Sobre delitos y penas: comentarios penales y criminológicos. Gabriel Ignacio Anitua
La mayor parte del dinero que iba a los bolsillos de esta industria provenía del impuesto de los ciudadanos (unos 250 dólares al año de parte de cada uno de los 350 millones de estadounidenses), aunque también de parte de los presos, a quienes no solo se explota en el trabajo sino también de quienes se les obliga a pagar cuotas o alquileres por su estancia y precios desmedidos por los “servicios” que se les prestan. El papel de los empleados y funcionarios de prisiones no es menos vergonzoso que el de las empresas que los contratan. En estos artículos da la impresión que esta industria continuará en aumento constante. Sin embargo, tanto en el “Epílogo a la primera edición en castellano” de Paul Wrigth, cuanto en el Postfacio “Cuatro estrategias para limitar los gastos penitenciarios en la gestión del encarcelamiento masivo en los Estados Unidos” de Loïc Wacquant, se señala que la industria penitenciaria está ahora al borde de la bancarrota. Ambos artículos están escritos muy recientemente y a cuatro años de la edición original del libro. Los costes financieros de la industria penal ya no pueden sostenerse, y la caída de la Bolsa arrastró en forma severa la cotización de la misma (la acción de la CCA, principal compañía de prisiones privadas, cayó de 45 dólares a 19 centavos). Parece ser que “la industria del control del delito” (como la llamara Christie en su impresionante ensayo) ya no resulta rentable. Entre otras cosas, porque ya no puede continuar engañando a los ciudadanos que soportaban sus déficits. Aunque no lo mencionen ni Wacquant ni Wright, no deja de perturbarme el hecho de que aquellos intereses que se enriquecieron en la II Guerra Mundial (y posteriormente con guerras frías, tibias o calientes) y apuntaron hacia el “enemigo” drogas o delincuencia tras la caída del “socialismo real”, abandonen este próspero negocio basado en el miedo de amplios sectores de la población. En efecto, si aquellos intereses abandonan esta industria es porque ya saben con que continuarán llenándose los bolsillos, y su historial fabril-delictivo justifica la inquietud. La presentación de nuevos “enemigos”, internos y externos, parece justificar para amplios sectores de la población que se les prive de dignidad, garantías, riqueza (que irá otra vez a los constructores de medios de aniquilación) y hasta la propia vida. Malos vientos soplan sobre Oriente (y no solo sobre Oriente).
La sexta parte del libro, “Los delitos de los guardianes”, describe los actos de racismo, brutalidad, corrupción y otras conductas delictivas que realiza el sistema que supuestamente se encarga de “combatir” al delito.
Tampoco nos permite alejarnos del pesimismo la séptima parte, “Encierro permanente”, que explica las increíbles condiciones de vida en algunos centros (como “Pelican Bay” o “ADX Florence”) y regímenes de “control” dentro de los demás (estar entre 22 y 24 horas del día en una celda de 6 metros cuadrados) que son denominados “la cárcel dentro de la cárcel”. Bajo la excusa de la “máxima seguridad” se justifican y amparan métodos de tortura que ya eran severamente cuestionados por algunas voces en el siglo XVIII. No he visto mejor descripción de lo que significa la política de inocuización o eliminación física de otros seres humanos, a no ser las meticulosas descripciones de la política criminal nazi, fascista o franquista que actualmente están siendo desveladas.
La octava parte, “Luchas y revueltas de presos”, remite al motín más famoso de la historia penitenciaria estadounidense, el del penal de Attica en 1971. En aquella oportunidad, unas demandas de los presos se saldaron con la muerte de 30 presos y los 10 rehenes, provocadas por las balas de las fuerzas de seguridad (que actuaban bajo las órdenes de políticos tan “hábiles” para manejar estas situaciones como los que sufrimos actualmente a nivel mundial). Se recuerdan esos hechos al cumplirse 25 años y frente a una serie de motines realizados en los noventa en múltiples cárceles en las que se reducía drásticamente el nivel mínimo de vida. Mencionan, de este modo, no solo motines propiamente dichos, sino también huelgas laborales o de hambre y otras formas diferentes de resistencia. Muchos de los autores de artículos son presos políticos que inscriben las prácticas de resistencia dentro de sus particulares puntos de vista, que en muchos casos no excluyen el recurso de la violencia. Nada más lejos de mi intención que suscribir tales afirmaciones. Ello no invalida, no obstante, el reconocimiento del valor de la palabra y la práctica “resistente”, que es la que ha permitido históricamente imponerle algunos límites al poder político y económico a la vez que conseguir la plasmación en declaraciones (vacías si es que no tienen referencias en la práctica) de las condiciones de vida digna para todos los seres humanos.
