partir de profundas reflexiones que integren los componentes del ordenamiento territorial en sus diferentes escalas con la totalidad de las dimensiones del desarrollo, lo que involucra una integración y alineación de la gestión territorial del país.

      Siguiendo esta lógica, el dnp adopta la gestión pública orientada por resultados como el marco de referencia para la definición de indicadores y metas, territorializados en las ciudades y las regiones del país. Desde este proceso, que incluye la planeación estratégica, la programación presupuestal, la implementación de programas y proyectos, el seguimiento y la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, se han concretado 156 indicadores medibles a partir de los datos del Departamento Nacional de Estadística (dane) y 15 indicadores trazadores que miden las metas principales del Gobierno Nacional, todos desagregados territorialmente en seis zonas: Región Caribe, Centro-Sur-Amazonas, Centro-Oriente y Bogotá, Eje Cafetero y Antioquia, Llanos Orientales y Pacífico.

      Paralelamente, el Gobierno Nacional ha destacado la necesidad de contar con el acompañamiento de la Academia pues “desde la investigación teórica y aplicada y por supuesto desde su quehacer educativo, tiene una enorme responsabilidad en el ámbito de la innovación y en la formación para la sostenibilidad de futuras generaciones” (Conpes y dnp, 2018, p. 55). La política pública ha denominado esto como las “Alianzas para el Conocimiento” y la “Gestión Integral del Conocimiento”, espacios desde los cuales se identifican 47 metas que pueden ser lideradas desde la academia como líder transformador. Surge entonces la oportunidad de explorar los asuntos coyunturales y estructurales de la agenda que trazará el desarrollo en Colombia durante los próximos 32 años, no solo en el marco de la sostenibilidad como referencial fundamental de la territorialidad, sino también desde el sistema de ciudades como territorio y la gestión como acción que constituye la territorialización.

      Los retos de la gestión sostenible en el marco de los territorios inteligentes

      Yuval Noah Harari (citado en Alcalde, 2018) en su trabajo “Homo Demus: una breve historia del mañana” ha planteado una reflexión interesante: “por primera vez en la historia no sabemos cómo será el mundo en los próximos veinticinco años” (p. 2). Procesos de cambio acelerado y disruptivo sin precedentes, impulsados por las nuevas tecnologías, no solo están generando paradigmas emergentes en diferentes aspectos de la sociedad, sino que también han incrementado el grado de incertidumbre que caracterizan los escenarios de transformación del territorio. Al respecto, Ignacio Alcalde (2018) expone que el mundo ha llegado a una era digital y urbana en la que las comunidades se encuentran hiperconectadas por múltiples mecanismos físicos y tecnológicos, y en la que las ciudades y regiones han asumido un protagonismo único al albergar realidades superpuestas que se alinean para constituir las dinámicas y los procesos de los actuales sistemas territoriales.

      Se establece así, en palabras de Vegara y De la Rivas (2016), un nuevo horizonte urbanístico que obliga a repensar las formas de habitar el territorio, no solo desde las convergencias que implica la interdisciplinariedad, sino también desde las capacidades que poseen las comunidades para descubrir la inteligencia de su territorio y gestionar su transformación. En este contexto, no se hace referencia a un proceso asumido exclusivamente por las corrientes de pensamiento que han definido el diseño y la construcción del hábitat, por el contrario, se reconoce la necesidad de definir, consensuar e implementar una visión del futuro sostenible e innovadora en torno a las comunidades que apropian un ámbito espacial determinado con el propósito de fortalecer sus condiciones de desarrollo e incorporar tecnologías para mejorar su calidad de vida.

      Pareciera así que aquellas teorías de caos territorial que han permitido pensar en soluciones tipificadas a partir de fenómenos de formación y estructuras de ocupación, han entrado en completa tensión con los aspectos que determinan la construcción social del territorio. En este sentido, el intento de dar respuestas inteligentes a los actuales problemas de la ocupación territorial resulta ser uno de los principales retos de los profesionales vinculados a la gestión sostenible del territorio. De esta manera, el territorio como elemento de identidad, activo de competitividad, factor de producción, catalizador del desarrollo y reflejo del alma de sus comunidades es, a juicio de Vegara y De La Rivas (2016) y Alcalde (2018), determinante para concebir un proyecto inteligente e innovador que permita gestionar acciones coherentes con los nuevos escenarios de competitividad y cooperación, los retos de la sostenibilidad y los compromisos de la integración social y la superación de la pobreza. Como resultado, hablar de la inteligencia del territorio es hablar de la importancia de la sociedad civil en la transformación del mismo.

      En el caso colombiano, la agenda nacional de desarrollo presentada en el sistema de ciudades y la adopción de la Agenda 2030: ods para Colombia se han alineado con esta visión mediante la implementación del Conpes 3870 del Programa Nacional para la Formulación y Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial (pot) Modernos. Desde este programa, el Gobierno pretende fortalecer las capacidades de las entidades territoriales en materia de ordenamiento y gestión con el propósito de formular una nueva generación de pot que permitan optimizar la planeación de proyectos que impulsen el desarrollo territorial, así como avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible y el cierre de brechas sociales, metas plasmadas en el Plan de Desarrollo (dnp, 2016).

      Como se describió, diversos estudios realizados para diagnosticar el estado del ordenamiento territorial en los municipios colombianos, han permitido identificar que la mayoría cuentan con planes que superaron la vigencia, requieren actualización y no están preparados para superar las deficiencias y los desequilibrios regionales que han traído las concentraciones demográficas, los procesos de aglomeración/conurbación, la poca especialidad de las economías y las deficiencias de conectividad. Esta situación, sumada a la formulación incipiente de Planes Estratégicos Metropolitanos (pemot) y Planes de Ordenamiento Departamentales (pod), evidencia la “falta de estándares, lineamientos y metodologías comprehensivas y acordes con los parámetros internacionales, [así como] la insuficiencia en los esquemas de asistencia técnica y acompañamiento [para la creación de instrumentos], y las bajas capacidades institucionales para la gestión del suelo urbano y rural” (dnp, 2016, p. 03).

      Con base en lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación plantea 14 variables urbano-rurales que los instrumentos de planificación y gestión deben asumir para superar las condiciones que impiden concebir territorios inteligentes con prospectiva y calidad: crecimientos poblacionales, grados de urbanización, competitividad, uso eficiente y sostenible del suelo, diseño y ejecución de sistemas viales y de transporte inteligentes, expansión sostenible de las redes de servicios públicos, gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio