Medellín. Jorge Pérez Jaramillo
de Antioquia, tras la ordenanza de la Asamblea de Antioquia del 15 de agosto de 1961, mediante la cual se aprobó la venta de la empresa a la nación y la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Sin este medio de transporte y en medio de la cordillera de los Andes, nuestro territorio distante de los puertos quedó a merced de una red precaria de carreteras y rutas de camiones, con la consecuente pérdida de competitividad en los mercados. Justamente en estos años se dieron cambios a nivel global (como la expansión industrial y productiva de los países asiáticos) y emergió la apertura mundial de los mercados, profundizada por las políticas neoliberales implementadas en Colombia y el continente. Fue una etapa de ajustes económicos muy complejos, pues a la pérdida de competitividad de la industria manufacturera local se sumaron dificultades para productos tradicionales como el café y la minería.
Otro problema de proporciones enormes fue la fuerte urbanización con las inmensas demandas de los nuevos pobladores de la ciudad, tanto de empleo como de condiciones de vida, una situación desesperante para muchos sectores que habían dejado sus tierras y patrimonios en busca de oportunidades.
El tercer gran problema derivó de la crisis internacional del pacto mundial de precios y la producción de café en la región, lo cual impactó estructuralmente las dinámicas territoriales, fomentó la emigración y propició la destrucción de valor en la economía local. Con estas condiciones, tanto en Medellín como en Antioquia nos encontramos ante un escenario problemático que excedía nuestras capacidades.
Algunos otros aspectos contribuyeron a la persistencia de la crisis de Medellín, que se extendió durante la última década del siglo pasado: crecientes niveles de centralismo, tanto desde Bogotá a nivel nacional, como desde Medellín a escala regional; precariedad democrática y clientelismo político como características generalizadas de la situación electoral colombiana, así como notorios niveles de corrupción pública y privada, resultados del periodo político denominado Frente Nacional, como se le llamó al “acuerdo político del año 1957 con el Pacto de Sitges, tras derrocar al dictador Rojas Pinilla, [el cual] configura una coalición entre los partidos liberal y conservador, que definió al cabo del tiempo una democracia de partido único sin oposición que permanecería hasta 1974” (Melo, 2017). La ausencia de democracia local fomentó las dificultades, pues las tensiones en una ciudad gestionada con mínima participación ciudadana, sin instituciones ni políticas cercanas a la gente, configuraron un entorno frágil.
En otro sentido, la comunidad antioqueña tiene entre sus señas de identidad, fuertes y arraigadas costumbres en el comercio, con alto nivel de desarrollo y proyección a nivel nacional. Sin embargo, es tradicional también la tendencia al comercio informal y el contrabando, fortalecida gracias a nuestra localización geoestratégica, vecina del Canal de Panamá, los dos océanos y los vastos territorios selváticos, que dificultan el control pleno del Estado. También es característica común de nuestra sociedad cierta tendencia al oportunismo en los negocios, que se complementa con la llamada “viveza paisa”, condición muy parecida al concepto del “todo vale” al momento de conseguir objetivos en los negocios.
Más recientemente, desde los años setenta, en Colombia se expandió el narcotráfico que encontró condiciones favorables en la región, con alto grado de desarrollo y condiciones que permearon diversos espacios sociales, empresariales y políticos. Durante las décadas siguientes Medellín y Antioquia colapsaron ante su propia encrucijada ética y social, con expresiones dramáticas de corrupción, violencia, terrorismo y muerte (Salazar y Jaramillo, 1992; Martín, 2012).
1987-2015, la crisis como oportunidad, el laboratorio del cambio y la resiliencia
En el contexto descrito aprendimos a diagnosticar, planear y ejecutar proyectos para solucionar problemas con una lógica que nos permite entender que los planes y procesos de participación son estratégicos pero insuficientes, y es necesario combinar plan y acción con adecuado presupuesto. En Medellín, combinamos métodos democráticos y participativos con instrumentos derivados de la planificación, el urbanismo, la gestión urbana y la arquitectura con la construcción de obras e infraestructuras, junto con visiones innovadoras para crear proyectos, así como nuevas instituciones y fuentes de financiación.
