Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia. Leonardo Güiza-Suárez
en un instrumento para el lavado de madera extraída de forma ilegal de los bosques naturales. La agencia de investigación ambiental (EIA, 2019) describe así la situación en ciudades como Puerto Asís, en el departamento Putumayo: “Los tramitadores de documentación que se encuentran en las cercanías de los muelles [de Puerto Asís] explicaron que es fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía” (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 7).
El lavado de maderas es particularmente preocupante en el caso de especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya extracción es ilegal en el país hasta el año 2025 (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). La cuenca del río Yaguas es, presuntamente, la principal zona de origen de los cedros comercializados de forma ilegal en el país. Sin embargo, en la actualidad el cedro se comercializa fácilmente en la Amazonía (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019).
Las acciones de corrupción por parte de funcionarios de corporaciones autónomas regionales dificultan la comprensión de acciones como el lavado de maderas. Por ejemplo, un funcionario manifestó que:
[Estimar la dimensión del lavado de maderas] es muy difícil y muy grande. Hay que decirlo: muchas veces se encuentran personajes adscritos a las corporaciones que se benefician de ese tipo de cosas… por ejemplo, ha pasado en actividades de control donde llegan, ven que no tiene la madera los permisos y que casualmente en 30, 40 minutos llega un permiso con todos los sellos que lo único que tiene que hacer el policía es: “siga su camino”. Entonces, eso se logra a través de interceptaciones donde vemos que efectivamente hay una persona dentro de la corporación, dentro de la autoridad, que tiene comunicación con las personas que integran las estructuras [criminales], y es la única forma de darse cuenta…
Con base en una muestra de aproximadamente el 87 % de los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2012 y julio de 2017 (alrededor de 16.470 permisos), se determinó que Putumayo es el departamento con el mayor número de permisos de extracción maderera en esa jurisdicción con un 48.5 %, si bien el departamento del Caquetá extrajo aproximadamente el 55.7 % del volumen total de madera declarada en tales permisos (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Según este análisis, Cartagena del Chairá y Solano, en Caquetá; Puerto Leguízamo, en Putumayo; y Tarapacá, en el Amazonas, son los cuatro municipios que concentran la mitad de la extracción maderera declarada en tales permisos (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019).
La relativa facilidad con la que se alteran los salvoconductos ha llevado a algunos autores a calificar este sistema de control como “frágil y vulnerable” (Orozco et al., 2014, p. 35). Debido a la debilidad en los mecanismos de control de delitos ambientales, funcionarios recomiendan la existencia de un mecanismo de auditoría y control en torno al SUN en línea, hasta la fecha inexistente; es decir, un mecanismo que impida, por ejemplo, que ítems de fauna y flora que no tienen un origen legal sean introducidos en la plataforma en línea Vital (Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea), esto es, la plataforma en la que se emiten los salvoconductos en línea. Por su parte, una de las recomendaciones de EIA en relación con esta problemática es la creación de mecanismos para que el monitoreo y seguimiento a la normativa forestal se dé por parte de sectores independientes, como periodistas, defensores del medio ambiente, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil (EIA, 2019, p. 58).
Cabe señalar que, de acuerdo con un funcionario público entrevistado, las actividades de corrupción y sobornos se dan no solo al interior de las corporaciones autónomas regionales, sino también al interior de la fuerza pública. Sin embargo, no se dieron al respecto detalles. Otro funcionario entrevistado mencionó que en algunas ocasiones los funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales son coaccionados por grupos al margen de la ley (por ejemplo, en casos de peritajes a maderas incautadas).
4.2. Nivel de ejecución en plataformas para la trazabilidad de la cadena de valor del comercio de fauna silvestre
En el caso del tráfico de fauna silvestre, hay una serie de dificultades para alcanzar la trazabilidad y monitoreo de la cadena de valor. Tales dificultades están relacionadas con una falta de ejecución de varias herramientas planteadas en la Ley 1333 de 2009, a través de la cual se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental. Antes de mencionarlas, hacemos una breve descripción de la cadena de suministro en el tráfico ilegal de fauna silvestre.
