Derechos Ambientales, conflictividad y paz ambiental. Gregorio Mesa Cuadros
general del conflicto que se ha elaborado en las ciencias sociales ha sido insuficiente para comprender todas las dimensiones involucradas en diferentes discusiones éticas y culturales relacionadas con un concepto más amplio de lo ambiental. Esto nos lleva a plantear que los conflictos ambientales siempre permanecerán a pesar de escenarios de posconflicto y posacuerdo posteriores a los procesos de negociación de conflictos armados internos o internacionales, pues en última instancia estos también pueden ser explicados como manifestaciones de los conflictos ambientales.
En los conflictos ambientales se incluyen todas las complejidades sociales, los odios históricos, la generación de desigualdades, la lucha por los derechos e intereses, los conflictos étnico-religiosos y todas las discusiones alrededor de la expansión de los valores occidentales predominantes en los procesos de globalización hegemónica histórica, incluidas las nuevas formas que adquieren estos procesos en los tiempos actuales, cuando el capital no tiene límites y se expande por doquier sin importar ninguna otra ideología, frontera o límite. En esta situación dominante existe un trasfondo real por mantener la reproducción de las injusticias, la dominación y jerarquización entre seres humanos, y entre los seres humanos y la naturaleza y que conceptualizamos como capitaloceno, una era en que la capacidad de apropiación, daño e impacto ambiental generado por una pequeña parte de seres humanos puede poner en peligro no solo otras especies, sino también la humana.
De otra parte, en los diferentes escenarios de negociación de conflictos armados que se han generado en los últimos años en el mundo, los aspectos ambientales suelen ser relegados por los actores que intervienen y negocian, pues se tiende a reproducir una misma visión sobre una serie de intereses de imposición y dominación continua, mientras que en medio quedan las víctimas, que son las poblaciones más vulnerables y los ecosistemas locales, quienes después de los acuerdos pueden experimentar mayores presiones por la sobrexplotación de los bienes ambientales. Entonces, lo que se observa claramente es que los conflictos ambientales permanecen, se perpetúan, se intensifican y pueden incluso generar mayores injusticias si las sociedades no son capaces de plantear grandes debates en torno a los derechos ambientales buscando el objetivo de cambiar el rumbo de estos desequilibrios, desigualdades y formas de dominación.
Como ha sido afirmado por múltiples voces, la guerra ha implicado depredación y degradación de los ecosistemas más diversos en diferentes partes del mundo, efectos que han sido intensamente estudiados en algunos conflictos, como los de El Salvador, Nicaragua, Irlanda, Kosovo, Sudáfrica y Colombia. En este último caso, en Colombia han intervenido diferentes factores en el conflicto más largo de los últimos tiempos, que ha causado altas cifras de desplazamientos y afectaciones ambientales en uno de los países con mayores índices de desigualdad social y concentración de la riqueza en pocos sectores. Por esta razón también, se ha continuado la desaparición de líderes sociales que luchan y reivindican la protección de los ecosistemas, las culturas y los derechos en una perspectiva integral, aunque se han realizado diferentes procesos de negociación con distintos actores armados y acuerdos de paz con las guerrillas.
Los pocos espacios y ecosistemas que se han conservado hacen parte de territorios de comunidades locales que generan prácticas diferentes sobre bienes comunes como los bosques o los humedales, de los cuales depende su subsistencia e integración colectiva. Sin embargo, en los últimos años han sido lugares de continuas disputas por la intervención del Estado y los demás actores ilegales que ahora van tras los pocos bienes que se han mantenido intactos y alejados de las prácticas de explotación del sistema económico capitalista.
Por esta razón, las luchas se manifiestan ahora en impedir el avance de modelos económicos que se han expandido en los países del hemisferio sur, como el neoextractivismo y la agroindustria, una de sus dimensiones, en los que la guerra y la violencia siguen afectando las formas de vida y las oportunidades de autonomía para los grupos humanos que han habitado y cuidado los ecosistemas, los cuales resultan fundamentales para sus planes de vida. Frente a esto, los nuevos escenarios de paz deberían tener en cuenta la posibilidad de plantear verdaderas alternativas para avanzar hacia la sostenibilidad, a partir del reconocimiento de las prácticas de las comunidades y previniendo que los factores que han sido descritos puedan desencadenar la emergencia o profundización de nuevos y viejos conflictos.
