Modelando el emprendimiento social en México. Группа авторов
para recibir fondos para gastos administrativos.
A.C. versus I.A.P.
En comparación con una I.A.P., Alba López argumenta que hay menos acompañamiento, menos acceso a capacitaciones y a otros recursos que solo son accesibles para las I.A.P. Las I.A.P ofrecen “vigilancia”, que garantiza que la misión de la organización sea respetada.
¿Es hora de una nueva figura?
En medio de un ecosistema en evolución del ES en México, Alba López actualmente está revisando si es momento de reconsiderar un nuevo arreglo institucional para su organización. “Lo que es interesante en el caso de México es que muchas organizaciones pueden heredar estructuras legales que han estado allí por años, sin cuestionar si la estructura actual es la que se adapta mejor a su misión. Muchas organizaciones sin fines de lucro no quieren seguir dependiendo en donaciones y fondos externos”. Las opciones que IRMA está considerando incluyen la creación de una nueva institución (otra A.C.) que pueda posicionar a IRMA como un centro de investigación. La adopción de una nueva figura, como una “franquicia social”, permitirá a la organización tener más flexibilidad financiera y posiblemente sostenibilidad. Desde el punto de vista de Alba López (2017), “Crear diferentes figuras legales para diferentes propósitos es cada vez más común en México”.
El caso de SOSAC (Sociedad Sostenible, A.C.)
Descripción
A diferencia de los casos de la Fundación FBH, I.A.P e IRMA, A.C., la Sociedad Sostenible A.C. o SOSAC se constituyó como una asociación de la sociedad civil en 2015. Situada en Monterrey, Nuevo León, SOSAC trabaja para promover la actitud y los hábitos que mejoren la relación de los ciudadanos con el entorno. SOSAC es una de las pocas organizaciones no lucrativas en México que asume la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como su principio básico, capacitando a los diferentes miembros y sectores de la sociedad para implementar exitosamente acciones en favor de su apropiación. Por ejemplo, “Tierra Urbana” es uno de sus programas clave y se enfoca en capacitaciones y actividades para crear huertos comunitarios y familiares. Aparte de adquirir y desarrollar habilidades técnicas para cultivar plantas y vegetales, las comunidades se juntan por medio de redes sólidas para satisfacer necesidades alimenticias, tener un estilo de vida más saludable y aprender prácticas sostenibles para cultivar alimentos.
Percepciones de los marcos legales
Legitimidad
Un contraste interesante al investigar los casos de organizaciones jóvenes en México, como SOSAC, es el hecho de que se percatan de que el rol de las estructuras legales es fundamental para tener legitimidad a largo plazo en el sector; así que, para ellos, tener un CLUNI y un registro para dar recibos deducibles de impuestos se convierte en una cuestión de posicionamiento a corto plazo en el sector, más que en un tema de desarrollo de capacidades. De acuerdo con un miembro de la organización “debe haber más congruencia entre los resultados de las organizaciones y el nivel de requisitos administrativos exigidos” (Martínez, 2017).
Para una organización de tan reciente creación, tener credenciales es importante; “aunque hemos tenido autorización para dar recibos deducibles de impuestos desde el 16 de mayo de 2017, esto no aparecerá en el Diario Oficial de la Federación hasta dentro de seis meses” (Martínez, 2017).
Según miembros del SOSAC, esto cerró la puerta a dos grandes procesos de subvenciones que estaban sobre la mesa.
Procedimientos ineficaces
Para una organización que apenas esté empezando, la relación costo-beneficio de un proceso regulatorio es compleja. Según un miembro de SOSAC, “los controles legales y la burocracia son muy costosos en lo que respecta al dinero, a las oportunidades, las capacidades y la continuidad a largo plazo para una A.C. cuando la comparas con los beneficios recibidos por la organización” (Martínez, 2017).
