Triannual II. Sara Téllez
porcentaje de afectados por la situación que fueran mal pertrechados, por imprevisión, olvido o indiferencia pero… que fueron dieciocho horas de inmovilización… y tres mil quinientos coches… En una vía principal de desplazamiento.
2. 3.500 vehículos atascados durante 18 horas
Vamos a ver. ¿Acaso hizo una investigación personal, coche por coche, de cuántos llevaban cadenas, puestas o no, combustible, agua, víveres, medicinas, mantas, ropa o de cuál era la causa o la urgencia de su viaje? Pues no, porque pasaba sus vacaciones a muchos kilómetros de distancia calentita y no se dignó personarse en el lugar del caótico conflicto durante las, tantas veces referidas, horas transcurridas, excusándose a sí mismo con la alegación de que se puede trabajar por internet, aunque no tengo muy claro en qué trabajo se ocupaba en aquel momento porque en rescatar a los atascados, como era su obligación, no parecía ser. Su dedicación a su trabajo, por otro lado, resultaba cosa tan poco probada como la culpabilidad de todos los conductores, metidos en el mismo saco de reproches.
¿Y se permitió prejuzgar sin pruebas las razones individuales por las que cada uno se desplazó, en el ejercicio de un derecho de asueto, tan respetable como el suyo propio o por otras razones legítimas? Pues sí, porque tal parecía que había entrado en modo defensivo con su actitud respecto de la población afectada, poniéndoles como irresponsables amantes del peligro y del riesgo de muerte en esas fechas invernales. Parecía definirles como culpables de voluntaria exposición a la intemperie, en lugar de víctimas de los elementos climáticos no compensados por los imprescindibles medios técnicos que debieron despejar la vía y que brillaban por su ausencia. Resultando así que parecía actuar como juez y parte contra sus mismos conciudadanos quienes, además de ser los perjudicados por la omisión de los organismos oficiales y privados (y tal vez víctimas de la indiferencia general), repito que son los mismos que le pagan su sustancioso salario, y no para que les ponga multas sino para que les facilite la vida ordinaria.
En su intervención televisada se manifestaba en modo autodefensa según aparecía en las grabaciones de las distintas cadenas de televisión. El «gerente» de Tráfico manifestaba en realidad la postura de los cargos públicos cuando pretenden eludir la dimisión en distintas situaciones comprometidas. En este caso, además, el mandatario se irritaba por haber sido molestado en su respetable y, al parecer, prioritarias necesidades personales de desplazamiento y descanso. Pero sin respetar a su vez el mismo derecho para sus conciudadanos afectados por la nevada: ¿cuántos?, porque 3.500 por una modesta ocupación por vehículo de 3 personas significan, como mínimo, 10.500 ciudadanos inmovilizados, de los que solo 3.500 eran conductores y el resto acompañantes.
Mientras tanto, se ha demostrado que ni habían actuado previamente ni aparecían después los vehículos quitanieves, ni salieron a trabajar los equipos de atención vial, ni la empresa responsable reaccionaba, ni cualquier tipo de servicio oficial apareció hasta entenderse que «la cosa» tenía muy mal cariz y que no iba a resolverse por sí misma con el paso del tiempo, después de dieciocho horas de inmovilización, y empeorando hasta que hubieron de recurrir, con enorme retraso y con urgencia, a los institutos militares.
Me he preguntado sucesivas veces cuántos de los ocupantes de coches afectados eran niños, supongo que muchos, quizá la mitad del total o más y, poniéndome en su lugar, cómo pasaron las criaturas el trago, emparedados en una cápsula metálica de la que no podían salir, donde confío en que por lo menos les funcionara la calefacción en cada caso, y percibiendo la preocupación de sus padres. Estos, a su vez, estremecidos por la posible situación de sus hijos, viendo transcurrir, párense a pensarlo, dieciocho terribles horas gélidas, en buena parte con oscuridad, una tras otra, empantanados en la nieve sin salida, sin luz, sin información, sin atención inmediata, en unas filas inmóviles, atascados por la nieve unos tras otros, posiblemente sin suficientes víveres o agua para tan enorme cantidad de tiempo y personas, o con requerimientos particulares en el caso de los bebés, que los habría, sin servicios higiénicos, sin vías de escape mientras aumentaba la nieve en su entorno y compartiendo entre sí ayudas básicas mutuas, en lo que alcanzaban, hasta que los equipos de ejército y guardia civil despejaron la vía lentamente. ¿Más de 5.000 niños en esa tesitura?
