Libia y Túnez. Mónica Flórez Cáceres

       Introducción

      La Primavera Árabe supuso el inicio de una transición de régimen político con un profundo impacto, no solo en el escenario político, sino en el económico y social de varios países del Magreb¹ y Medio Oriente, que aclamaban el fin de los regímenes posicionados por más de cuarenta años. No obstante, tras casi nueve años del estallido de las revoluciones, estos países aún no han logrado completar la estructuración de un Estado de derecho, a lo que se suma la incidencia de los grupos terroristas islámicos con presencia en la zona, la intervención de potencias extranjeras y la polarización de la sociedad.

      El contexto del fenómeno es el natural de las sociedades árabes desde hace más de dos siglos, tiempo durante el cual no han podido resolver la tensión entre la premodernidad y la modernidad, en la que siempre se lucha por una emancipación que nunca llega y que afecta sus dinámicas internas, sus procesos históricos y su camino a la madurez por factores y actores ajenos a su realidad particular (Bárcenas, 2011).

      La premura de la sociedad en África y Medio Oriente por alcanzar la equidad y mejores condiciones de vida los llevó a levantarse contra los gobiernos despóticos como forma de reorganizar la sociedad y cambiar el estatus de las élites que tomaron el poder desde la independencia de varios de estos países. No obstante, ese reordenamiento del poder nunca se dio y derivó en graves crisis que persisten en la actualidad y que se analizan en el presente libro; enfocándose particularmente en una comparación entre dos países del norte de África: Túnez y Libia, centrada en el impacto de tres categorías de análisis en los procesos de construcción de Estado en la pos-Primavera Árabe: intervencionismo extranjero, polarización política y terrorismo islámico.

      Es menester precisar de dónde sale la idea de la construcción de un Estado de derecho. Si bien no se presta como un modelo imperativo para todos los países del mundo, la búsqueda de un modelo de organización político, social y económico ha sido un objetivo constante para la humanidad. En ese sentido, la diversidad de regímenes y estructuras ha sido una realidad; sin embargo, desde la práctica, pocos modelos han resultado ser efectivos para garantizar la paz y la manifestación de las aspiraciones más básicas de la población en general, como la supervivencia física y condiciones mínimas de vida digna. En continentes como el africano, la historia no los ha conducido precisamente por una senda de libertad democrática y reivindicación de los derechos de todo el pueblo, indistintamente de su etnia, lengua o religión. Un pasado lleno de aportes a la humanidad —por ejemplo, los de grandes civilizaciones como la egipcia— también tuvo sombras, como el establecimiento de jerarquías con subordinaciones implacables y escasas posibilidades de ascenso político o social.

      Del mismo modo, la llegada de imperios como el otomano y la división del continente con la partición colonialista de la Conferencia de Berlín de 1885 establecieron precedentes indiscutibles para la organización política y social de la región del Medio Oriente y el norte de África (mena, por sus siglas en inglés) y, específicamente, para Túnez y Libia, países donde se reforzaba la idea de la concentración del poder en un líder o una élite autoritaria.

      Así, el despertar de conciencia producido por las guerras mundiales y la participación de casi un millón de soldados africanos, a título de sus colonizadores, expandieron las ideas de libertad, democracia e imperio de la ley en ese continente (Muñoz, 2011). De este modo, comenzaron a proliferar movimientos nacionalistas que buscaban sacudirse del yugo colonialista para poder determinarse libremente, tal y como el régimen internacional lo promovía. Los catorce puntos de Wilson, la Carta del Atlántico de 1941 y la Carta de San Francisco de 1945, como génesis de la Organización de las Naciones Unidas, tenían en común la promoción de la independencia y la libre determinación de los pueblos.

      Este contexto internacional favorable parecía ser la luz del inicio de la construcción de Estados libres y viables, donde las ideas europeas mismas sobre democracia y derechos individuales buscaban adaptarse a los contextos particulares de los países recientemente independizados en África y Asia. Empero, antes que darse una transición adecuada hacia ello, el poder fue entregado a familias y oligarquías que concentraban, incluso hasta el día de hoy, el poder en detrimento de las comunidades para las que gobiernan, como cleptocracias, lo que produjo olas de resentimiento y explosión social, como las sucedidas en la denominada Primavera Árabe.

      Este proceso de alzamiento de la sociedad inició en Túnez, cuando el 17 de diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi se prendió fuego en forma de protesta por las normas represivas del régimen de Zine El Abidine Ben Ali, quien dejó el poder en enero siguiente, tal y como sucedió en otros países (salvo casos excepcionales como Siria), donde buscaban una transición hacia las democracias, pero que hoy se encuentran sumidos en la inestabilidad.

      El levantamiento de 2011, en Túnez, fue bautizado como la Revolución de los Jazmines ² y se ha considerado uno de los pocos o, si bien, el único caso de éxito de las protestas enmarcadas dentro de la Primavera Árabe, pues desde ello se adoptaron medidas para mejorar las condiciones de los derechos humanos y para generar un nuevo marco constitucional e institucional para el país. Sin embargo, la situación es aún muy delicada y se teme que, bajo las medidas de emergencia decretadas desde el estallido de la revolución, las autoridades estuviesen abusando del poder (Amnistía Internacional, 2016).

      Este alzamiento contagió rápidamente a su vecino: Libia, un caso que con el paso del tiempo ha llamado más la atención de la opinión pública mundial, por la profundización de la guerra civil que enfrenta a dos gobiernos —esencialmente— por el control total del país, a lo que se suma la presencia de grupos terroristas y la intervención de intereses de potencias regionales y extrarregionales que tienen colapsado al rico país petrolero.

      Así, Libia, en contraste con los logros de Túnez, no ha mostrado los más mínimos avances en la construcción de un régimen que proteja los derechos humanos y los principios democráticos básicos; todo lo contario, la persistencia de la polarización política, la violencia como herramienta primaria y, como se anotaba, la incidencia del terrorismo islámico ha marcado el proceso de reconstrucción de este país como un Estado viable, asunto que es el centro gravitacional del presente libro.

      Así, se tiene que los gobiernos de transición ideados desde la caída del régimen de Gadafi, el Gobierno del Acuerdo Nacional, liderado por Fayez el Serraj, y el Gobierno de facto que busca legitimar el general Haftar, han sido incapaces de