Aunque haya beneficios que vayan de la mano de la regulación (como suministrar información, estructura, metas), se percibe que las agencias gubernamentales no se comunican entre sí en forma eficaz, o entre los tres niveles del gobierno. “Los formatos, las lógicas y expectativas son diferentes cuando buscas financiación de diferentes fondos públicos, lo cual supone invertir más tiempo para entender cómo funciona cada subvención pública, sabiendo que los resultados son los mismos” (Martínez, 2017).
Estructuras con fines de lucro
A diferencia de otros países (por ejemplo, el Reino Unido o Estados Unidos), en los que hay estructuras que reconocen legalmente el propósito social de una empresa, actualmente en México no hay figura legal o nombre corporativo que diferencie empresas sociales lucrativas de empresas tradicionales con orientación comercial o de instituciones no lucrativas (Cerro, 2016; Green Street y EY, 2014; Huberts, 2015; Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Ecología y Desarrollo, 2016; entrevistas con miembros de Empresas B en México y New Ventures, 2017). Las empresas sociales lucrativas mexicanas tienen que constituirse como compañías tradicionales, aunque su propósito sea la satisfacción de necesidades que van más allá de la dimensión comercial. “La creación de un estatus legal para una empresa social es la recomendación más común de los emprendedores sociales” (Huberts, 2015).
De acuerdo con Huberts (2015), el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Fundación Ecología y Desarrollo (2016) la consecuencia es que los emprendedores lucrativos están forzados a crear una constelación de figuras que combina organizaciones lucrativas y no lucrativas, o bien constituirse como un negocio tradicional y sacrificar la deducción de impuestos disponible para las no lucrativas. Los negocios sociales también luchan para evitar ser “doblemente penalizados”: se les exige mantener los estándares éticos del sector social, mientras pagan impuestos y compiten contra negocios que están acostumbrados a torcer las reglas. La alternativa es constituir una compañía tradicional lucrativa, pero significaría perder 16 % en deducciones de impuestos disponibles para las no lucrativas (Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Ecología y Desarrollo, 2016). En otras palabras, las figuras legales actuales son un obstáculo que impiden el crecimiento de las empresas sociales lucrativas; las políticas y estructuras fiscales son complejas (Green Street y EY, 2014).
Una figura recurrente para este tipo de ES es la “S.A.P.I” o “Sociedad Anónima Promotora de Inversión”, que permite la inversión externa donde el inversionista es dueño de un porcentaje de la compañía. La tabla 3.4 resume las figuras legales más comunes, adoptadas en el ecosistema de ES por emprendedores sociales con fines de lucro en México.
Tabla 3.4. Figuras legales con fines de lucro más comunes para el ES en México
| Nombre | Descripción |
| Sociedad Anónima Promotora de Innovación (S.A.P.I.) | Formato legal comúnmente usado por emprendedores sociales. Es una nueva estructura que puede distribuir capital y recibir inversión. |
| Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) | Es la más común para empresas tradicionales. Se reformó para poder recibir inversión de capital, esta modificación hace que se asemeje a la S.A.P.I., por lo que los emprendedores sociales hacen más uso de ella. |
| Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.R.L. de C.V.) | Similar a la S.A. de C.V., pero la responsabilidad del socio se limita a su porcentaje de acciones de la compañía y los directores son completamente responsables de la administración leal y diligente de la compañía. |
| Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.) | Nueva estructura creada en el 2015 que permite a los emprendedores registrar una compañía en 24 horas, en línea y gratis. Aunque hay algunas limitaciones, es un buen paso antes de crear una S.A.P.I. |
Fuente: Adaptada del Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Ecología y Desarrollo, 2016, y de la Secretaría de Economía, 2017.
Empresas B (B Corporations)
Dado el panorama de los emprendedores sociales con fines de lucro en México, en 2015, las Empresas B empezaron sus operaciones en México con el propósito de establecer una figura legal que validara con todos los stakeholders (incluyendo los accionistas) los objetivos sociales y ambientales de las empresas sociales. Flynn (2016: