Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990). Marío Garcés
de actividades para el 2 y 3 de julio de 1986. Como era previsible, la dictadura no acogió las demandas de la Asamblea, y el 2 y 3 de julio se puso en marcha el anunciado Paro Nacional.
El 2 de julio, la ciudad de Santiago, al igual que en reiteradas ocasiones anteriores, amaneció copada de militares en traje de campaña y con los rostros pintados para la guerra. Y si bien la protesta-paro alcanzó importantes logros –un 90% de los estudiantes no asistieron a clases y un 70% del transporte público paralizó–, la represión tomó nuevas e intimidantes formas cuando dos jóvenes –Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri– fueron detenidos y quemados vivos en el sector poniente de Santiago. Rodrigo falleció a los pocos días y Carmen Gloria sobrevivió con grandes dificultades y huellas físicas y psicológicas.
La mayor parte de los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad, 14 de 18, fueron detenidos, y los partidos en el Comité Político Privado hicieron nuevamente visibles sus diferencias, mientras Estados Unidos reforzaba su política en favor de una salida pactada sin los comunistas. Finalmente, el 6 de agosto, el descubrimiento de una internación de armas en el norte del país –organizado por el PC y FPMR en Carrizal Bajo– condujo al quiebre definitivo de la oposición.
Todavía el 7 de septiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez emboscó a la comitiva de Pinochet en el Cajón del Maipo, sin lograr terminar con la vida del dictador. La represión recrudeció luego de estos sucesos y buscó el aniquilamiento del FPMR. Se sucedieron las detenciones declaraciones obtenidas bajo tortura con impunidad y publicadas por los medios de prensa oficialistas, amén del asesinato de un alto número de militantes. La denominada «Operación Albania», de triste memoria, organizada por la CNI, incluyó la muerte de doce militantes, siete de ellos en un mismo lugar, luego de haber sido detenidos y torturados.
El «año decisivo», que había comenzado con un alto grado de optimismo en la movilización social, culminó con la oposición dividida y el colapso de la política comunista de «rebelión popular». Entonces, el centro político recuperó el control sobre la oposición política y propuso una poco convincente «campaña por elecciones libres», que muy pronto dio paso a la decisión de participar en el itinerario constitucional de Pinochet, que incluía un llamado a plebiscito para 1988.
Camino al plebiscito de 1988
El cuadro político y social sufrió entonces un verdadero vuelco. En el campo político, hegemonizado ahora por la Alianza Democrática, se enfatizaría en aceptar las leyes políticas promulgadas por la dictadura, inscribirse en los registros electorales y participar en la «Campaña por el No», que se desplegaría con gran energía en 1988. Los distintos grupos socialistas tomaron distancia del PC y del MIR después del descubrimiento de los arsenales y el fallido atentado a Pinochet. Particularmente significativo fue el giro del PS Almeyda, el que no sólo se distanció del PC –que era renuente a inscribirse en los registros electorales–, sino que, con el tiempo, se hizo parte de la Concertación de Partidos por la Democracia, sellando la alianza del conjunto de los socialistas con la Democracia Cristiana.
Por su parte, en el campo social, luego del fracaso del «año decisivo», se vivió un clima de incertidumbre y de divisiones, en el sentido de que se inhibía la movilización social (ya no habría más convocatorias unitarias para protestar), el protagonismo opositor pasaba a manos de los partidos políticos de centro, la izquierda se debilitaba en medio de sus propias contradicciones, y la perspectiva del cambio político al que aspiraban las organizaciones sociales se diluía y se volvía difuso a propósito de la desconfianza que generaban los partidos de la Alianza Democrática en los sectores populares organizados.