Igualmente me pregunto cuántos de los afectados por el atasco se han llevado de allí tremendos enfriamientos, gripes quincenales, agravamientos varios de su salud. Cuestiones de las que tampoco se compadecen la DGT y su titular. Que, claro, ha preferido la facilidad coyuntural de derivar después los hechos, tratando de minorar el efecto de su primera intervención, al acusar —y lo tenía fácil— a la empresa explotadora de la autopista de peaje porque, no lo olvidemos, que esa es otra para colmo, los conductores habrían creído que el hecho de pagar por un servicio (la autopista de peaje) iba a facilitarles un camino que, por el contrario, les ha complicado indignamente.
Pero ¿algo de eso libera a la DGT de responsabilidad, en la persona de su titular, pagado él y su administración con dinero público, parte porcentual del cual procede de los bolsillos de los atascados? Pues, o mucho me equivoco, o a ese organismo oficial correspondía haber aparejado —además de la inmediata presencia de su titular en el lugar del episodio— medios de asistencia rápida, operativos y eficaces. Y movilizar tanto los instrumentos oficiales de intervención como aquellos otros exigibles contractualmente a la empresa mercantil a la que el Gobierno, que también le ha nombrado a él para su cargo dirigente, había otorgado la concesión de explotación de la ruta, en la que la contraprestación debida al cliente pagador de la tarifa de peaje —que es el conductor del vehículo— consiste en ofrecerle una vía garantizada, controlada y atendida, como requerimiento legal. Y humanitario, principalmente, a la vista del suceso. Y que, a la vez que demuestra claramente la responsabilidad directa de la empresa concesionaria en lo sucedido (y me pregunto cómo y por qué razones la seleccionaron), también resalta la falta de control y la responsabilidad subsidiaria de la Administración que debía vigilar el cumplimiento del servicio contratado.
Ni que decir tiene que ahora, a hecho pasado, se ha impulsado y se ha publicitado una actuación acelerada, en el sentido de redundar en que las empresas concesionarias cumplan con su obligación de desplegar los servicios requeridos ante una nevada, para mantener la vía expedita. Como suele ocurrir aquí, solo cuando se produce un desastre, se soluciona la causa —al menos hasta que los hechos se olvidan, para después posiblemente volver a disminuir las soluciones—, pero «al que le toca, le ha tocado». Como en este caso los servicios del concesionario no actuaron, y así se ha comprobado y probado, se le sanciona pero ¿en serio un par de multas es una sanción equivalente al perjuicio producido? Las horas y los agobios pasados por las personas inmovilizadas no los enmiendan dos multas a la concesionaria que, además, van a parar a las arcas oficiales, no a los perjudicados, que han sido los ciudadanos afectados.
Controlar y estar en alerta oficial con tiempo de antelación, y con capacidad de reacción inmediata, vigilancia e intervención, eso sí que habría sido previsión, la que no tuvieron en su momento oportuno los mecanismos oficiales, aunque el director de la DGT al parecer considerase que ya había sido un instrumento suficiente la información del tiempo en los medios. Desde luego la información no pareció ser bastante pues no la ignoró, o no la entendió, o no la apreció, por lo visto, la propia empresa concesionaria, responsable de la prestación del servicio y a la que los mecanismos oficiales le habían otorgado el negocio privado que implica hacerse cargo de la vía de peaje.
Qué decir —de contrario— sino que el impávido e ineficaz director del tráfico y sus oficinas (¿funcionaba algo ese día?) sí que habrían dispuesto de la información climática con mucha mayor amplitud, puntualidad, intensidad, conocimiento y eficacia que los ciudadanos comunes. Y por tanto de todos los medios para organizar y vigilar el uso de los vehículos de respuesta a temporales, incluso reforzados para evitar que se complicara la situación hasta el punto en que lo hizo y para reaccionar con presteza para resolverla… Visto lo cual, si en su momento se permitió considerar a los conductores afectados como imprudentes, ¿ha revisado la viga en el ojo propio?
Ni excusas «tácticas», ni dos sanciones a la empresa concesionaria van a servir de nada a la población que estuvo afectada, por más que reclamen y que les den ridículas devoluciones, como ha ocurrido en otras áreas, en una situación parecida, como tiempo antes