El conflicto del agua. José Esteban Castro
inversión privada para modernizar el sector;
Ayudar a reducir el déficit público;
Mejorar la calidad de los servicios;
Extender el acceso a los pobres, y reducir la desigualdad social; y
Contribuir al proceso de democratización en los países en desarrollo (Castro, 2002).7
Así, en México se optó por una combinación de distintas formas de regulación del agua con base en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, en normas ecológicas y en la Ley Federal de Derechos, en la cual se establecieron precios y tarifas por el uso del recurso y las descargas de agua residuales en cuerpos receptores de propiedad nacional.8 El esquema fiscal de la Ley Federal de Derechos atañe a la política financiera, al concepto de pago de derechos y, en general, a la estructura tributaria del agua. Y su objetivo consiste en lograr una administración eficiente del agua, inducir la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos de infraestructura hidráulica, aumentar la participación de los usuarios del agua en los costos de aprovechamiento y conservación, fortalecer la obligación del pago de cuotas y establecer el monto, las formas y condiciones de recuperación de la inversión federal en obras de infraestructura hidráulica (Aguirre, 2004).
Con ese paradigma se crearon los organismos operadores9 municipales y estatales para la gestión del agua y se siguió fortaleciendo la legislación sobre el aprovechamiento racional y la preservación del agua en el país.
Estos cambios produjeron miles de formas de resistencia tanto entre los productores y los gobiernos locales, como entre los diferentes tipos de abasto informal del agua. Tales resistencias constituyen la expresión del ejercicio del poder de un sector de la población al intentar revertir esas determinaciones. Y todo esto fue modificando el gobierno del agua en correspondencia, no lineal ni mecánica, de las expresiones de la población respecto de los conflictos por ese recurso. Es más, hay una correspondencia entre el gobierno del agua y las políticas que adopta, y los mecanismos y motivaciones que orientan las acciones de lucha, algo que veremos a continuación.
Las transformaciones en el territorio político del agua: las acciones de lucha
Tomando en cuenta que un proceso de lucha social se puede observar partiendo de los enfrentamientos que la componen, se procedió a clasificar y organizar las acciones registradas en nuestra base de datos según la intensidad de la confrontación. En esta escala, el grado más bajo en el uso de la fuerza física corresponde a la expresión de inconformidad, el cual se enuncia mediante la queja, la crítica y la advertencia, formas de acción que suponen la demostración (verbal o escrita) de un problema percibido como tal. Pero cuando a esta queja se suma la intuición o conciencia de comprender qué se necesita para subsanar la inconformidad, entonces se convierte en un pedido. Las personas piden —solicitan, reclaman, demandan (no legalmente), apremian, exigen— cuando entienden y consiguen expresar qué necesitan para solucionar su problema en relación con el agua, entonces comprenden la causa de su malestar. Lo opuesto a pedir es rechazar lo que se tiene o se intenta instalar. El rechazo es una acción verbal de lucha por negación a lo que se viene dando y entra en la categoría de la expresión de inconformidad.
Finalmente, la inconformidad se convierte en denuncia cuando se conoce y se expresa su causa, lo que supone que se comprende el motivo del malestar: el quién o el porqué. El conocimiento del motivo es un paso adelante en la toma de conciencia acerca de la resolución del problema, por lo que las denuncias constituyen otra categoría.
Todas estas acciones pertenecen a la esfera del reconocimiento público y expresan la creencia de que alguien puede dar solución a la problemática planteada. Pero, si se quiebra esta creencia, la denuncia progresa hasta ser una toma de acciones por propia cuenta para modificar la situación y es entonces que aparece la acción directa bajo dos posibles formas: como intervención de la acción judicial y/o legal (cortes de suministro de agua, cortes de suministro de energía eléctrica que redunden en cortes de agua, acciones judiciales, administrativas, tribunal agrario, etc.); o como acción de protesta (bloqueos, manifestaciones, tomas de instalaciones, cierre de válvulas, no pago del servicio como protesta, etcétera).
Gráfica 2.1. Formas de luchas en el tiempo. México: 1990, 2000, 2010
Tal clasificación redunda en un mapa preliminar acerca de cómo se expresan los conflictos. Si se analiza su evolución en el tiempo, se observa que en 1990 prevalecen las denuncias, y que, para 2000 y 2010, las mismas se reducen a 26 y 21%, respectivamente. Lo que aumenta de modo proporcional para estos últimos años en comparación con 1990 es la declaración y sobre todo la acción directa. Lo que significa que esta se relaciona con la acción de la denuncia. Parece que si hay denuncia, no hay acción directa; y, por el contrario, si hay acción directa, no hay denuncia. Lo que implicaría —al menos hipotéticamente—, que el medio es la forma de obtener la satisfacción.
El análisis muestra que una probable transformación relativa al gobierno del agua consiste en que, a medida que el Estado elimina funciones que garantizan el bienestar de la población, esta busca mecanismos no tan ligados a lo corporativo-clientelar, como lo es la denuncia, sino que la alternativa es la acción directa que implica el uso del propio cuerpo y la autodeterminación para obtener lo que no es posible por otros mecanismos. Así es como destaca la creciente importancia de la acción directa en detrimento de la denuncia entre 1990 y los años 2000 y 2010; y se expresa la carencia de un interlocutor capaz de mediar en el conflicto, que se mantiene hasta 2010.
Las luchas sociales en torno al agua y el ejercicio del poder: los motivos
Ahora bien, los problemas o agravios por los que la gente se manifiesta tienen varias formas de representarse. Así, si es en la capacidad de conceptualizar los problemas10 se observa la conciencia de la problemática, entonces se puede decir que hay un gradiente en la capacidad de conceptualización que se constituye de la observación de los problemas sentidos, lo cual se manifiesta en el “decir lo que nos pasa” o en el “expresar el problema”, esto es, la queja y la declaración. En un segundo momento aparece la posibilidad de observar qué origina esos problemas, lo que no siempre se explicita en una declaración, pero que supone una acción de denuncia en donde el individuo no solo expresa lo que le pasa, sino por qué le pasa y quién o qué es el responsable de ello. Finalmente, aparece la opción de hallar una solución o acción acordes a la problemática, esto es, la posibilidad de construir las condiciones para pasar a la acción directa.
Consecuentemente, se puede hablar de diferentes grados en el nivel de la toma de conciencia de los problemas, lo que supone que a mayor capacidad de conceptualización acerca de los motivos que los originan, mejores son las capacidades de construir una alternativa viable para gestionar el recurso y comprender a quién dirigirse ante el agravio percibido.
Si observamos nuestras fuentes, tenemos que los problemas por los que las personas se movilizan buscando una solución, se relacionan principalmente con la falta de agua para consumo humano. Este hecho es un problema causado a su vez por otro que puede ser el corte de suministro por reparaciones de la infraestructura: averías en los pozos, corte de energía eléctrica para el bombeo, mantenimiento de las presas, etc. Si ello no es debidamente manejado por las instancias correspondientes, da lugar a movilizaciones ciudadanas. Una segunda causa de la falta de agua es que no se invierte en infraestructura, que también incluye el abandono o demora de la intervención estatal en ese aspecto, lo que genera descontento porque se relaciona con suspensiones más prolongadas del suministro. Estos dos factores configuran una falta de inversión en infraestructura, agravio por el cual se manifiestan los actores sociales. Esta falta de inversión en infraestructura para el suministro de agua y saneamiento y/o para la reparación y puesta en funcionamiento de la existente expresa la necesidad de construcción y/o reparación para dicho rubro. Este problema se vincula con la ampliación