La resistencia en cuanto grito que permite asombrarse frente a la violencia y a la injusticia, está en la base de tales declaraciones universales. Se me escapa en este momento la sutil diferencia entre las voces latinas declarare y declamare. En ambas hace falta la expresión en público y en ambas, también, se requiere la existencia de una voz o varias voces dispuestas a hacerse oír. Ese es también el valor de estas voces que “desde dentro” del sistema penitenciario nos hablan de la realidad del castigo. Y “desde fuera” de la sociedad, nos ilustran el tipo de la misma que no deberíamos querer construir, ni permitir que otros construyan con nuestra tácita aquiescencia.
12- El encarcelamiento de América. Una visión desde el interior de la industria penitenciaria de EE.UU., Daniel Burton-Rose (ed.), Dan Pens y Paul Wright. Prólogo y postfacio de Loïc Wacquant Barcelona, Virus, 2002, traducción del original de 1998, Marc Barrobés. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2002/B, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 795 a 799.
VIOLENCIA, SOCIEDAD Y JUSTICIA EN AMÉRICA LATINA (13)
Los trabajos publicados en este libro son el producto de la primera reunión del grupo de trabajo sobre “Violencia y sociedad” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, realizada en Caracas. Así como sus autores, los mismos provienen de realidades diferentes de nuestra compleja América latina, parten de perspectivas distintas, y reflejan diversos aspectos de la vida social en los cuales la violencia se muestra como el eje unificador. La lacerante actualidad del fenómeno de la violencia (sin reducir su conceptualización de ninguna forma) en nuestros países, requiere de esfuerzos teóricos como estos trabajos, que según expresa su compilador son solo el comienzo de una mayor investigación sobre el tema.
En la introducción, “La nueva violencia urbana en América Latina”, el venezolano Roberto Briceño realiza un bosquejo de aquellas dimensiones que él considera fundamentales del fenómeno violento en América Latina. la pobreza, la exclusión (social y laboral), el quiebre de expectativas de una segunda generación de habitantes de la ciudad (y el delito y las drogas como forma de alcanzar metas, en su caso), la mayor disponibilidad de armas de fuego y una deficiente construcción de lo masculino, y la misma respuesta que genera el temor y la inseguridad en el marco de un sistema policial y judicial incapaz y asimismo violento, son algunas de las áreas señaladas como “causas múltiples” por este autor que solicita una mayor interdisciplinaridad para comprender el fenómeno.
Juan Pegoraro, al partir de otros presupuestos epistemológicos, describe en “Las políticas de seguridad y la participación comunitaria en el marco de la violencia social” los numerosos cambios ocurridos en materia de prevención y represión del delito en la ciudad de Buenos Aires y durante los años noventa. Los datos aportados demuestran los límites de las respuestas “tradicionales” (reformas policiales, judiciales y penitenciarias) y es por ello que resulta más trascendente su análisis de la novedosa convocatoria estatal hacia la “comunidad”. Con detalle hace referencia a determinadas y marginales experiencias de participación de vecinos en Consejos Barriales de Prevención del Delito. Especialmente señala Pegoraro las contradicciones entre unas políticas de seguridad “comunitarias” y otras económicas excluyentes.
Tosca Hernández realiza unas importantes reconceptualizaciones sobre lo que se entiende por violencia, para terminar sugiriendo posibles vías para “desactivar” el terrible círculo vicioso de las violencias (basadas en las señeras investigaciones sobre los conflictos y la forma de solucionarlo de Johan Galtung), en “Des-cubriendo la violencia”. La referencia siempre es Venezuela, pero su aporte es igualmente interesante para otras realidades diferentes.
Juan Félix Marteau, en “Azul casi negro: La gestión policial en Buenos Aires”, realiza algo más que una primera