Sociedad, cultura y esfera civil. Liliana Martínez Pérez
mediante la combinación de discurso e imágenes (Eyerman, 2011). A estos actos intencionales se les puede definir como acciones simbólicas en las que los actores, individual o colectivamente, despliegan hacia otros un sentido consciente o no de su situación social (Alexander, 2011). Aquí analizamos las percepciones que de esos performances tuvieron otros actores, en particular la opinión pública expresada en los medios de comunicación nacional, cómo los interpretaron y decodificaron. Los actores políticos tratan que sus performances sean interpretados como auténticos, por eso pretenden articularlos con un telón de fondo cultural que apela a los valores de la democracia, de tal suerte que generan la impresión de que está vivo un número determinado de símbolos y valores: aspiran a dar pie a una expresión cargada de verosimilitud y no a una acción apreciada como artificial. Si se valora como auténtico, entonces se piensa que los actores y parte de los elementos del performance no están sujetos a la lógica de la manipulación de los poderes sociales (Alexander y Mast, 2011). Con todo, hay performances que por su articulación funcionan como actos litúrgicos que producen la sensación de que son autónomos de la capacidad y voluntad de sus actores, los cuales aparecen como “instrumentos animados” de protocolos, reglamentos o leyes (Agamben, 2012) que, respaldados por la tradición, adquieren una superioridad moral e institucional poco menos que incuestionable frente a los otros actores y el auditorio, lo que tiene como consecuencia que el performance litúrgico no se encuentre expuesto en términos de autenticidad o verosimilitud.
En este sentido, el argumento de este trabajo es que el conflicto por el Zócalo, como espacio de una ceremonia litúrgica, terminó transformando a esta última en un performance político sujeto a interpretación en términos de autenticidad o inautenticidad. Desde nuestro punto de vista, la superioridad representacional del Grito fue un factor determinante para la finalización del conflicto y para el proceso de restauración de las formas y usos del modelo posrevolucionario frente a las capacidades contraperformativas del movimiento magisterial para minarlo. No obstante, esto se produjo a costa de socavar la sacralidad de una las ceremonias republicanas clave de la vida política nacional y del espíritu nacionalista. Así, los performances, contraperformances y la significación del Grito puestos en escena durante el conflicto magisterial del 2013 contribuyeron a evidenciar un campo de batalla simbólico que dejó expuesta la construcción de discursos que plantearon la necesidad de la restauración del código autoritario para garantizar la reproducción simbólica del poder político y de la idea de la nación misma. La materia que desató originalmente el conflicto se convirtió en una fuente de posicionamientos discursivos binarios entre quienes a) consideraban la recuperación del Zócalo como una prueba de que el gobierno tenía la capacidad y la voluntad para recuperar el espacio central de producción simbólica del poder político, y b) quienes reclamaban el uso del Zócalo como el lugar privilegiado para hacer escuchar demandas que consideraban legítimas. Siguiendo un planteamiento de Balandier (1994), el conflicto por el Zócalo puede ser entendido como la disputa por un teatro en el que la sociedad “oficial” se produce, y en el que la protesta “popular” se manifiesta.
Este capítulo abre con una descripción de los acontecimientos que se desarrollaron durante el conflicto, que van desde la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa al desalojo del Zócalo de los maestros nucleados en la CNTE. Enseguida se analizan las narrativas binarias proyectadas por los medios de comunicación respecto a los actores centrales de la disputa por la reforma educativa: el Estado y la CNTE. Dichas narrativas se enfocaron en señalar que el conflicto se debía, por un lado, a la debilidad de las diferentes instancias estatales (gobiernos federal y local, y Congreso de la Unión) para hacer frente a un gremio organizado y fuerte; y, por otro, a señalar la falta de oficio del gobierno federal frente a un magisterio hábil para defender sus derechos y canonjías. En el tercer apartado se examinan las narrativas binarias destinadas a negar la autenticidad de la protesta y a producir la polución de la CNTE hasta convertirla en un actor impuro para la vida política nacional. En el cuarto, se muestra cómo esta narrativa adquiere un peso fundamental cuando se conecta con la construcción de la sacralidad política y cívica del Zócalo, en particular concebido este como espacio en el que se lleva a cabo la ceremonia del Grito. Se concluye con una reflexión en torno al lugar que ocupa la disputa simbólica en la consolidación del nuevo orden político democrático o la restauración del orden posrevolucionario.
