Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990). Marío Garcés
Desde el punto de vista de los diversos grupos sociales que apoyaron a la Unidad Popular, de trabajadores, campesinos, pobladores y estudiantes, si bien la represión los golpeó duramente, algunos de ellos pudieron iniciar, en los años siguientes al golpe de Estado de 1973, diversos procesos de reagrupación. Grupos de dirigentes sindicales, las primeras agrupaciones de víctimas de la represión, pero especialmente los pobladores, iniciaron un lento y progresivo proceso de rearticulación del movimiento popular.
Reconstrucción del tejido social y la izquierda
En los barrios y poblaciones de Santiago, diversos grupos de base se vincularon a las comunidades cristianas de base y a la acción social de las iglesias cristianas, que menos de un mes después del golpe dieron vida al Comité por la Paz en Chile (COPACHI) 36. En los espacios poblacionales se fueron generando iniciativas de apoyo solidario a las víctimas de la represión, organizaciones que enfrentaron el desempleo y el hambre, especialmente bolsas de cesantes y comedores infantiles, asociaciones de jóvenes y de mujeres, que en conjunto fueron dando lugar a una paulatina «reconstrucción del tejido social popular».
Las organizaciones sindicales, especialmente dirigentes de federaciones que sobrevivieron a la represión, y de otros que modificaron su inicial postura de apoyo a los militares, generaron nuevas instancias de coordinación (Grupo de los 10, Coordinadora Nacional de Sindicatos) y convocaron en 1978 y 1979 a conmemorar el 1° de mayo en el centro de Santiago. En ambos casos fueron reprimidos, pero congregaron a un importante número de trabajadores, militantes de partidos y pobladores. Estas fueron las primeras manifestaciones públicas de oposición a la dictadura. En estos mismos años, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó dos importantes huelgas de hambre, la de mayor impacto denominada «Huelga larga», de diecisiete días en 1978, una iniciativa que encontró apoyo en el exterior, así como en comunidades cristianas en Santiago y algunas provincias, como Valparaíso y Concepción 37. Con estas acciones buscaron llamar la atención sobre la suerte corrida por sus familiares detenidos y desaparecidos.
En el caso del pueblo mapuche, previo al golpe de Estado, vivieron los efectos más duros de la represión, cuando fuerzas militares invadieron el Centro de Producción Nehuentué, el 30 de agosto de 1973, provocando maltratos y torturas a los dirigentes mapuche, uno de los cuales murió producto de las golpizas recibidas el 8 de septiembre de 1973. Una vez consumado el golpe de Estado la represión se extendió por toda la zona, incluyendo la tortura, la muerte y la desaparición de algunos detenidos. En 1978, se publicó una Nueva Ley Indígena (Decreto Ley N° 2.568, sobre división de las comunidades indígenas), y paralelamente la CONAF comenzó a rematar grandes extensiones territoriales y favorecer el desarrollo de las empresas forestales que terminarían por controlar la mayor parte del territorio.
Si bien en los primeros años de dictadura predominó la represión, hacia 1978 los mapuche comenzaron un proceso de rearticulación y resistencia que buscó asentarse en las comunidades, pero al mismo tiempo dieron lugar a nuevas organizaciones étnico-sociales, los centros culturales mapuche que dieron origen a Ad-mapu, «organización que se volcó a organizar y representar reivindicaciones, apuntando a la condición de pueblo originario y a sus derechos colectivos inherentes» 38. Estas organizaciones contaron con el apoyo de la Iglesia Católica, buscaron combatir los efectos de la Nueva Ley Indígena e inauguraron el desarrollo de nuevas orientaciones sociopolíticas entre los mapuche, que adquirirían mayor desarrollo en los años ochenta, «con creciente protagonismo de organizaciones, liderazgo y presencia de intelectuales mapuche», lo que provocaría entre otros efectos un distanciamiento o rechazo con los partidos políticos chilenos 39.
