Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990). Marío Garcés
pronto una crisis recesiva en la economía que se inició en 1981 y que se profundizó en 1982, cuando la banca quebró, muchas industrias cerraron y la deuda externa creció a niveles inimaginables, en tal grado que ni siquiera se alcanzaban a pagar los intereses acordados. En este contexto, la situación de los sectores populares, ya deteriorada en los primeros años de dictadura, se volvió más crítica, agudizándose la pobreza y con ella los problemas de la subsistencia, la salud, la vivienda y el acceso al trabajo.
Los trabajadores de la Gran Minería del Cobre, reunidos en un congreso sindical en 1983, cambiaron su directiva y proclamaron que «nuestro problema no es una ley más o una ley menos», sino que la necesidad de volver a un régimen democrático que permitiera la reconstrucción económica y política del país. Se sugirió, en este contexto, la posibilidad de llevar adelante un Paro Nacional, sin embargo luego de diversos debates entre los dirigentes sindicales y políticos, y de las diferencias que existían entre las diversas zonales del Cobre, se admitió las enormes dificultades que ello implicaba. Se fue imponiendo, entonces, la idea de convocar a una «protesta nacional» que hiciera posible la «expresión pública» del descontento. Para estos efectos se convocó a diversas acciones colectivas para el día 11 de mayo de 1983: no enviar a los niños al colegio, no realizar trámites en el centro de la ciudad, efectuar manifestaciones públicas de descontento en las universidades y tocar las cacerolas a partir de las 20:00 horas de ese día.
La convocatoria a la protesta del 11 de mayo alcanzó una masividad y extensión que sorprendió a todos, a los propios convocantes y a la dictadura de Pinochet. El malestar se expresó efectivamente en las universidades, pero su mayor impacto se produjo durante la noche, en que no sólo sonaron las cacerolas, sino que además se escucharon bocinazos y manifestaciones callejeras en barrios de los sectores medios, como Providencia y Ñuñoa. Pero más extendidas fueron las manifestaciones en los barrios populares, donde se levantaron barricadas, hubo cortes de luz, pequeñas marchas festivas y enfrentamientos con la policía. Esa noche dos pobladores perdieron la vida, y se contabilizaron 50 heridos y más de 300 detenidos 48.
El éxito de la primera Protesta Nacional llevó a que ésta se replicara periódicamente, al principio con una frecuencia casi mensual, durante los años 1983 y 1984, y con mayores intervalos entre 1985 y 1987. La oposición social y política a la dictadura había finalmente encontrado un modo de expresarse que sumaba amplios y variados sectores. La sociedad chilena, como en otras épocas, volvía a politizarse y la correlación de fuerzas entre la dictadura y la oposición se modificaba definitivamente. Desde el punto de vista social, si bien al principio los sindicalistas jugaron un papel relevante, sobre todo en las convocatorias, en realidad los que más se movilizaban eran las mujeres, los estudiantes y los pobladores. Esta inédita situación en la movilización social interpeló por mucho tiempo a la izquierda política que, por razones ideológicas, estimaba que los principales opositores a la dictadura eran los trabajadores. El debate no se podía zanjar fácilmente, como algunos pretendieron, indicando que los pobladores no eran más que los trabajadores en sus barrios de residencia, pero, a decir verdad, la realidad era más compleja, ya que en las poblaciones los más activos en la protesta eran los jóvenes y las mujeres, que no necesariamente tenían trabajos formales. Por otra parte, donde la protesta tuvo mayores dificultades para instalarse fue justamente entre los trabajadores formales, tanto del sector público como del privado.
La protesta poblacional fue probablemente la mayor novedad histórica en esta etapa de la historia de Chile. Los más pobres resultaron ser los más activos en la lucha contra la dictadura. Esta nueva realidad se puede explicar, entre otras razones, porque fue en este sector donde más avanzaron las experiencias de solidaridad y los procesos de reconstrucción del tejido social a través de esa variedad de organizaciones que se desarrollaron bajo el alero de la Iglesia, la acción de los partidos políticos que se recomponían en la clandestinidad, así como a través de las iniciativas de educación popular que promovían las ONG.
