Políticas públicas: Nuevos enfoques para la investigación. Gloria Del Castillo Alemán
El significativo papel del investigador de políticas públicas (como analista o estudioso) como interviniente en el proceso de las agendas de políticas, a través de un enfoque investigativo dirigido a la resolución de problemas públicos. Hacer sugerencias o recomendaciones de política pública no es privativo de un sector reducido de expertos, sino un ejercicio constante que se desarrolla como práctica diaria y sentido último de los analistas experimentados, y de quienes están en formación.
Estos trabajos demostraron que, al menos en la lógica de la investigación de las políticas públicas según el método de estudio de caso (P-case), es prácticamente imposible dividir la Política de las políticas, dando por tierra la infértil cuestión de establecer órdenes unívocos a manera de causa o efecto entre la Política con mayúscula y la política como policy. La Política es las políticas y viceversa, así como el contexto no es un escenario sino que constituye en sí mismo una dimensión del problema de estudio.
Esta es quizá una de las principales lecciones del seminario, que con
el libro que entregamos a manera de una “práctica reflexionada”, deberá desafiar siempre el sesgo de la inercia escolástica que muchas experiencias docentes e investigaciones derivadas llevan como marca. Cuando la ciencia se entiende como retórica, esta deviene en falsos dilemas como el anterior. Pero si una interdisciplina como las políticas públicas genera compromiso con su orientación práctica erigida sobre el rigor científico, produce un camino fértil de conocimiento y actuación profesional.
Referencias
Del Castillo Alemán, G. (2014). Una perspectiva analítica de política pública para el análisis de problemas públicos complejos. Conferencia presentada en el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Marzo.
Del Castillo Alemán, G. y Quintana, D. (2016). Las reformas actuales en Cuba: un estudio de política pública. Revista Mexicana de Sociología, (78), 7-32.
Del Castillo Alemán, G. y Quintana, D. (2015). William Ascher: conversación sobre las policy sciences y sus aportes para América Latina. Perfiles Latinoamericanos, 23(46), 223-232.
Dente, B. y Subirats, J. (2014). Decisiones públicas. Barcelona: Ariel.
Lasswell, H. ([1971] 1992). La concepción emergente de las ciencias de políticas. En L. F. Aguilar Villanueva (Ed.), El estudio de las políticas públicas (pp. 105-117), México: Porrúa.
Lowi, T. (1992). Políticas públicas, estudios de caso y teoría política. En L. F. Aguilar Villanueva (Ed.), La hechura de las políticas (pp. 89-118), México: Miguel Ángel Porrúa.
Vining, A. y Weimer, D. (2005). The P-Case. One Strategy for Creating the Policy Analysis “Case”. En I. Geva-May (Ed.), Thinkink like a Policy Analyst. Policy Analysis as a Clinical Profession (pp. 153-170). Nueva York: Palgrave Macmillan.
1. El cambio de política de los incentivos al magisterio en México
Karla Adriana Pérez Moreno*
Introducción
La reforma educativa de 2012 (RE) planteó una serie de cambios en la conducción de la educación pública en México. Uno de los aspectos que se propuso reformular tiene que ver con la adjudicación de incentivos económicos al magisterio. En el discurso de dicha reforma se asume, como elemento inaplazable para lograr la calidad educativa, regular desde el ámbito federal el ingreso, la permanencia, el reconocimiento y la promoción de los docentes de la educación obligatoria. En ese sentido, la propuesta de cambio en la asignación de incentivos económicos se tradujo en un cambio de política pública para lograr modificar el estado de la calidad educativa mediante la asignación de recompensas económicas. Estas se otorgarían solo a los profesores dotados de cualidades específicas configuradas en las leyes secundarias emanadas de la citada reforma educativa (DOF, 2013).
Conocer el alcance y grado del cambio de la política de incentivos al magisterio en México es el motivo del presente texto. Este estudio se adscribe a la corriente teórica de los estudios de política (policy studies). Dicha perspectiva tiene como objetivo entender y explicar la complejidad del proceso de las políticas públicas en función de la reconstrucción de la lógica de las decisiones que toman los gobiernos (Del Castillo Alemán, 2012, pp. 643-644). Para estudiar el cambio, se ha adoptado la mirada del marco de las coaliciones promotoras (ACF) (Sabatier y Weible, 1999 y 2007). Dicho marco proporciona el andamio teórico para responder sobre la profundidad del cambio dado un shock exógeno o choque externo a la política de incentivos que había permanecido invariable durante más de dos décadas. En el ACF, los actores de una política tienen creencias firmes, están motivados para que estas se traduzcan en políticas reales y se han agrupado en coaliciones de defensa de la política en cuestión. Este grupo de actores comparten conocimientos especializados en un área de políticas que les ha permitido influir en estas durante un periodo prolongado, lo que ha dado como resultado una política estable (Sabatier, 2007, p. 206). En ese sentido, podemos asumir que en la política de incentivos a los docentes en México al menos dos actores importantes habrían compartido ideas y creencias sobre el mejor modelo de administración de recompensas económicas al sector del magisterio, y que la agrupación en coaliciones de defensa de esas creencias se tradujo en una política duradera. Ante un choque externo, como los contenidos de la RE, habrían modificado esas creencias, y también hubo un reacomodo de actores en las distintas coaliciones de defensa.
El presente capítulo ilustra que en el contexto de un cambio de gobierno se alinearon las fuerzas políticas más importantes del país para apoyar la iniciativa de reforma educativa 2012, que modificó el tratamiento laboral del magisterio. El respaldo de los partidos políticos mediante la firma del acuerdo político Pacto por México representa la formación de una coalición a favor del cambio de las decisiones en materia educativa, de la que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no formó parte en un inicio. Sin embargo, luego de unos meses de tensión y después del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, el SNTE volvió a ocupar su puesto tradicional en apoyo a las iniciativas educativas federales. Esta contribución política posibilitó ciertos cambios en la política de incentivos al magisterio, particularmente en el uso de la evaluación, el financiamiento y la coordinación de la política, que dio como resultado su continuidad. Dado que se concluye que la política tuvo mayormente cambios marginales, se asume que dichos cambios no incentivaron el trabajo docente.
El caso está compuesto por tres apartados. El primero reúne el contexto en que se desenvuelve el anuncio y puesta en marcha de la reforma educativa de 2012.
El segundo apartado relata e ilustra la configuración de cómo a lo largo del periodo 2008 hasta 2012 permaneció intacta la percepción sobre el problema de la calidad de la educación junto con la estrategia de solución. En contraste, con la reforma educativa de 2012 se ilustra la adopción de un nuevo pensamiento y la solución alternativa al mismo problema de la baja calidad en la educación. Además de esta explicación, se muestra cómo la presencia del SNTE ha acompañado las iniciativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en materia de políticas educativas. Se ilustra que un cambio en la dirección del SNTE no se tradujo en una exclusión de este actor en las decisiones educativas, pero consolidó la presencia de nuevos actores políticos que fortalecieron la puesta en marcha del contenido de la reforma.
El tercer apartado responde a la pregunta: ¿qué cambió con la reforma de 2012 en materia de incentivos al magisterio? El cambio no fue sustancial, se concluye, con base en los elementos de comparación entre el instrumento del Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM) y el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica (PPFIEB), de los que se resalta la configuración más sofisticada en el uso de la evaluación del desempeño para la asignación de recompensas económicas, en contraste con los demás aspectos que conforman los