Se conoce poco sobre la cadena de valor del tráfico de especies. Ahora bien, se sabe que la captura de fauna por parte de actores ilegales es facilitada por las economías mineras, madereras y petroleras, que son en buena medida ilegales, en la medida en que estas facilitan vías para la extracción ilegal de esas especies de fauna y flora traficadas ilegalmente (Sollund, 2019). El tráfico transnacional ilegal de fauna se da principalmente a Venezuela, al Caribe o a Europa (Sollund, 2019).
Se estima que quienes comercializan ejemplares traficados pueden ganar hasta 200 veces más de lo que ganan quienes cazan o aprehenden directamente a los animales:
Por 100.000 pesos un cazador extrae un flamenco rosado (Phoenicopterus ruber ruber), lo traslada al interior del país —sedado, atado y escondido en cajas de flores— y es el vendedor, el último eslabón de la cadena, el que lo comercializa a 2 millones de pesos. (Zimmermann, 2016)
En 2016, se desarticuló la red de tráfico de fauna silvestre más importante de Colombia, denominada “Los Pajareros”, integrada por ocho personas cuyas ganancias se estiman entre $80.000.000 y $140.000.000 (El Espectador, 2016). La mayor parte de ganancias eran generadas por el comercio de aves, como las guacamayas, los loros y los tucanes (El Espectador, 2016). Esta banda comercializaba en promedio 500 ejemplares de fauna cada mes (Zimmermann, 2016). El 90 % de las especies traficadas por esta banda ilegal están en riesgo de extinción (El Espectador, 2016). Entre estas, se encuentran “loros, cotorras, pericos, tortugas, guacamayas, flamencos, pavos, tucanes, venados, gaviotas, cigüeñas, chigüiros, canarios y cascabelitos” (El Espectador, 2016).
Para el 2015, el Instituto Humboldt había generado información genética para 152 especies de aves objeto de tráfico ilegal (Gómez, Moreno, Andrade & Rueda, 2016). Los grupos más afectados por el tráfico ilegal de fauna en Colombia actualmente son los reptiles, las aves y los mamíferos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019). Las especies animales más traficadas fueron la hicotea, el terecay y la charapa (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019). Además, las ranas endémicas del Pacífico colombiano son una de las principales especies de fauna traficadas actualmente en Colombia (El Tiempo, 2018).
Para ayudar a combatir estas dinámicas, se han creado herramientas como el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) o el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS).
Sin embargo, su bajo nivel de ejecución es un obstáculo para la gobernanza ambiental. La creación del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) fue introducida por medio de la Ley 1333 de 2009 (Congreso de la República de Colombia, 2009, art. 57). Este último debe publicar los actos administrativos y nombres de infractores ambientales con el fin de hacer monitoreo a la normativa ambiental (Pulido & Echeverri, 2014). Ahora bien, en el último informe preventivo publicado por la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios (Pulido & Echeverri, 2014), se evidenció que de 32 autoridades ambientales encuestadas solo dos terceras partes (el 68 %) inscribieron en el RUIA los procesos sancionatorios ya culminados sobre infracciones ambientales (Pulido & Echeverri, 2014).
Esta misma ley (Congreso de la República de Colombia, 2009) estableció en su artículo 60 la creación del Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), cuyo objetivo es almacenar información sobre los decomisos de fauna: el número de individuos, su estado, lugar de ubicación, fecha y destino de disposición final, entre otros aspectos. Ahora bien, de las 32 autoridades ambientales encuestadas por la Procuraduría (Pulido & Echeverri, 2014), la mayoría manifestó que no había recibido instrucciones por parte del Ministerio de Ambiente para el diligenciamiento de este portal. Más aún, a la fecha, el PIFS no ha entrado en funcionamiento.
5. Documentación y difusión de herramientas tecnológicas
Uno de los desafíos