Tres ensayos sobre democracia y ciudadanía. Baldo Kresalja
se sitúan frente a legisladores y dirigentes partidarios electos sugiriendo la idea de que en sus preguntas y sus dudas se escuchan las voces de todos y de nadie en particular. Afirman expresar lo que se encuentra ‘en ambiente’, lo que se sabe, lo que el público se pregunta140.
Como es obvio, en ese juego la representación política tiene poco que hacer, porque debilita la inclinación natural a asociarse para proyectar con mesura un proyecto político de envergadura; y, como la realidad enseña, salen usualmente como ganadores los oportunistas y los autoritarios.
3. En el Perú, como en otros países de la región:
los medios de comunicación se consideran como un dominio legítimo de la economía privada; las empresas privadas buscan, en primera línea, obtener beneficios económicos y, solo en segundo lugar, llevar a cabo un servicio a la comunidad, o, en el mejor de los casos, camuflan su deseo de obtener beneficios en forma de ‘servicio público’. La propaganda política es una mercancía puesta a la venta de aquellos que quieran y sean capaces de pagarla. La propaganda se ha convertido en un objeto legítimo de comercio, y los medios de comunicación sirven a aquellos que están dispuestos a pagar el precio más alto141.
Pero esta mala conducta de los medios, contraria a lo que dispone el artículo 14, in fine, de nuestra Constitución sobre la colaboración que deben brindar en la educación y en la formación moral y cultural de los ciudadanos, no puede hacernos olvidar que en una democracia no es aceptable la censura y, por lo tanto, toda regulación debe cuidarse de no impedir el ejercicio de las libertades básicas de información y de expresión, más aún cuando está comprobado que, con todos sus defectos y limitaciones, los medios de comunicación libres son siempre mejores que los controlados por el Estado.
Ahora bien, en esta materia el poder de los anunciantes —pues los medios viven de la publicidad y de la propaganda— se ha incrementado muchísimo durante las últimas décadas, y ellos apoyan a aquellos partidos que protegen sus intereses. Algunos países —sin duda, la excepción— han podido superar esta situación mediante la autorregulación y medios plurales de propiedad estatal. Como tendremos ocasión de ver, la importancia de las nuevas tecnologías y de las redes ha menguado en cierta medida el poder de los medios de comunicación de masas tradicionales.
4. Pero hay que advertir que la proliferación de aparatos tecnológicos privados ha hecho que la ciudadanía, cada vez en mayor número, se informe a través de las redes sociales y no suela recordar las fuentes de esa información, con lo que éstas pierden relevancia y autoridad, y se aplanan las necesarias jerarquías, de modo tal que un trabajo o investigación serio tiene la misma legitimidad que una noticia cualquiera. Ello empobrece los espacios de discusión y de entendimientos públicos. De ahí surge esta continua proliferación de fake news que escapan de todo tipo de regulación y no dan cuentas a nadie, eludiendo las exigencias de verificación. Como señala Blas:
en menos de 25 años hemos pasado de la utopía del internet libertario de los años 90 y la primera década del nuevo siglo a una red privatizada y diseñada como escaparate comercial para beneficiar los intereses de un puñado de grandes tecnológicos. Sistemas expresamente diseñados para lucrar con la llamada “economía de la atención” a través de una selección sesgada que intencionalmente apela a los extremos del discurso político142.
De esta forma, la celebrada desintermediación de la información se ha convertido en una esfera pública intervenida, más centralizada que nunca, un capitalismo de vigilancia, antítesis de un espacio de entendimiento colectivo llamado espacio público que resulta esencial para sostener el edificio democrático.
5. Es necesario tener presente el uso extenso de las encuestas o sondeos de opinión, un lucrativo negocio vinculado usualmente a los grandes medios de comunicación. Lo primero que hay que decir, más allá de la manipulación que puede efectuarse en el diseño de la encuesta, es que ella constituye una «expresión parcial de la voluntad popular»143, porque los encuestados suelen responder a preguntas diseñadas por un pequeño grupo de expertos, es decir, no son espontáneas. Si bien la única voluntad vinculante es la que se expresa en elecciones abiertas y libres, el momento en que se hace pública una encuesta, en los llamados momentos preelectorales, puede influir en el comportamiento de los votantes y favorecer al partido o al candidato mejor ubicado, o también cuando busca que se concrete un voto no ideológico sino de utilidad. Hacemos aquí mención de las encuestas porque es un procedimiento bastante utilizado como paso previo al uso de las vías o modalidades de la democracia directa.