En la actualidad, las realidades no pueden ser más claras frente a la descripción y análisis de estos conflictos, pues a través del derecho formal del Estado y la incursión de los grandes “derechos” hegemónicos de los centros de poder (como los grandes capitales globalizados) se intentan desplegar nuevas formas de explotación, que se materializan en dispositivos para permitir la apropiación, explotación y despojo del ambiente. Así, por ejemplo, durante el proceso de paz en Colombia se han incrementado las autorizaciones desmedidas de acceso a ecosistemas fundamentales para la vida, como las modificaciones al procedimiento de licenciamiento ambiental, o las apuestas por permitir la acumulación de baldíos, que en este momento se manifiestan en las Zidres (zonas de interés de desarrollo rural, económico y social).
También demuestran esta tendencia las prohibiciones discriminatorias hechas en nombre de la conservación ambiental –con las que se promueve la expulsión de los campesinos y las comunidades étnicas de los ecosistemas donde han aprendido a vivir durante generaciones–, o en nombre del multiculturalismo –con las que se ha promovido el enfrentamiento entre comunidades rurales–. En este libro abordamos estos y otros casos de indignidad ambiental en escenarios de posacuerdos, que involucran discusiones sobre el derecho y la justicia ambiental.
Ahora bien, los problemas con las tendencias hacia la disminución del estándar de protección ambiental en las normas jurídicas tienen que ver no solo con su contenido, sino también con cómo se han pensado y diseñado convencionalmente el derecho, los derechos y la justicia. Una de estas formas convencionales consiste en operar cómodamente a través de la separación entre sociedad y naturaleza, borrando las interrelaciones e interdependencias entre humanos, otras especies y la naturaleza. Desde esta visión, el derecho ambiental se encargaría de proteger exclusivamente algunos elementos bióticos y abióticos de los ecosistemas, sin considerar los múltiples tejidos históricos entre esos elementos y los humanos que conviven con ellos. Así, es sencillo pensar en normas para la conservación de espacios prístinos e intocados, en una naturaleza sin humanos, a los que solo puede acceder la mirada del turista, el científico o el funcionario de la autoridad estatal encargada de la conservación.
Otra versión de las visiones tradicionales sobre el derecho, los derechos y la justicia consiste en pensar la relación entre sujetos jurídicos desde esquemas de diferenciación tajante y desde modelos de igualdad abstracta. Así, para los ojos del pensador y el operador jurídico, un indígena y un campesino resultan totalmente distintos y hasta antagónicos, por lo que resultaría natural interponer barreras y divisiones entre ellos, sin importar las dinámicas de reetnización, hibridación o convivencia que hayan tenido; del mismo modo, desde esta perspectiva no resulta problemático autorizar el acceso al uso de tierras de pequeños campesinos por parte de grandes empresas que promueven megaproyectos agroindustriales, y la asociación entre ellos, sin tener en cuenta que lo que es visto como una relación contractual entre “iguales” encubre asimetrías estructurales.
Otra forma tradicional e incompleta de pensar el derecho y los derechos consiste en reducir el mundo jurídico a las normas expedidas por las instituciones estatales, a solo una porción de estas o solo a sus elementos formales. En algunas ocasiones, ello implica ignorar la diversidad de normas con las que los seres humanos buscan regular su acceso al ambiente –que a veces coinciden con las del Estado, pero otras veces se diferencian por contener estándares ambientales más fuertes o exigentes–; en otras, impide complejizar las discusiones teórico-jurídicas sobre la fundamentación material constitucional de decisiones tomadas con base en normas de “baja jerarquía”.
En este libro el lector encontrará reflexiones y propuestas desde formas de pensamiento jurídico-político que apuntan hacia una teoría de la integralidad del derecho, los derechos, la justicia, el Estado, la democracia y la ciudadanía (la teoría de los derechos ambientales), que vaya más allá de las tendencias tradicionales. Esta teoría comprende el ambiente como la expresión de múltiples interrelaciones e interdependencias entre los seres humanos y otros sujetos, sin borrar