La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
de Leiden, ofrece un análisis técnico–jurídico sobre la clasificación de la violencia armada en México. La pregunta central que se aborda es si la situación en México constituye un CANI. Para ello, el reporte rastrea las dos dimensiones clave en la clasificación de un CANI: la intensidad del conflicto (en términos del número de víctimas y otros elementos) y la dimensión organizacional de los grupos armados criminales que se enfrentan a las fuerzas del Estado mexicano. Con base en este análisis, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Leiden concluye que ambos criterios se cumplen.
Esto, por supuesto, exige discusiones más amplias. Particularmente, en el iteso nos tenemos que preguntar si la distinción tajante entre las fuerzas del Estado y las organizaciones delictivas no termina soslayando que en múltiples regiones del país lo que acontece más bien es un fenómeno de macrocriminalidad, al que le son propias estructuras criminales mixtas en las que ya no puede trazarse la línea entre los agentes estatales y los agentes no estatales, como mostró el caso Ayotzinapa. En este sentido, es posible que los desgastados organigramas de las organizaciones criminales que presentan los medios de comunicación o que difunden las autoridades federales tras la captura de algún alto mando del crimen disten de ser una caracterización apropiada.
Al margen de lo anterior, desde el iteso nos tenemos que preguntar también si en efecto la caracterización de la situación de México como un CANI, la posibilidad de aplicar a este contexto el DIH y la calificación de las atrocidades ocurridas en el país como crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser conocidos por la Corte Penal Internacional (CPI), verdaderamente abren caminos concretos de justicia y verdad para las víctimas de este México lastimado. Para una institución como la nuestra, esa es en última instancia la pregunta primera y última, pues lo que ha acontecido en nuestra nación en los últimos tres lustros nos exige plantear soluciones concretas, plausibles y de cara a las víctimas. Desde luego, estas preguntas quedan todavía en el aire.
Mediante la publicación de este informe, no obstante, esperamos contribuir, al menos en parte, al desarrollo de una discusión que estamos convencidos necesitamos tener.
1- Rector del ITESO. Abogado y doctor en Educación para la Justicia Social por la Universidad Loyola Marymount, en Los Ángeles, California, con un posdoctorado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Ha colaborado en la defensa y promoción de los derechos en distintas organizaciones, entre ellas, el Centro de Derechos Indígenas, en Chiapas (2001–2002). Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México (2006–2011).
2- Alejandro Anaya–Muñoz y Barbara Frey, Mexico’s Human Rights Crisis (University of Pennsylvania Press, 2018); Open Society Foundation, ‘Undeniable Atrocities. Confronting crimes against humanity in Mexico’ (2016).
3- Elizabeth Roberts, ‘Report: Mexico was second deadliest country in 2016’ (CNN, 11 de mayo de 2017) <https://edition.cnn.com/2017/05/09/americas/mexico-second-deadliest-conflict-2016/index.html> consultado el 1 de septiembre de 2018; David Argen, ‘Is Mexico really the second–deadliest country in the world?’ (The Guardian, 11 de mayo de 2017) <https://www.theguardian.com/world/2017/may/11/mexico-deadly-violence-international-institute-strategic-studies> consultado el 1 de septiembre de 2017.
Presentación
JOSÉ ANTONIO GUEVARA BERMÚDEZ (4)
LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS EN MÉXICO ¿ES UN CONFLICTO ARMADO INTERNO?
En diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa en su calidad de Presidente de la República, dio inicio al primer operativo en el que participaron conjuntamente el ejército, la marina, la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras instituciones; para restituir el mando de la autoridad sobre el territorio y la población, combatir el narcotráfico, así como “recuperar la normalidad y tranquilidad de los mexicanos que habitan” en Michoacán. (5) Para el comandante en jefe de las tres fuerzas armadas, (6) se trataba de una guerra en la que estas eran una pieza fundamental, no escatimó el costo en recursos económicos y vidas humanas. Fue una guerra contra la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y los enemigos de México. (7)
Desde entonces, miles de soldados y marinos fueron desplegados en zonas rurales y urbanas para combatir a las organizaciones criminales y supuestamente desempeñar actividades de seguridad pública —prevenir, investigar y procesar delitos y faltas administrativas— que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponden exclusivamente a las instituciones de carácter civil. (8)
En ese contexto, en los últimos casi 12 años se han registrado incontables casos atribuibles a las fuerzas armadas de detenciones arbitrarias, de la aplicación sistemática de tortura (incluida tortura sexual), de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición de personas. Además, se han reportado miles de enfrentamientos no solo entre las fuerzas castrenses oficiales y grupos de la delincuencia, sino también entre esos grupos armados entre sí, lo que ha producido una gran cantidad de personas heridas, muertas, bienes destruidos y población que huye o es forzada a desplazarse de su lugar de residencia. En general, los índices de esos delitos y las violaciones a derechos humanos han llegado a niveles intolerables.
Diversos órganos y organismos internacionales, después de visitar el país, han reconocido de manera coincidente que México atraviesa una condición anómala de seguridad que ha generado una proliferación de delitos cometidos tanto por la delincuencia organizada como por los agentes del Estado que alegan combatir el crimen.
El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encontró que desde que se inició la política contra el narcotráfico en diciembre de 2006 los “atentados contra el derecho a la vida [han escalado] a un nivel intolerable”. (9) También afirmó
[...] que es bien sabido que, en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación, el enjuiciamiento y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas. El Relator Especial advierte que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos. (10)
Por su parte, el Relator sobre la cuestión de la tortura de la ONU señaló que
México atraviesa una compleja situación de seguridad pública. La delincuencia organizada es un desafío para las autoridades y la población. Desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico” se han instrumentado medidas para regular la detención, investigación y combate de la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50,000 efectivos en 2012. (11)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad” a partir del inicio del gobierno del expresidente Felipe Calderón en 2006 con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Encontró que la situación de violencia ha llegado a niveles alarmantes, lo que ha dado como resultado que más de cien mil personas hayan perdido la vida, decenas de miles han desaparecido y cientos de miles hayan sido forzadas a desplazarse en el interior del país. Se percató de que, a pesar del recambio presidencial en diciembre de 2012, la política de seguridad seguía igual. “Esta situación ha disminuido significativamente el respeto