En Estado sólido. Rodrigo Henríquez Vásquez
deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado”.12 Habría que preguntarse por el efecto social de dichas prácticas políticas, conocer su gestación, los problemas de su instalación y el sentido que tuvo para los reformadores sociales y para los beneficiados para evaluar si tales políticas fueron irresponsables, tal como sostiene el enfoque liberal sobre este punto.13
La incorporación de nuevos sectores sociales al Estado ha sido comúnmente descrita como una consecuencia del “populismo” latinoamericano en que los líderes populistas cooptan a los sectores populares a través de su incorporación al Estado. Consecuentemente, las negativas evaluaciones del populismo realizadas desde el liberalismo y otros sectores han subrayado la ineficiencia económica que desata el fenómeno de ampliación estatal y sus efectos más nefastos como la inflación y el aumento del gasto público asociado.14 La perspectiva liberal y la neoliberal han tendido a minimizar la “interferencia” del Estado en la economía, promoviendo la casi nula presencia de regulaciones estatales en el mercado. Sin embargo, desde la sociología de la economía, autores clásicos como Max Weber hasta los más recientes han señalado que incluso las economías más orientadas hacia el mercado dependen de estructuras políticas y jurídicas estatales que están interconectadas. El Estado, la sociedad y la economía son esferas de actividad mutuamente constituyentes en permanente reestructuración como consecuencia de su interacción: la economía se encuentra incorporada en las estructuras sociales y políticas; el mercado se incorpora a la sociedad, que a su vez ha sido estructurada por el Estado.15
Aunque el desarrollo y expansión estatal redefinió las relaciones Estado-Mercado, esta expansión fue desde “arriba”, como la resistida Caja de Seguro Obligatorio de 1925. Estas políticas permitieron la integración social mediante la ampliación de la cobertura de la protección social y la integración mediante el acceso al consumo de alimentos considerados como “de primera necesidad”. Para ello, los reformadores sociales se valieron de la legitimidad social de las ideas de “protección social” y “consumo” frente a situaciones como la especulación y la desprotección social. La legitimidad del interés público por sobre el interés privado fue el elemento que dio sustento al desarrollo del Estado que permitió su crecimiento, reordenamiento y saturación desde 1925 hasta 1973.
Los sectores populares y las demandas sociales
Si observamos la construcción del poder estatal durante el período 19321952 sólo desde sus características (en beneficiados, en presupuesto y en el aumento de la burocracia y legislación) veremos que tiene un comportamiento de sostenido aumento. A pesar de las duras críticas que recibió el sistema de protección social tanto por parte del informe de la Misión Klein Sacks y de la vanguardia económica neoliberal de la Universidad de Chicago, el sistema de protección social mantuvo su crecimiento tratando de arreglar las evidentes fallas de su funcionamiento. Una manera de comprender el sostenido aumento de cobertura es a través de la legitimidad social que tuvieron dichas políticas más allá de la materialización de la economía política keynesiana y la formación de una cultura de masas. Resulta necesario conocer cómo se produce la intersección entre la esfera estatal con la esfera económica y social a través de la experiencia económica cotidiana mediante la cual se puede apreciar el efecto de estas políticas. Habría que evaluar si las políticas de protección social y de consumo de subsistencias pudieron desarrollar, al menos de manera incipiente, lo que la historiadora estadounidense Meg Jacobs denomina “ciudadanía económica”. Al estudiar la relación entre las políticas estatales implementadas entre 1900 y 1960 en EE.UU., Jacobs señala que aunque en EE.UU. no se desarrolló un Estado de Bienestar como el modelo europeo (por no contar con protección de salud estatal), sí se pudo desarrollar una fuerte regulación del mercado por una serie de leyes e instituciones que promovió el sindicalismo, el control de precios y un programa keynesiano de pleno empleo. A través del apoyo de un fuerte movimiento sindical y de políticas de protección del consumo, el Gobierno Federal intervino en los salarios y en los precios generando un fuerte debate sobre los posibles efectos inflacionarios de estas medidas. Las políticas de aumento del poder adquisitivo llevadas a cabo