Con todo, en 1988 la coyuntura plebiscitaria se impuso, tanto en los partidos de centro como en los de izquierda, que se hicieron parte de la «Campaña del No» y de una animada y mediática acción publicitaria, que entre otros permitió a la oposición volver a la televisión (la «Franja del No»), la participación de figuras públicas en los medios, una bandera con los colores del arcoíris, y una entusiasta canción que proclamaba: «Chile, la alegría ya viene». Se sucedieron los actos públicos y grandes concentraciones en el centro de Santiago, y un masivo acto de cierre de campaña en lo que hoy se conoce como la Autopista Central 5 Sur, en la que concurrieron más de un millón de personas. De alguna manera, la coyuntura plebiscitaria permitió que se realizara el cambio que propusieron los dirigentes demócrata cristianos en 1987, de transformar la movilización social, en movilización electoral 57.
El triunfo de la opción «No», en octubre de 1988, representó una ruptura ciudadana con la dictadura. Al día siguiente de la victoria, las calles se inundaron de personas alegres y festivas que celebraban como propio el triunfo en las urnas. No obstante, «la alegría», pasajera en tales circunstancias, tendería a diluirse en los años siguientes. Era evidente que el triunfo en el plebiscito abría las puertas al proceso de «transición a la democracia». Sin embargo, el itinerario constitucional de Pinochet le aseguraba permanecer aún un año más en el poder. La elección de un nuevo presidente sólo podría realizarse a fines de 1989, y el que resultara electo ingresaría a La Moneda en marzo de 1990. Este «año de gracia» para el dictador le permitió introducir una serie de cambios institucionales, conocidas como las «leyes de amarre», que buscaban preservar un modelo de democracia restringida (o semisoberana) 58 y las principales orientaciones neoliberales en la economía, debidamente garantizadas por el Estado.
La transición a la democracia y los movimientos sociales
La transición siguió un camino político institucional en el que los partidos políticos jugarían el papel principal, y los movimientos sociales, que se habían constituido en los años ochenta, roles francamente secundarios. Esta opción de los políticos de profesión en Chile representó un modo de concebir las relaciones entre lo social y lo político como relaciones de subordinación de los actores sociales a los actores políticos que retornaban al Estado. La tarea de «la política», se pensaba o se sostenía, era la tarea de los partidos. ¿Existía otra opción? Probablemente sí, pero de más difícil tránsito y concreción: concebir la transición como un proceso de democratización del Estado y la sociedad que reconociera a las organizaciones sociales como actores fundamentales del cambio. Los partidos políticos, en esta opción, tendrían que haberse puesto al servicio de las demandas y dinámicas de las organizaciones y los movimientos sociales. Pesó más la tradición, que más de un analista celebró, y vio como la condición de éxito de la transición el mayor protagonismo de los partidos «con las organizaciones sociales a su sombra» 59.
En el mediano plazo, esta opción produciría una suerte de desacoplamiento entre lo social y político en el que los políticos de profesión ganaron en protagonismo y autonomía, pero al precio de vaciar de contenidos a la política y de tomar distancia de los movimientos sociales, y más ampliamente de la sociedad civil de raíz popular. Un segundo efecto de este proceso fue la progresiva despolitización de la sociedad cuando, por una parte, la política tendió a ser monopolizada por el Estado y los partidos políticos, y por otra, la expansión del mercado y el acceso al consumo de bienes modificó las prácticas, aspiraciones y valores de importantes grupos sociales, incluidos los más pobres.
Luego del triunfo del No en el Plebiscito de 1988, se abrieron algunos canales de interlocución entre representantes de la dictadura y los dirigentes de la Concertación, que permitieron, durante 1989, la realización de un nuevo plebiscito que permitió hacer reformas a la Constitución en algunos de sus artículos más conservadores, sin modificar la estructura y el sentido autoritario de la Constitución de 1980.
Aylwin fue elegido presidente en diciembre de 1989 y la transmisión del mando se produjo en marzo de 1990. La nueva administración se caracterizó por poner el acento –con límites por cierto– en establecer una «verdad oficial» sobre la violación de los derechos humanos, para lo cual se creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que preparó un informe, conocido como el Informe Rettig, que fue hecho público en febrero de 1991 60. Por otra parte, se puso también énfasis en la idea de «pagar la deuda social» para con los más pobres, para lo cual se creó una diversidad de