Modelando el emprendimiento social en México. Группа авторов
deseado, la ciudadanía buscaba crear instituciones que dieran respuesta a las demandas de una población cada vez más urbanizada y a los conflictos sociales que fueron surgiendo (Córdoba, 2009; Knight, 2001).
La sociedad civil se organiza
Estas instituciones, denominadas “organizaciones de la sociedad civil”, asumieron un papel preponderante para promover la participación ciudadana, logrando esfuerzos de vinculación con instituciones políticas. Ello las llevó a ser más protagónicas, particularmente en el ámbito de la ecología, los derechos humanos, la salud y los movimientos ciudadanos. Adquirieron diferentes nombres, tales como organizaciones de la sociedad civil, sector no lucrativo, tercer sector, organizaciones no gubernamentales e, incluso, organizaciones autónomas de promoción social y desarrollo (Brito y García, 1996, citado en Verduzco, 2001). Otros han denominado al tercer sector como el “sector emergente” (Salomon y Anheier, 1996). Sin embargo, David L Sills, en 1968, propuso la siguiente definición “estructural-operacional”:
El sector no lucrativo está formado por asociaciones o agrupaciones que comparten cinco características:
1. Que sean entidades organizadas, es decir, institucionalizadas hasta cierto grado.
2. Que sean privadas, o sea, institucionalmente separadas del gobierno.
3. Que sean entidades autónomas, es decir, con capacidad de controlar sus propias actividades.
4. Que no distribuyan entre sus asociados las ganancias obtenidas a partir de las actividades realizadas.
5. Que en estas entidades se realice actividad voluntaria, es decir, que integren con cierta significación la colaboración ad honorem de los ciudadanos.
Otras consideraciones para las organizaciones de la sociedad civil fue valorarlas en función de si son “progresistas” o de “desarrollo”, o meramente “asistencialistas” (Brito y García, 1996, citado en Verduzco, 2001). Lo que es un hecho y una característica de las organizaciones de la sociedad civil es que se proponen lograr un apoyo solidario al desarrollar actividades que ayuden a promover el bienestar y destinadas a impulsar el desarrollo humano en los campos de la educación, la salud, la cultura, la recreación, el deporte, la religión, la organización social y la política. Una hipótesis creciente del surgimiento organizado de la sociedad civil y una presencia creciente del sector, no solo en México sino en el mundo, podría concretarse en dos vertientes: el adelgazamiento de los gobiernos como consecuencia de las presiones económicas, por una parte y, por la otra, el descontento de la sociedad por los gobiernos y por la política en general.
La fuerte presencia del partido hegemónico en contubernio con el gobierno y un control absoluto de la rectoría del Estado explicaban que el pueblo mexicano viviera inmerso en situaciones autoritarias, heredadas desde los tiempos de la Colonia. Aunada a este ámbito de acción, existió la Iglesia poderosa, pero sometida a un contexto posrevolucionario laico que se fue institucionalizando a medida que se crearon las condiciones de una acelerada industrialización del país.
Estas circunstancias concretas enmarcaron y matizaron el desarrollo del sector de ayuda social acaparado por el Estado, y el hecho de que en esta época las expresiones autónomas de la sociedad civil tuvieran escasa capacidad de maniobra. Aun cuando la sociedad civil estuviera todavía restringida a instancias gubernamentales, la Iglesia fue la única institución importante que contaba con cierta autonomía del gobierno y, valiéndose de esta o de sus organizaciones, se expresaban algunas demandas sociales.
La agenda social: un paso adelante
El conflicto, y acontecimiento, más relevante de la época fue el movimiento estudiantil de 1968, que comenzó como una manifestación realizada por estudiantes de la UNAM y terminó siendo un movimiento social que aglutinó demandas de diferentes sectores sociales, presentadas por el Consejo Nacional de Huelga (Zermeño, 1981). Incluían, entre otras querellas, la democratización del sistema político, la liberación de presos políticos y la destitución de mandos policiales (Guevara Niebla, 1988). Lamentablemente, este movimiento culminó con la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, perpetrada por el gobierno en curso, con el agravante de que, a dos semanas de iniciarse los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en la Ciudad de México, los ojos del mundo estaban puestos en este país.