El conflicto magisterial y la ocupación del Zócalo
En mayo de 2012, la CNTE instaló un campamento en el Zócalo desde donde trató de presionar e impedir la promulgación de las leyes secundarias y revertir la reforma constitucional en materia educativa. El conflicto se recrudeció en los siguientes meses ante el rumor de que el Congreso daría tratamiento expedito a las leyes secundarias durante el periodo extraordinario de sesiones que iniciaba el 22 de agosto (Poy, Becerril y Ballinas, 2013). Ante la confirmación del rumor, la CNTE bloqueó los accesos de las Cámaras de Diputados y Senadores, impidiendo que se llevaran a cabo las sesiones. Por primera vez en décadas, los legisladores debieron trasladarse a una sede alterna (Méndez y Garduño, 2013). Al mismo tiempo, los manifestantes bloquearon las vialidades de acceso al aeropuerto de la Ciudad de México, mostrando así su capacidad para colapsar la circulación vial en la ciudad e incluso el acceso a las vías aéreas.
Para disminuir la conflictividad, y a propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) (Garduño y Méndez, 2013), los legisladores retiraron de la agenda parlamentaria la discusión acerca de la LGSPD, proponiendo un debate más amplio que sería postergado para el periodo ordinario que comenzaba el 1 de septiembre. Las dos leyes secundarias restantes, la LGE y la LINEE, fueron aprobadas por ambas Cámaras el 23 de agosto. Los integrantes de la CNTE consideraron insuficiente el aplazamiento de la discusión de la LGSPD por lo que entonces se replegaron hacia el Zócalo e incrementaron su presencia de cara al primer informe de gobierno y a la celebración del Grito. No obstante, se reunieron con legisladores de ambas Cámaras de las que no guardaban esperanza alguna. Las reuniones, que prometían superar la falta de diálogo que denunciaban los líderes magisteriales y una parte de la izquierda partidista, confrontaron posiciones irreductibles: por un lado, la exigencia de derogar la reforma constitucional y las leyes secundarias ya aprobadas; por otro, impedir cualquier regreso en lo andado y discutir exclusivamente el proyecto de la LGSPD. Simultáneo a estas reuniones, la CNTE marchaba sistemáticamente hacia los sitios donde aquellas se celebraban y, mediante “operaciones hormiga” (Olivares y Avilés, 2013), cercó en distintas oportunidades las principales televisoras del país —a las que exigía derecho de réplica ante una postura que consideraba de “linchamiento mediático”— (Olivares y Avilés, 2013) y las embajadas de Estados Unidos, Francia y España, pretendiendo “internacionalizar el conflicto” (Olivares y Avilés, 2013).
Frente a las posiciones irreductibles, a finales de agosto el gobierno federal presionó para que se diera el tratamiento de la ley secundaria pendiente. Los legisladores partidarios de la reforma solicitaron entonces a los gobiernos federal y capitalino que garantizaran el inicio de las sesiones ordinarias y el funcionamiento del Congreso (Becerril y Ballinas, 2013a, 2013b). Así, el gobierno federal habló por primera vez del uso de la fuerza en acciones que “lastimen” a terceros, de que “todo tiene un límite” (Becerril y Ballinas, 2013b), y de aplicar “el imperio del estado de derecho” (Becerril y Ballinas, 2013b). La CNTE respondió con una marcha de cincuenta mil maestros desde el Zócalo hasta la residencia de Los Pinos. Los gobiernos de los estados de donde provenían los maestros movilizados amenazaron con el descuento de los días no laborados y desde el SNTE se ofrecieron estímulos a los maestros que apoyaran la propuesta oficial (Cano, 2013). Las autoridades del PRD se apartaron de las posiciones de la CNTE en la materia y la instó a revisar con “responsabilidad” la propuesta oficial (Muñoz, Becerril y Ballinas, 2013; López, 2013a). Antes habían declarado no compartir las “formas” utilizadas por la CNTE (Muñoz y Miranda, 2013).
El 30 de agosto, el Partido Acción Nacional (PAN) ordenó a sus legisladores interceder para votar de inmediato la LGSPD. Desde su punto de vista, compartido por las principales organizaciones empresariales del país (impulsoras de la reforma educativa), la postergación del tratamiento de la misma había sido una concesión al chantaje de la CNTE y la calificaron de “golpe de estado al Congreso” (De la Redacción, 2013a).