Mujeres y educación en la España contemporánea. Raquel Vázquez Ramil
influencia en instituciones públicas y privadas. La Escuela Normal Central de Maestras se reorganizó siguiendo su ejemplo. Y la Real Sociedad Económica Matritense invitó, en 1880, a otras Sociedades Económicas de Amigos del País a crear escuelas similares a las de la Asociación de Madrid. El ejemplo fue seguido muy pronto por Valencia, donde en 1885 se abrió una Escuela de Comercio para Señoras, convertida en 1888 en Institución para la Enseñanza de la Mujer. Empresas similares se crearon en Vitoria, por obra de la Asociación Alavesa para la Enseñanza de la Mujer, en Granada, Málaga y, con mayor extensión, en Barcelona[22].
La Asociación de Madrid logró el aplauso internacional y fue premiada en las Exposiciones Universales de Viena (1873) y Filadelfia (1876), y en la pedagógica celebrada en Madrid en 1882.
Aun con ciertas limitaciones y sin llegar a realizar plenamente el espíritu paritario preconizado por El Ideal de la Humanidad, el esfuerzo de Fernando de Castro (el «metafísico de institutrices», como lo denominó Menéndez Pelayo, muy poco piadosamente) dio sus frutos mejores en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. De dicho esfuerzo se declarará continuadora la Institución Libre de Enseñanza, en una línea más aperturista y cosmopolita.
En la actualidad subsiste como centro cultural y de documentación con el nombre de Fundación Fernando de Castro-Asociación para la Enseñanza de la Mujer, en su sede madrileña de la calle de San Mateo número 15.
La Institución Libre de Enseñanza y la dignificación de la mujer a través de la educación
El golpe de Estado del general Pavía, el 3 de enero de 1874, corta de raíz los sobresaltos que habían caracterizado a la breve Primera República y, tras un periodo de interinidad, deja paso a la Restauración monárquica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II.
El nuevo régimen tiene un artífice indiscutible, Antonio Cánovas del Castillo, hábil político conservador cuya obsesión era acabar con la dinámica golpista del periodo isabelino; a la postre conseguirá su objetivo, aunque a cierto precio: el precio de cambiar un sistema democrático accidentado por un sistema liberal estable que capitalizó a su favor la insatisfacción de las clases medias, cansadas de tanto «vértigo» revolucionario, y la indiferencia de los demás.
Cánovas remansó las agitadas aguas de la política del momento y apaciguó los afanes protagónicos del ejército, pero descuidó el aspecto académico; encarga de la cartera de Fomento a Manuel de Orovio que, con fecha de 26 de febrero de 1875, emite dos disposiciones: un Real Decreto restableciendo lo prescrito en la Ley de 1857 sobre libros de texto y programas, que obligaba a los profesores de universidad e instituto a presentar los de su asignatura para ser aprobados por el gobierno, y una circular que recomendaba a los rectores vigilaran la enseñanza impartida en los establecimientos de su jurisdicción para que no se propagaran en ellos ideas contrarias al «dogma católico» ni a la «monarquía constitucional».
Estas disposiciones significaban el estrangulamiento de la libertad de cátedra, proclamada en la Constitución de 1869, y produjeron hondo descontento en los sectores más progresistas de la docencia, descontento plasmado en lo que se llamará «segunda cuestión universitaria»: los primeros en sentirse afectados y protestar contra las nuevas normativas fueron dos profesores de la universidad de Santiago, Augusto González de Linares y Laureano Calderón, famosos en Compostela por sus disertaciones evolucionistas[23]; ambos fueron separados y dados de baja en el escalafón. Siguió la protesta solidaria de Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate, profesores de la universidad de Madrid, también separados de sus cátedras y confinados en Cádiz, Lugo y Cáceres respectivamente.
Otros profesores solidarios con los encausados sufrieron asimismo castigo: fue separado Tomás Andrés; suspendidos de empleo y sueldo Manuel Varela de la Iglesia, Salvador Calderón, Hermenegildo Giner de los Ríos y Eduardo Soler; dimitieron Castelar, Montero Ríos, Moret, Figuerola, Val y Ripoll y Messía; otros 20 profesores formularon protestas sin que se tomaran medidas disciplinarias contra ellos.
La separación de estos profesores de la docencia se prolongó hasta el 10 de marzo de 1881, cuando el ministro liberal Albareda dicta una disposición derogando la orden de separación de Giner, Salmerón y Azcárate.
La segunda cuestión universitaria tiene una interpretación política; es «un episodio más dentro de la ofensiva del Partido Moderado contra el Canovismo», en palabras de José Varela Ortega[24], episodio que tendrá una imprevisible repercusión en el terreno pedagógico.
Los profesores separados, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, quien había heredado el liderazgo del grupo krausista a la muerte de Fernando de Castro en 1874, se entregaron a una intensa actividad intelectual y proyectaron continuar sus tareas docentes al margen de la esfera oficial: esbozan, en primer lugar, un plan de Universidad Libre en Gibraltar, que no cuaja por falta de medios[25]; a continuación, algunos de ellos abren una Academia de Estudios Superiores en los locales del Ateneo Mercantil de Madrid, pero su vida es efímera[26]; a la búsqueda de salida más firme, en marzo de 1876 el propio Giner redacta los estatutos de lo que será la Institución Libre de Enseñanza.
En la constitución de la nueva entidad participan, junto a Giner, Salmerón, Figuerola, Azcárate, González de Linares, Ruiz de Quevedo, Moret, Montero Ríos… Pretende ser una institución ajena a cualquier principio político o confesión religiosa, y para ello se ampara en la colaboración económica de un grupo de particulares, que suscribieron acciones nominales de 250 pesetas[27].
Este sistema garantizaba la independencia a que aspiraba la nueva obra, cuyo modelo era la universidad de Londres, creada en 1828 como universidad libre por un grupo de profesores anglicanos disidentes de la rígida ortodoxia de Oxford y Cambridge. Su carácter se define nítidamente en el artículo decimoquinto de los Estatutos fundacionales:
La Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando tan sólo el principio de la libertad e inviolabilidad de la Ciencia y la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que la propia conciencia del profesor, único responsable de su doctrina[28].
Con estas premisas abre sus puertas el 29 de octubre de 1876 en la casa número 9 de la calle de Esparteros[29]. La Institución Libre se consagró en principio a las enseñanzas de Bachillerato y preparatorio universitario y a la divulgación de cuestiones de cultura general; los resultados académicos de esta empresa fueron notables, no así los económicos; por ello, a partir del curso 1878-1879 se eliminan las poco concurridas y deficitarias enseñanzas superiores, dedicándose la Institución a los niveles primario y secundario.
En estas secciones, los profesores de la nueva entidad pondrán en práctica una serie de principios innovadores, cuya línea matriz arranca de la pedagogía fröbeliana; por ejemplo, la enseñanza intuitiva, el aprendizaje lúdico, la supresión del libro de texto, la enseñanza oral y antidogmática frente al memorismo y las explicaciones abstrusas, y la vivencia activa del proceso de aprendizaje por parte del alumno, a través del contacto directo con la naturaleza, los monumentos artísticos, las tradiciones populares, etc. Se procuró, asimismo, imponer el sistema cíclico, sin divorcios bruscos entre la primera y segunda enseñanza.
Poco a poco, se introdujeron nuevos métodos y experiencias tomados, en su mayor parte, de países extranjeros y adaptados a las necesidades nacionales. El «antiacademicismo» de la Institución tropezó con algún que otro problema, como minuciosamente describe la profesora Gómez Molleda