El movimiento estudiantil fue un catalizador del cambio social, porque alteró las formas corporativas de control que imperaban hasta ese momento. Los actos de represión fueron una demostración del poder del Estado y del uso de la fuerza pública para contener las movilizaciones sociales que aparecieron en el país, pero también dio lugar a una nueva configuración de las demandas de la sociedad que había dejado de pertenecer al sector agrícola, y comenzaron a surgir otros actores sociales vinculados con la ciudadanía, como fueron estudiantes, profesionistas, intelectuales, empleados y empresarios (Guevara Niebla, 1988; Zermeño, 1981).
A raíz de este movimiento, se detona un cambio en la sociedad civil organizada en México en la búsqueda de explicaciones por lo que había acontecido. Los investigadores buscaron una teoría que pudiera dar nombre a lo sucedido y que permitiera comprender los procesos sociales y el involucramiento de nuevos actores sociales en los importantes cambios en la vida cotidiana del país, de las universidades y de la sociedad en general (Reygadas, 2006).
Bornstein y Davis (2010) mencionan a estos nuevos actores, la ciudadanía involucrada, como una consecuencia de problemas sociales más complejos, que han superado las capacidades de los gobiernos y de las organizaciones de ayuda, razón por la cual se entiende que las soluciones contra la pobreza y la desigualdad necesitan una nueva estrategia: de “abajo hacia arriba”, en lugar de la solución tradicional basada en la estrategia de “arriba hacia abajo”. En respuesta a esta necesidad de un cambio estratégico, se dieron tres avances importantes en México. Primero, el crecimiento (en número y dispersión geográfica) de las organizaciones sin fines de lucro (OSC),[1] (véanse las tablas 2.1, 2.2 y 2.3). Segundo, un movimiento de responsabilidad corporativo y, tercero, el desarrollo eventual de empresas sociales en México.
Hacia la apertura (1970-2000)
El periodo comprendido entre 1970 y 2000 fue considerado de transición política, económica y social en México. El modelo de desarrollo compartido fue propuesto por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y tenía por objetivo llevar el progreso a todos los sectores sociales. Este modelo se basó en el gasto público como motor del crecimiento económico, con ingresos provenientes del petróleo y la recaudación fiscal. Este impulso económico buscaría la inclusión de todos los grupos sociales (Babb, 2003). Sin embargo, tales ingresos resultaron ser insuficientes para mantener la política de expansión, por lo que se optó por contratar importantes montos de endeudamiento externo como forma de financiamiento del déficit fiscal (Huerta y Chávez, 2005).
La llegada de Echeverría al poder generó el interés en reformar la forma en que se organizaba la educación hasta ese momento. Para ello, creó la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa, cuyo objetivo era diversificar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. Esta reforma impulsó el que todos los habitantes del país recibieran educación con las mismas oportunidades (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006b).
Bajo el gobierno de José López Portillo (1976-1982) se llevó a cabo un diagnóstico de la situación escolar en el nivel básico y se diseñó el Plan Nacional de Educación (PNE). Este plan retomó los intereses que la gestión educativa había tenido durante las primeras décadas del México posrevolucionario, en especial la desarrollada por el cardenismo. Como parte de sus objetivos, destacó la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en 1979.
Con el objetivo de llevar educación a todos los sectores sociales y de incrementar los niveles de alfabetización, en 1978 el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional a Grupos Marginados y, en 1981, elaboró el Programa Nacional de Alfabetización, además de crear el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA). De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI de 1980, estos esfuerzos lograron que más de 80% de la población mayor de 15 años supiera