Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990). Marío Garcés
a la que debían sumarse los sectores populares organizados (o «las masas», en el viejo lenguaje izquierdista). En suma, mientras la protesta era expresiva de una política popular, las propuestas de la oposición tenían una fuerte orientación político-partidaria. Por esta vía se fueron gestando «elites partidarias» que con el tiempo dieron lugar a lo que hoy se denomina «clase política».
La tendencia general, en el plano de las alianzas políticas, fue la del predominio de las posturas de la AD y del MDP, mientras que el Bloque Socialista tendió a desdibujarse y en el mediano plazo a subordinarse a la Alianza Democrática. Hay que indicar también que entre los años 1983 y 1985 ninguna de estas propuestas fue capaz de asegurar el destino de las movilizaciones y el fin del régimen militar. De tal modo que cuando la Alianza Democrática buscó el dialogo con la dictadura, en agosto de 1983, y en pocas semanas se sucedieron los encuentros entre los dirigentes de la AD y el ministro Jarpa, en un período relativamente corto, Pinochet canceló toda posibilidad de negociación. Y en un sentido opuesto, cuando la izquierda, agrupada en el MDP, se propuso hacer de 1986 el «año decisivo», recurriendo a todas las formas de lucha, incluyendo los componentes armados, ella no fue capaz de alcanzar sus metas. Las diferencias en la oposición política a la dictadura, en el mediano plazo, fueron creando distancias y tensiones con las bases populares que esperaban de los partidos políticos mayor unidad y eficacia en la lucha en contra de la dictadura.
Desde el punto de vista de los movimientos sociales, como hemos indicado, el sector poblacional fue más activo en las protestas. Sin embargo, la protesta dinamizó a otros actores y grupos sociales. Por ejemplo, las mujeres de la clase media, en alianza más o menos estable con las mujeres de pueblo, dieron lugar a diversas agrupaciones e iniciativas. Las manifestaciones públicas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y encuentros socioculturales daban cuenta de nuevas orientaciones que indicaban que se requería «democracia en el país y en la casa» 52. Los estudiantes hicieron sus propios caminos y reorganizaron los centros de estudiantes y las federaciones universitarias y de secundarios. Los mapuche, en el sur del país, recrearon sus organizaciones y también nuevas orientaciones para la acción colectiva como pueblo-nación.
Sin lugar a dudas, a partir de 1983 y por lo menos hasta 1986, el clima social y político de Chile cambió, y más allá de las diferencias partidarias, los diversos movimientos sociales, y en particular las iniciativas y movilizaciones poblacionales, ocuparon un lugar clave en el nuevo clima social creado por las protestas.
La periodicidad y la persistencia de las protestas nacionales, que solo entre 1983 y 1984 alcanzaron a doce jornadas de movilización, y veintidós si se consideran todas las movilizaciones más allá de 1986 53, marcaron, o sí se prefiere, definieron el guion de la oposición política a la dictadura. En las poblaciones, los jóvenes eran los encargados de preparar cada protesta, coordinándose territorialmente, haciendo acopio del material para las barricadas y, en el mismo día de la protesta, organizando las marchas y las confrontaciones con la policía y el ejército, que en muchos casos copaban la ciudad cuando se convocaba a una protesta. La energía juvenil fue, en cierto modo, la auténtica vanguardia de la protesta social, y tal vez, para quienes se hizo más visible con el tiempo la distancia entre su accionar con las propuestas políticas, amén de que pagaron los mayores costos en vidas humanas, como producto de la represión.
Las redes de organizaciones sociales que se había venido configurando desde principios de los años ochenta se fortalecieron y multiplicaron al calor de las protestas, y surgieron nuevas, como algunas coordinaciones territoriales que organizaban las protestas en poblaciones emblemáticas de Santiago. En una mirada de conjunto, hacia mediados de los años ochenta se podían identificar las siguientes redes poblacionales:
Redes de economía popular, que agrupaban en distintos espacios y con diversos apoyos de la Iglesia y las ONG, a Ollas Comunes, Comprando Juntos, Huertos Familiares, Talleres para el Consumo, Organizaciones de Vivienda, Grupos de Salud, que beneficiaban a más de cien mil personas.
