Tres ensayos sobre democracia y ciudadanía. Baldo Kresalja
que ponen en cuestión el poder político y los que impiden que la correcta administración del Estado pueda atender el interés general.
3. LA INFLUENCIA CRECIENTE DE LAS REDES
1. En primer término, se debe reconocer que el nuestro es ya un mundo digital, que esto es irreversible y que ya existen «nativos digitales» que desconocen o no utilizan otros medios de comunicación tradicionales. La discusión se centra en de qué manera esa transformación inevitable debe respetar la dignidad de las personas, sus opciones y sensibilidades; en otras palabras, en qué medida puede la razón moral estar por encima de la razón técnica. Y ello significa, entre otros aspectos, la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios.
Como puede apreciarse diariamente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cobrado una importancia creciente, así como su impacto en la formación de la opinión pública con acceso a ella. Y a pesar de los excesos y de la falta de argumentación y ponderación que de continuo muestran sus usuarios, no puede ocultarse que es una vía, discutida y cuestionada pero posible, para alcanzar una mayor calidad en el sistema democrático; siempre, claro está, que se trate de una amplia red asociativa.
2. Estamos hablando de redes con auténtica vocación pública y no de aquellas fundadas en el interés privado, por legítimo que éste sea. En esos casos se produce una participación política informal, pues no está institucionalmente regulada; dispersa, porque los contactos están situados simultáneamente en varios lugares; y frecuentemente fragmentada por la variedad de temas tratados desde distintos puntos de vista. Por ahora, no aspira a sustituir a los canales institucionales ni tampoco a tomar decisiones políticas, pero su influencia puede llegar a ser enorme para plantear asuntos de interés general, generar información, controlar y supervisar la actividad de los representantes políticos elegidos por votación popular.
La irrupción de las nuevas tecnologías que facilitan el contacto entre individuos a través de distintos mecanismos ha puesto en debate el tema de la ciudadanía. Sociedades multiculturales como Suiza o los Estados Unidos, en cuya cultura política los principios constitucionales han podido enraizarse sin tener que pasar sobre el origen étnico, lingüístico o cultural, existe un debate sobre el modelo de «identidad» que ha adquirido mucho vigor durante los últimos años y está debilitando el concepto de ciudadanía, central en toda política democrática, porque es un vínculo que une a todos los miembros de una sociedad política al margen de sus características individuales. Contrariamente, modelos tecnológicos de identidad, como Facebook, solo importan a quienes los utilizan, es decir, se trata de afinidades afectivas no democráticas, que han expulsado la palabra «nosotros», precisamente el concepto liberal que hizo posible garantizar la igualdad de derechos. Solo en un estatus compartido podemos dar lugar a un sistema democrático funcional, que trasciende los vínculos de identidad, cuando son estos últimos los que predominan; es entonces difícil hablar de deberes y el Estado se convierte en un obstáculo del que hay que prescindir. Como afirma Mark Lilla, «al socavar el “nosotros” democrático universal sobre el que se puede construir la solidaridad, al instalar el deber y al inspirar la acción, deshace en vez de hacer ciudadanos»147.
Ahora bien, frente a los retos del siglo XXI es preciso que el sistema democrático pueda conservar sus virtudes; por ejemplo, su capacidad para combinar beneficios ciertos y reconocimiento personal148, que es justamente lo que no está ocurriendo, pues mientras las soluciones a los problemas comunes dependen cada vez más —por el desarrollo tecnológico— de la pericia técnica de los expertos (los tecnócratas), las demandas de reconocimiento se diluyen en el individualismo emotivo de las redes. En otras palabras: la experiencia colectiva en la lucha política, esencial para el florecimiento de la democracia, está desapareciendo en parte por la crisis de los partidos políticos que ya no son la correa de transmisión de las demandas populares o de horizontes esperanzadores de largo plazo.
No cabe duda de que la revolución digital y su evolución acelera el proceso que debilita la representación tal como antes se entendía, pues son las multinacionales o gigantes tecnológicos apoyados por determinados gobiernos de las grandes potencias los que brindan las soluciones y alternativas, haciendo creer que su tecnología puede proporcionar reconocimiento en forma generalizada. Enfrentar estos problemas forma parte de la lucha por lograr una renovada y cercana representación. Esa es una de las batallas cívicas que se avecinan.
3. Si bien queda aún mucho por descubrir y cómo regular su práctica, la magnitud sobre el impacto político de las redes es grande, sobre el control o no de sus contenidos, y por el creciente involucramiento en asuntos que rebasan las fronteras nacionales en un proceso que va en paralelo a la globalización que se manifiesta en otras actividades, especialmente las económicas, las financieras y las vinculadas al entretenimiento. Se conocen ya datos preocupantes sobre manipulación y las noticias falsas. Los cambios tecnológicos influyen en los sistemas democráticos, y la utilización de datos personalizados puede cambiar el curso de una elección, sobre todo cuando se trata de poblaciones que hacen uso intenso de las nuevas tecnologías y vuelcan en ellas sus más variadas preferencias, que podrán tener un impacto decisivo en la elección política.
El futuro desarrollo e impacto de las TIC es una materia que es preciso tener presente cuando se diseñe un renovado sistema de representación o un sistema electoral, y también cuando se haga uso de las modalidades de la democracia directa.
128 Blancas, C. Derecho electoral peruano, op. cit., pp. 51 y 52, citando a Manuel Aragón Reyes.
129 Przeworski, A. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2019, p. 66.
130 Przeworski, A. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?, op. cit., p. 21.
131 Blancas Bustamante, C. Derecho electoral peruano, op. cit., pp. 51 y 52.
132 El debate sobre la reforma electoral, que no se ha concretado aún en forma significativa, continúa en el Congreso, los partidos políticos y la Academia. Como ejemplo de numerosos trabajos tenemos Paniagua, V. «Sistema electoral», en La Constitución de 1993. Lima: Comisión Andina de Juristas, Serie Lecturas sobre temas constitucionales N.° 10, 1994; Fernández Segado, F. «Los órganos electorales en el ordenamiento constitucional peruano», en La Constitución de 1993, op. cit.; y Roncagliolo, R. «La reforma del sistema electoral», en Las tareas de la transición democrática. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2001.
133 Blancas, C., op. cit., p. 102.
134 Blancas, C., op. cit., p. 112.
135 Zagrebelsky, G. La crucifixión y la democracia, op. cit., p. 108.
136 Innerarity, D. El nuevo espacio público. Madrid: Espasa Calpe, 2006, p. 79.
137 Quizás convenga aquí recordar el siguiente texto de Kant recogido por Elías Díaz en el pie de página 47 de su ya citada obra De la maldad estatal y la soberanía popular, acerca de la inescindible vinculación entre soberanía popular, legitimidad democrática y libertad crítica y de expresión. Dice Kant: «Se le tiene que conceder al ciudadano —y, por cierto, con el favor del soberano mismo— la atribución de hacer conocer públicamente sus opiniones acerca de lo que parece serle injusto para la comunidad en algunas disposiciones tomadas por aquel. Pues admitir que el soberano no se pueda equivocar a veces o ignorar alguna cuestión, equivaldría a otorgarle la gracia de una inspiración divina y a pensarlo como un ser sobrehumano. Por tanto, el único paladín