Desde los críticos años ochenta se dieron las condiciones para la promulgación de la nueva Constitución que dio pie a la descentralización administrativa del país, específicamente mediante la elección popular de alcaldes. “El proceso de descentralización que ha adelantado el país durante la última década busca cumplir con uno de los propósitos de la Constitución de 1991, que consiste en consolidar a Colombia como una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales” (Departamento Nacional de Planeación dnp, 2002).
Medellín encontró en medio de su crisis una opción para reinventar su institucionalidad pública. Desde esos años, la ciudad ha desarrollado diversas e innovadoras arquitecturas institucionales para la planeación y la gestión social, en respuesta a sus limitados recursos y a las exigentes condiciones de su evolución.
Una de las más notables entidades es Empresas Públicas de Medellín (epm), fundada en 1958, con carácter 100% público. Es una propiedad plena del municipio de Medellín, que ha conseguido una potente expansión nacional e internacional, gracias a empresas en varios países de Latinoamérica. Se trata de un extraordinario instrumento en apoyo a la equidad regional, gracias no solamente a su capacidad para prestar servicios de acueducto, alcantarillado, gas, telecomunicaciones y gestión de residuos con alto nivel de cobertura y calidad, sino también debido a que transfiere al municipio de Medellín un porcentaje de su rentabilidad anual, con cifras cercanas al billón de pesos. Este monto constituye una fuente excepcional del presupuesto de la ciudad para inversión social. Es, sin lugar a dudas, el mayor patrimonio empresarial público de nuestra sociedad.
La democratización de la ciudad durante los años noventa trajo consigo la creación y el desarrollo de un conjunto de instituciones públicas. Se cuenta con un conglomerado público de instituciones además de Empresas Públicas de Medellín, como la empresa Metro, la Agencia de Cooperación e Inversión (aci), la Empresa de Desarrollo Urbano (edu), la Empresa de Seguridad Urbana (esu), Ruta-n, Metrosalud, la Agencia de Educación Superior (Sapiencia), el Centro de Convenciones Plaza Mayor, entre otras que suman más de 50. Muchas de estas instituciones de reciente creación son herramientas que brindan una gran capacidad de acción pública al Estado y funcionan como mecanismos para desarrollar proyectos e inversiones. Otros sectores sociales, académicos y empresariales se han sumado en este compromiso con la ciudad, y frecuentemente han apoyado la creación de procesos y entidades para fomentar el desarrollo regional y municipal. Diversas organizaciones sociales y culturales, así como un tejido amplio de agremiaciones y fundaciones, han creado formas asociativas transformadoras, que apoyan a la alcaldía y despliegan acciones de interés público.
Como dije antes, con la elección popular de alcaldes y la descentralización del Estado colombiano, justo en la etapa de mayor crisis de Medellín, se formó una coincidencia fundamental, momento en el que la desesperanza encontró oportunidades para la resiliencia y la reinvención, una etapa inspiradora y creativa, que congregó a la sociedad alrededor de un amplio diálogo social y de construcción democrática. La legislación colombiana define herramientas de gestión estratégicas, que aseguran cierto grado de planificación y construcción participativa de las iniciativas de gobierno, para lo cual ha elaborado el plan nacional y los planes municipales de desarrollo a partir de la Ley 152 de 1994. Estos constituyen un marco político y técnico muy interesante, en el cual se implementan las competencias municipales. De manera complementaria, Medellín creó un sistema para desplegar herramientas institucionales con democracia y eficiencia de la gestión.
Colombia ha dotado a sus municipios de algunos elementos positivos y la legislación exige gobernar con un nivel esencial de planificación. Los líderes políticos están obligados a estructurar un programa o plan de gobierno y registrarlo como requisito legal antes de su postulación electoral. Una vez elegido, el alcalde debe formular el llamado Plan de Desarrollo como compromiso vinculante para concretar las propuestas del programa de gobierno postulado, estructura definitiva de la manera en que se desarrollará su gestión. Esto deriva en un Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), que es un esquema participativo consultado con