Del Estado al parque: el gobierno del crimen en las ciudades contemporáneas. Fernando León Tamayo Arboleda
investigación del gobierno del crimen en las ciudades contemporáneas estuvo condicionada por dos factores. El primero de ellos, que resulta obvio en muchas investigaciones, era la facilidad personal —pues era la ciudad en que me encontraba viviendo— y financiera —pues los recursos para la realización de investigaciones no siempre abundan— para conducir el estudio en dicho espacio; y el segundo, más importante aún, que Bogotá se había convertido en un ejemplo mundial de la “buena gobernanza” del crimen y era tomado como un modelo exitoso de la forma en que las administraciones locales pueden mejorar las condiciones de seguridad en los grandes enclaves urbanos. El caso del “milagro” bogotano se soporta principalmente en la reducción de las cifras de homicidios que tuvo lugar en los años noventa y comienzos del nuevo milenio. Aunque es posible discutir si fueron las políticas locales las que determinaron esta disminución, el mito ha sido construido sin tener en cuenta dicha situación, por lo que se adjudicó a la administración local el triunfo en materia de seguridad10.
Bogotá resultaba relevante, además, por dos aspectos. Por un lado, y como se verá en el texto, en la ciudad —y en general, en el país— se habían puesto en acción una serie de estrategias de gobierno del crimen implementadas en ciudades del norte global, bien porque estas eran trasladadas por centros —o sujetos— de difusión de pensamiento o por la directa incidencia de algunas instituciones foráneas que, además, resultaban comunes a otras ciudades latinoamericanas11. Por otro lado, Bogotá comparte una experiencia común a otras ciudades latinoamericanas en cuanto a su preocupación por erigirse como ciudades globales12, lo cual implica prácticas compartidas que se extienden por todo el continente y otras latitudes en el marco del neoliberalismo13.
Aunque la decisión sobre la realización del estudio de caso de Bogotá parecía sencilla, este era solo el primer paso en la elaboración del marco teórico y metodológico apropiado para leer el gobierno del crimen en la ciudad. Esto último resultó mucho más complicado, no solo por mi falta de experiencia en la realización de este tipo de investigaciones, sino porque cada texto, cada enfoque y cada autor que leía me abrían nuevas perspectivas de análisis que no conseguía agrupar de manera adecuada. Ante esta situación, opté por un análisis multiescalar de la gobernanza, que implicaba partir de un estudio espacial de los poderes utilizados para gobernar Bogotá y las diferentes interacciones entre estos, lo que llevó a examinar la manera en que las escalas de gobierno transnacional, nacional y local —y las microescalas de gobierno que se constituyen en los microespacios contenidos en Bogotá— moldeaban una forma específica de gestionar la criminalidad en la ciudad. La falta de capacidad para explicar este modelo analítico en pocas palabras, y la ausencia de textos académicos en materia de gobierno del crimen que explicaran un modelo similar, fueron centrales en la construcción del capítulo I. En este, apoyándome en textos que analizan la gobernanza en otros campos de una manera similar a la que se utiliza en la literatura para estudiar el crimen, detallo la perspectiva con la cual se ha realizado la investigación —en caso de que ya exista alguna familiaridad con las ideas de gobierno y con los análisis multiescalares y sus implicaciones, propongo al lector saltar directamente a los capítulos siguientes—.
A partir de las herramientas teóricas y metodológicas ofrecidas se muestra cómo el gobierno del crimen ha venido mutando desde los años ochenta del siglo pasado y cómo, a partir de mediados de los años noventa, dicho cambio se ha acelerado vertiginosamente hasta constituir las técnicas contemporáneas usadas en ciudades como Bogotá. En el caso colombiano —algo que creo se replica en varios contextos latinoamericanos— este cambio ha sido alimentado por el proyecto neoliberal que tuvo lugar después del Consenso de Washington —el cual se ha manifestado de diversas formas, que van desde la gentrificación hasta la ejecución de proyectos de reforma institucional, pasando por el refuerzo de la protección a la propiedad privada, el fortalecimiento de las asociaciones privadas y la difusión de ciertas formas de conocimiento y gobierno—, la expansión de la demografía urbana, la larga historia de conflicto armado —la cual tiene implicaciones similares a la experiencia de dictadura y posdictadura de otros país del cono sur—, la descentralización de las funciones estatales y el crecimiento de los poderes locales, la creciente importancia de la ciudad como escenario prototípico de la vida contemporánea y la expansión del uso de la prisión.