Sin embargo, como hemos adelantado, en el contexto de la acción social de la Iglesia Católica, fue en las poblaciones donde se desarrolló la más densa y variada red de organizaciones populares: comedores infantiles, luego comedores populares, bolsas de cesantes, centro de apoyo escolar, grupos de salud, comités de derechos humanos, grupos juveniles y de mujeres se multiplicaron entre 1976 y 1983, prácticamente en todos los barrios pobres de la Región Metropolitana. En una primera etapa, como ya dijimos, contaron con el apoyo del Comité para la Paz en Chile (COPACHI), y una vez que éste fue disuelto producto de la presión de los militares sobre la Iglesia, por la Vicaría de la Solidaridad, creada por el cardenal Silva Henríquez en 1976. Posteriormente, a partir de 1980, el apoyo de la Iglesia fue complementado y enriquecido por diversos «Centros de Apoyo» (más tarde, llamadas ONG). Si bien el trabajo de la Vicaría se vio tensionado por lo que los sectores más conservadores de la Iglesia consideraban los efectos políticos no deseados de la acción pastoral, las ONG contaron con mayor libertad para desarrollar sus propios planes de acción y colaborar con el desarrollo de las nuevas organizaciones poblacionales. La Educación Popular, inspirada en las aportaciones de Paulo Freire, que propuso formas dialógicas de aprendizaje y de producción del saber, fueron complementadas con las nociones gramscianas de hegemonía, que apuntaron a favorecer el desarrollo de los propios sectores populares como sujetos políticos. Sin lugar a dudas, este fue un cambio significativo en los modos de concebir la acción política, ya que se buscaba fortalecer las propias capacidades de acción de los grupos de base. Desde el punto de vista organizativo, se estimaba que en los años ochenta cerca de 200 mil pobladores participaban en algún tipo de organización popular, lo que representaba aproximadamente al 10% de los pobres de Santiago 40.
La mayor actividad social y política en las poblaciones, así como la reorganización de otros grupos sociales, como los sindicalistas (tanto del campo como de la ciudad), las mujeres, los estudiantes y los mapuche, hay que situarla en un contexto dictatorial que había cancelado todas las formas tradicionales de la política chilena. Es decir, no solo no existía ningún tipo de institución democrática en el Estado ni derechos de asociación, expresión y petición para los ciudadanos, sino que los partidos políticos no podían cumplir las tradicionales formas de representación social y política que se habían desarrollado en la sociedad chilena con anterioridad al golpe de Estado de 1973. Esto creó una situación inédita que tendió a favorecer el desarrollo de la sociedad civil en sus diversas expresiones, tanto en las clases medias como entre los sectores populares. Por ejemplo, paulatinamente se fueron constituyendo diversas y animadas redes de comunidades cristianas, de organizaciones sociales que contaban con el apoyo de las vicarías zonales, de nuevas y diversas asociaciones de mujeres, de educadores populares que promovían las ONG, de comunicadores de base que producían «boletines populares», de grupos culturales y cantores populares, de comités de derechos humanos. En conjunto, esas redes favorecieron encuentros, intercambios de experiencias, iniciativas y programas de formación social y política al tiempo que promovieron la animación comunitaria entre sus bases y especialmente en los barrios populares.
Paralelamente a la reconstrucción del movimiento popular en los barrios y poblaciones, la izquierda política vivió una aguda crisis, que a partir de los años ochenta la llevaría a tomar disímiles caminos respecto del futuro. Por una parte, los socialistas en el exilio se dividieron luego del Congreso de Argel (1978) en una fracción liderada por Clodomiro Almeyda y otra por Carlos Altamirano. Mientras los primeros mantenían sus vínculos con el Partido Comunista, los segundos, partidarios de una «renovación del socialismo», establecieron alianzas con sectores del MAPU y de la Izquierda Cristiana, dando origen, en Europa y en Chile, a la Convergencia Socialista. La división de los socialistas era expresiva de las diversas lecturas que se hicieron de la derrota de la Unidad Popular, especialmente por parte de los «renovados», que enfatizaron en el valor de la democracia liberal y en el error histórico de haber pretendido realizar transformaciones profundas en la sociedad chilena sin contar con las mayorías electorales suficientes. El sector socialista renovado, a mediados del ’85, había formalizado vínculos y acuerdos con la Democracia Cristiana luego de la fundación de la Alianza Democrática de 1984. La Alianza Democrática sería más tarde la base de la Concertación de Partidos por la Democracia que lideró la transición a la democracia a fines de los años ochenta.
Los comunistas, por su parte, vivieron su propio proceso de «renovación», pero en un sentido muy distinto al de los socialistas. El PC en los años más duros de la represión, entre 1973-1980, sufrió la captura y posterior desaparición de dos de sus direcciones