Comunidades Cristianas de Base en los más diversos barrios pobres de Santiago, organizados en una Coordinadora de Comunidades Cristianas y un Movimiento de Laicos, que reunía a unas ocho mil personas cada año en la conmemoración del «Vía Crucis» cristiano.
Iniciativas y movimiento de Derechos Humanos, que emergieron a partir de las Iglesias Cristianas (Vicaría de la Solidaridad y FASIC), las Agrupaciones de Víctimas de la Represión, los Comités de Base vinculados a la Comisión Chilena de los DDHH y el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo.
Movimiento de Mujeres, que articulaba a diversas organizaciones sociales, como el MEMCH, «Mujeres por la Vida», ONG y coordinadoras sectoriales en los barrios y comunas populares.
Movimientos juveniles, como el Movimiento Juvenil Poblacional (MJP), de instalación más difusa en el sentido de la «juventud popular», pero que contaba con coordinaciones bien articuladas en la zona sur de Santiago (La Granja, San Ramón, La Pintana).
El movimiento poblacional en sentido amplio, que logró una importante articulación en el Comando Unitario de Pobladores (CUP), que hacia mediados de los ochenta, estimaba en unos tres mil los dirigentes agrupados en alguna coordinadora poblacional 54.
Las dificultades de la oposición para alcanzar la unidad no obedecían solo a razones tácticas relativas a las formas de lucha y las formas que podía tomar la recuperación de la democracia, sino que a un tercer actor menos visible para la mayoría de la población: el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En efecto, cuando la AD buscó el apoyo de los Estados Unidos para obligar a Pinochet a negociar, ese apoyo fue menos que el esperado. A fines de 1984, el gobierno de Estados Unidos buscaba influir en el retorno a la democracia en Chile, sin embargo dejaba también en claro que «la estrategia fundamental debiera ser que podamos fortalecer a las fuerzas democráticas del centro y de la centro-derecha en Chile, y logremos separarlos definitivamente de la extrema izquierda con la cual están ahora aliados. Debiéramos dejar en claro a las fuerzas moderadas que lograrán más apoyo de nosotros si se dividen de los comunistas» 55.
El fracaso del «año decisivo»
En los primeros meses de 1985 la represión tomó nuevas formas, cuando a fines de marzo tres militantes comunistas fueron detenidos, degollados y abandonados en el sector norte de Santiago. El 29 de marzo de 1985, dos jóvenes de Villa Francia, Rafael y Eduardo Vergara, fueron emboscados y asesinados en el sector de Las Rejas. Ese mismo día, la CNI disparó y dio muerte a la joven mirista Paulina Aguirre, cuando regresaba a su casa en el sector de El Arrayán. La represión demostraba no tener límites, y si bien la desaparición de detenidos ya no era la norma, los opositores eran ejecutados o asesinados en la más completa impunidad. En agosto de ese año la Comisión Nacional de Derechos Humanos convocó a una Nueva Jornada por la Vida (en agosto del año anterior la Iglesia Católica había convocado a una manifestación semejante). En septiembre y noviembre volvieron las Protestas Nacionales. Con todo, el año 1985 terminaba con una fuerte sensación de impasse en la siempre dividida oposición política al régimen militar, una situación que la mayoría de la población reprochaba a los partidos y veía en ella uno de los principales obstáculos para terminar con la dictadura.
Los partidos políticos buscaron romper el impasse apelando una vez más a aquello que era común a sus estrategias: la movilización social. Para estos efectos decidieron apoyar el desarrollo de una Asamblea de la Civilidad, la que fue convocada por el presidente de la Federación de Colegios Profesionales. Junto a la Asamblea se constituyó también un «Comité Político Privado», integrado por representantes de los partidos, que actuaría con un cierto «derecho a veto» sobre esta nueva agrupación social.
A la Asamblea de la Civilidad adhirieron 26 colegios profesionales, 72 confederaciones y federaciones afiliadas al Comando Nacional de Trabajadores (CNT), 28 correspondientes a la Central Democrática de Trabajadores (CDT) y 26 federaciones estudiantiles, comerciantes, camioneros, pobladores, sector pasivo, pequeños industriales y artesanos 56.
La Asamblea de la Civilidad, una vez constituida, procedió a elaborar la «Demanda de Chile»,