Lo anterior ha permitido que viejas instituciones y técnicas de gobierno del crimen sean reinventadas —y legitimadas— a través de nuevos discursos y, a su vez, nuevas instituciones y técnicas de gobierno del crimen hayan aparecido en la vida cotidiana de los habitantes. Por un lado, lo que podrían denominarse como las “viejas costumbres” usadas para gobernar el delito, ligadas principalmente con la fuerza, la represión y el uso de la justicia penal, se fortalecerían a través del incremento de las detenciones por la comisión de crímenes, lo que contribuiría a la rápida expansión de la población sometida al aparato carcelario —y, en general, de la ejecución de las penas y medidas de aseguramiento—. Esta expansión del aparato penal ha implicado, sin duda, el retroceso no solo de los derechos constitucionales de los perseguidos por la justicia, sino que ha servido como mecanismo de exclusión generalizada de una porción importante de la población vertida en cárceles con condiciones infrahumanas.
Por otro lado, la implementación de unas “nuevas costumbres” de gobierno ha creado un sistema de control centrado en la prevención estatal, privada e individual del crimen. Esta aparición de nuevas instituciones y mecanismos para controlar el crimen se manifiesta a través de formas extremas de control —y autocontrol— y exclusión que son soportadas en la construcción de sujetos problemáticos que se supone deben ser eliminados de ciertos espacios para garantizar la seguridad, en una axiología específica sobre las acciones permitidas y prohibidas en los espacios públicos, en una vigilancia férrea de los lugares compartidos —públicos y privados—, en una reorganización de la economía urbana, en la creciente importancia del consumo de la ciudad como espacio y en el fortalecimiento de mecanismos administrativos de sanción. En este ámbito, en torno al parque como manifestación principal del espacio público se organizan una serie de medidas de gobierno —y autogobierno— que, aunque parecen ser menos punitivas que el uso del aparato carcelario, tienen una extensión e impacto mucho mayor en la vida cotidiana de los ciudadanos, pues no solo limitan una cantidad importante de derechos, sino que moldean las percepciones de estos sobre lo adecuado e inadecuado, y crean patrones de comportamiento que se soportan, ya no necesariamente en la fuerza, sino en la propia libertad de decisión de los individuos.
Para dar algo de sentido a las ideas anteriores, en el capítulo II muestro la forma en que la estructura administrativa de gobierno del crimen fue reorganizada en Colombia. En esta parte del texto estudio las relaciones entre la administración de la ciudad de Bogotá, el gobierno nacional y diferentes poderes y fenómenos transnacionales, que permitieron la consolidación de una institucionalidad de gobierno del crimen al nivel de la ciudad y la reorganización de los poderes/saberes dispuestos para fundamentar los poderes encargados de controlar el crimen. Así mismo muestro cómo, de la interacción entre las administraciones nacional y municipal, se derivó la creación de un modelo mixto para gobernar el crimen que busca construir herramientas de cooperación que faciliten la satisfacción de los objetivos de las diferentes escalas de gobierno que operan en el mismo espacio geográfico.
En el capítulo III me ocupo de analizar esta misma relación, pero con énfasis en el sistema penal, por ser este el principal referente del poder punitivo nacional. En el mismo, expongo la influencia transnacional sobre el sistema penal colombiano, los mecanismos de cooperación, los eventos de enfrentamiento entre los poderes locales y nacionales en materia punitiva, y la forma en que la capital del país logró construir una estructura de gobierno del crimen paralela a —pero aún apoyada en— el Estado central. También analizo las consecuencias que este modelo punitivo de gestión de la criminalidad ha tenido para las libertades de los ciudadanos.
En el capítulo IV me encargo de estudiar la manera en que las transformaciones documentadas en los capítulos II y III se materializan en la vida cotidiana a través de una distribución particular de los recursos de control del delito y la incorporación de mecanismos de autogobierno del crimen, lo cual es permitido a través de la construcción de una ética y estética