Escuelas en transformación. Alejandra Santana López
la integración escolar y la atención a la diversidad
fortalecer las escuelas especiales
participación de la familia, escuela y comunidad
mejorar la formación inicial y el servicio de los docentes y profesionales de la educación especial y regular
aumentar el financiamiento de la educación especial
reforzar los equipos técnicos del Ministerio de Educación
extender la comunicación y difusión (Marfán, Castillo, González y Ferreira, 2013)
Todas estas medidas tienen un impacto directo en los programas de intervención, pues conforman el denominado Programa de Integración Escolar (PIE). Según investigaciones previas (Santana, 2018), son una de las líneas programáticas más valoradas, ya que son programas estables y permanentes en la escuela y cuentan con profesionales especialistas de diversas disciplinas que ejecutan sus acciones.
El decreto se enfoca en el fortalecimiento de la Educación Especial, siendo reconocida como una modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles educativos: entrega un conjunto de servicios, recursos humanos y técnicos, conocimiento especializado y ayudas para atender las necesidades educativas especiales que puedan presentar algunos de los alumnos de manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o una dificultad específica de aprendizaje (Mineduc, 2013).
El decreto indica orientaciones respecto al diagnóstico de las diversas necesidades educativas especiales, regulando el acceso a la subvención especial. Además, expresa un cambio de enfoque en la implementación de los Proyectos de Integración Escolares: se privilegia la valoración de las diferencias individuales y respeto por la diversidad, apuntando a una visión más inclusiva de la educación y poniendo énfasis en el trabajo institucional de cada escuela en favor de la inclusividad (Marfán, Castillo, González y Ferreira, 2013). En el escenario actual, los programas de integración son cruciales y altamente valorados por las escuelas en desventaja (Santana, 2018).
Ley 21.040 que crea el nuevo Sistema de Educación Pública (2017)
La promulgación de esta ley y su implementación en las escuelas públicas impacta directamente en el rol que cumplen los programas de intervención social con sus profesionales especialistas y en la sustentabilidad de dichas acciones. Se trata de una nueva forma de concebir la educación pública y, por lo mismo, será relevante observar la dinámica de los programas de intervención bajo esas directrices, pues deberán articularse con una forma de gestión escolar en clave de calidad educativa, ubicando los apoyos especializados como un elemento crucial para superar las inequidades.
Esta ley plantea una educación “orientada al pleno desarrollo de los estudiantes (…) procurando una formación integral (…), velando por su desarrollo espiritual, social, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico (…) estimulando el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores democráticos” (Ley 21.040, artículo 2, 2017).
El nuevo sistema se construye con la intención de: garantizar calidad de la educación, desarrollar al máximo las potencialidades de niños/as y jóvenes, generar una sana e inclusiva convivencia dentro del aula, entregar oportunidades reales a los estudiantes y que puedan participar activamente e involucren a sus familias (Mineduc, 2018, 14).
Su implementación apunta a una profunda transformación institucional al traspasar los establecimientos desde las municipalidades al Estado a través de la creación de Servicios Locales de Educación (SLE), instancias que serán los nuevos sostenedores de la educación pública. Los SLE estarán coordinados por una Dirección de Educación Pública y contarán con un Consejo Directivo Local y un Consejo Local de Educación. Su implementación se proyecta de manera gradual desde el año 2018 hasta el año 2025, y contará con un sistema de evaluación que acompañará la implementación, realizará seguimiento y aportará al marco jurídico para la evaluación mediante un Consejo de Evaluación (Ceppe UC y Desuc, 2018).
En relación a los recursos destinados y la sostenibilidad, esta ley amplía los recursos financieros para fortalecer la educación pública y extiende el uso de los ya disponibles recursos SEP. Estas reformas financieras implican el incremento de la SEP en un 20% para las escuelas que ya contaban con esta subvención, ampliando la categoría de alumnos preferentes a niños/as que se encuentren en el 3° y 4° quintil de establecimientos que ya tenían SEP. Además, se crea un fondo nuevo denominado aporte de gratuidad. Es decir, desde el punto vista de sostenibilidad económica y técnica, se puede mejorar la implementación de los programas y sus aportes a la calidad educativa de las escuelas en contextos de desventaja.
Lineamientos programáticos en que se inscriben los programas de intervención social en escuelas
Ahora que revisamos los principales cuerpos legales que dan sustento normativo, financiero y técnico a los programas de intervención social escolar, abordaremos lineamientos específicos que han incidido directamente en el diseño e implementación de programas a nivel nacional. Veremos tres grupos de programas que no responden a una revisión exhaustiva de la totalidad de programas presentes en las escuelas chilenas, sino que son aquellos mencionados directamente por las comunidades educativas que estudiamos para la realización de este libro. Los programas que revisaremos son: Programas de mejoramiento que poseen financiamiento de la Ley SEP, Programa Habilidades para la Vida (HpV) y Programas de Integración Escolar (PIE). Adicionalmente, haremos mención de iniciativas privadas que abordan programas educativos y sociales.
Programas de mejoramiento SEP
Los programas de mejoramiento SEP son una herramienta que sitúa a los establecimientos en una lógica de mejoramiento continuo de los aprendizajes de todos los estudiantes y para esto deben comprometer a toda la comunidad y trabajar por mejorar los resultados y sus prácticas institucionales y pedagógicas. Permite abordar la gestión del currículum, el liderazgo escolar, la convivencia y la gestión de recursos (Mineduc, 2013).
Los recursos de la Ley SEP son utilizados por las escuelas para el financiamiento de planes de mejoramiento (Muñoz y col., 2010), lo que puede significar desde la contratación de profesionales del área social hasta la implementación de estrategias de apoyo familiar que requieran un abordaje interdisciplinario en la escuela.
Para ejemplificar con un programa totalmente financiado con recursos de la SEP, revisaremos el Programa de Duplas Psicosociales de la Municipalidad de Peñalolén. Este programa combina las directrices de la política educativa y de la política de infancia a nivel local, bajo condiciones específicas de un municipio que se ha preocupado de movilizar a diversos agentes de forma coordinada y colaborativa, para dar sostenibilidad a estos lineamientos. En este programa, “los equipos psicosociales instalados en los colegios municipales de Peñalolén tienen tres ejes orientadores de su hacer: el Padem (Plan Anual de Educación Municipal), la política local de infancia y la Ley de Subvención Escolar Preferencial” (Saracostti y Santana, 2013).
Primero, en el Padem del año 2009, se estableció que la intervención psicosocial debía orientarse a: 1) el trabajo con estudiantes que presentaban situación de vulneración de derechos; 2) el mejoramiento del clima escolar y promoción del buen trato; 3) la intervención en crisis al interior de los establecimientos. Para este fin, los profesionales conformaron equipos que se llamaron de “buen trato” (Cormup, 2011, 6).
En segundo lugar, de acuerdo a la Política de Infancia y Adolescencia del municipio (2012), la concepción de infancia se relaciona con dos áreas: la vulnerabilidad y la protección social. Desde ahí, se desprenden cinco principios orientadores del diseño, implementación y evaluación de la política de infancia y adolescencia: dignidad, justicia social, participación, corresponsabilidad y diversidad e identidad.
Luego, la política de infancia y adolescencia local posee como objetivo “generar condiciones de protección y oportunidades de desarrollo para niños/as y adolescentes, apoyando la gestión en la coordinación intersectorial y el trabajo en red, con una implementación