por estos reformadores pocketbook politics durante la segunda Guerra Mundial, contaron con amplios apoyos sociales: sindicatos, grupos de consumidores organizados que apoyaron a su vez el aumento de los salarios. A ellos se les unieron grupos de mujeres de todas las clases sociales y razas, realizando activismo a favor de la bajada de los precios. A esta movilización en respaldo de las políticas estatales de consumo, Meg Jacobs la ha denominado “construcción del Estado de abajo hacia arriba”.16 Estas políticas a favor del consumo en EE.UU. incidieron en la creación de un “consumidor ciudadano”, como señala Lizabeth Cohen en su estudio A Consumers’ Republic:The Politics of Mass Consumption in Postwar America. Este consumidor ciudadano, a diferencia del “consumidor comprador” que actúa por el interés propio, actúa políticamente por el bien de la nación, sobre todo durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.17 Su estímulo (en términos keynesianos como demanda agregada) permitió a los reformadores sociales del período de entreguerras resolver las principales consecuencias del capitalismo industrial: el desempleo y la inflación. Para Keynes el papel del Estado es clave en la generación de demanda agregada. Esta se refiere al total de gasto de los consumidores, las empresas, el Estado y del sector exportador, y depende de factores como la política monetaria y la política fiscal. Para Keynes es el Estado el que debe decidir las medidas correctivas para fomentar el nivel de demanda agregada y de esta forma asegurar el pleno empleo, evitar la caída del ingreso real y generar las oportunidades de empleo. Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de controlar la demanda agregada a través del aumento del gasto fiscal. Según este modelo, el fin del Estado sería la satisfacción de las demandas sociales.18 Estas, a juicio de Keynes, tienen un objetivo político y social.
A lo largo de este estudio se considerará que los sectores populares se constituyen a partir de la definición y articulación de las demandas sociales formando un “pueblo”. El concepto de pueblo nominaliza al con-junto de demandas sociales que conforman al “grupo social”. El predominio de una u otra demanda marcará la aparición de dos lógicas distintas de articulación política: una en la que prevalece la equivalencia de un conjunto de demandas y otra en la que prevalece la lógica de la diferencia. La articulación del pueblo se produce gracias a que las demandas específicas se vuelven equivalentes.19 El “pueblo”, por tanto, no será considerado como un objeto social sino un concepto retórico que se sustenta en una contradicción fundamental para su formación social: pueblo v/s oligarquía, pueblo v/s fascismo. La peculiaridad del populismo es que genera la división de la totalidad de lo social en dos campos políticos antagónicos. Lo “popular”, sostiene el politólogo Ernesto Laclau,“no es un concepto científico univocal sino que tiene el valor de una noción teatral. Lo popular designa la posición de ciertos actores, que los sitúa en contra del grupo hegemónico y no siempre en la forma de confrontación”. Consecuentemente, el “pueblo” puede autorrepresentarse y autoconstituirse, pues no es un dato empírico sino una relación de “posicionalidades”.20 El “pueblo”, dentro de este esquema, sería una construcción que nace de la articulación de demandas insatisfechas que logran ensamblarse gracias a la equivalencia producida entre ellas. Esta “lógica de la equivalencia” del populismo supera a la lógica de la diferencia y permite la articulación. Por esta razón, el “pueblo” no es tanto una expresión ideológica construida sólo desde el sistema político, sino que una relación real entre agentes sociales que permite constituir la unidad de un grupo. Lo que se está relacionando en este caso no serían identidades dadas (con naturaleza social) sino demandas insatisfechas que logran unificarse. Toda demanda insatisfecha que sea absorbida en una cadena de equivalencias forma el lazo desde donde se construye el “pueblo” como un actor colectivo.21 En Chile, la articulación frentepopulista se constituyó en torno a diferentes demandas sociales que confluyeron en la intervención del Estado.
Las secuelas sociales de la crisis económica de 1930 generaron las condiciones para la legitimación del Estado como organizador de la vida social. La premisa keynesiana sostuvo que si el Estado podía fomentar la acumulación de capital y rentabilidad privada, estimularía el consumo y con ello la satisfacción