Las protestas permitían hacer visible el descontento y favorecían la rearticulación de actores sociales y políticos, en el plano de la acción concreta contra la dictadura. Sin embargo, los grados de articulación en el plano de la «acción expresiva» no aseguraban una traducción política consistente en el plano de las estrategias de la oposición y la acción política más permanente. Dicho de otro modo, la protesta, como un momento de la acción expresiva, «dejaba abierto el problemático campo de la concertación, del consenso político, de la politización más global de la sociedad, así como la construcción de instrumentos políticos (propuestas, movimientos) que aseguren la permanencia y continuidad de la acción opositora» 49. De este modo, las protestas podían ser leídas desde distintas «claves estratégicas», dependiendo de las opciones de los diversos actores políticos, como efectivamente ocurrió cuando reemergió en el espacio público el protagonismo de los partidos políticos y sus alianzas.
Las protestas favorecieron, en algunos casos, una relativamente rápida recomposición y, en términos generales, una mayor visibilidad pública del conjunto de los partidos políticos. La estrecha relación entre los dirigentes de las confederaciones sindicales y los partidos políticos hizo que, cuando la represión amenazaba a los sindicalistas, los partidos políticos tomaran el relevo en las convocatorias.
El principal problema de la recomposición del sistema partidario en el espacio público es que los partidos políticos muy pronto hicieron manifiestas sus diferencias de estrategias para enfrentar a la dictadura, y en un sentido más difuso, en relación al significado que tendría la recuperación de la democracia. Si ya en agosto de 1983 se había estructurado la Alianza Democrática, que sumaba a demócrata cristianos, socialistas, radicales y algunos liberales, para septiembre se constituyeron el Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Bloque Socialista (BS). El primero agrupaba a comunistas, socialistas almeydas y miristas, mientras el segundo incluía a grupos de la Convergencia Socialista, del MAPU y de la Izquierda Cristiana. Las propuestas políticas de estos diversos conglomerados o alianzas fueron básicamente los siguientes:
1 La Alianza Democrática se proponía alcanzar el fin de la dictadura a través de la movilización y el «diálogo» con el régimen militar.
2 El MDP enfatizaba en la movilización rupturista, recurriendo a todas las formas de lucha, capaces de provocar una suerte de insurrección popular y el colapso del régimen.
3 El Bloque Socialista postulaba la movilización como «desobediencia civil», con el objeto de generar una crisis de gobernabilidad y negociar desde allí una salida con las Fuerzas Armadas 50.
Lo que tenían en común estas diversas propuestas es que todas ellas hacían o reconocían en la movilización social la clave para hacer posible el fin de la dictadura y la recuperación de la democracia. Sin embargo, era evidente que mientras el centro político se proponía alcanzar acuerdos en el corto plazo mediante la negociación y el diálogo, la izquierda descartaba esta posibilidad, habida cuenta de las características del régimen militar, entre las cuales el personalismo de Pinochet, como jefe de las Fuerzas Armadas, era un obstáculo difícil de vencer. Por cierto había otras diferencias, sobre todo desde el centro político, que enfatizaba en el rechazo al lugar que podía ocupar la violencia en la movilización social y como componente de una estrategia de derrocamiento.
Con todo, si bien las diversas estrategias de la oposición reconocían en la movilización social un factor clave para alcanzar el fin de la dictadura, éstas no establecían vínculos ni relaciones orgánicas con las demandas más específicas de cambio de los diversos movimientos sociales. Es decir, la «acción expresiva», que se manifestaba en las protestas encontraba traducción política en cuanto a la «estrategia de derrocamiento» (negociación vs. ruptura), pero no necesariamente en cuanto a un proyecto de sociedad alternativa al neoliberalismo autoritario impuesto por la dictadura. De este modo, se generaban distancias y tensiones entre las «protestas» y las «propuestas políticas», en el sentido de que si bien se insinuaban estrategias –no siempre eficientes– de derrocamiento, no era claro en ninguna de ellas el papel y el rol que debía ocupar el movimiento popular 51. Para el centro político lo principal era abrir espacios de negociación, en el cual ellos jugarían el papel de «representantes» de los sectores populares. Para la izquierda,