No olvidemos la llamada encuestocracia, es decir, aquellos gobiernos que se rigen por las opiniones de coyuntura, método también propio de los gobiernos autocráticos, que buscan consolidar una percepción intrínsecamente autoritaria del poder, que no aceptan el debate y que ocultan actos de corrupción, atentatorios contra los derechos humanos. Algunas compañías que realizan encuestas suelen aceptar esos encargos inconvenientes para la vida democrática. Fue principalmente durante la etapa final del Gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000) cuando se hizo uso extenso de esas prácticas, como está debidamente probado.
Afirma Zagrebelsky que el sondeo puede ser un instrumento útil y lícito mientras se mantenga en el ámbito privado de la previsión de comportamientos colectivos; pero si se convierte en instrumento de gobierno, altera el debate público. Este autor afirma que «debe rechazarse la ilusión de que puede existir una democracia de sondeos»144, por su falta de transparencia y carácter engañoso, más aún cuando el público de los sondeos, las «muestras», está aislado de los demás, obrando como átomos que no interactúan, no intercambian conocimientos ni opiniones. A un pueblo capaz de iniciativa política —dice— y de hacer escuchar su voz, los sondeos le sobran. Y adicionalmente afirma que para que los individuos lleguen a tener capacidad de ejercer una acción política hacen falta instituciones.
6. Otro elemento fundamental que es preciso considerar es el de los llamados lobbys o grupos de interés, que tienen una participación abierta o indirecta en la vida pública, dependiendo de la regulación pertinente y de la cultura prevaleciente. En la práctica de las democracias occidentales todas las fuerzas sociales de importancia tienen garantizada la libertad para intervenir y competir, y eso constituye un principio de distribución del poder asentado en el derecho fundamental a la libertad de asociación, que se encuentra consignada en los incisos 13 y 17 del artículo 2 de nuestra Constitución. En algunos países y en representación de intereses muy concretos, los grupos de presión, sean de base económica, ideológica o religiosa, han adquirido gran poder, logrando tener clara influencia en los partidos políticos y en la elección de representantes ante el Parlamento o el Poder Ejecutivo, pues no solamente están dirigidos por profesionales capacitados sino cuentan además, en muchos casos, con importantes recursos económicos. Se ha intentado controlar a los lobbys mediante regulaciones específicas, pero con poco éxito. Más bien, como señala Loewenstein, «el público está inclinado a aceptar esta avalancha de propaganda como un signo de una sana democracia pluralista, sin darse cuenta de que todo está montado por unos invisibles detentadores del poder, los poderosos grupos de interés, que se sirven de las más sutiles técnicas del anuncio y de la publicidad»145.
7. No está en cuestión la legitimidad de origen de la representación elegida en comicios libres y limpios, pero sí la llamada legitimidad de ejercicio, esto es, el trabajo y horizonte ideológico de los representantes. Es ahí donde aparece en su dimensión sin límites identificables el concepto de opinión pública, de tanta importancia en la praxis de la democracia contemporánea, porque es indispensable preguntarnos si la opinión pública de nuestros días se origina libre y racionalmente o si lo hace constreñida por los intereses monopólicos que gobiernan los grandes medios de comunicación en una sociedad poco homogénea, fragmentada y de intereses contrapuestos. Porque si fuera de esta manera sería una ficción, pues habrá tantas opiniones como grupos existan e intereses dominantes impuestos.
Como se sabe, el conjunto de información que se pone en circulación viene en gran parte seleccionado, no necesariamente por los hechos que suceden, sino por las conveniencias de los propietarios de los medios y de sus anunciantes, por lo que la idea de que la opinión pública es un legitimador del ejercicio de los políticos queda contradicha por