Nada Sobra, Carlos Ingham. Red de alimentos
mi dormitorio para cambiarse. Irá más cómodo con otra ropa.
–Se lo agradezco, Presidente –le dijo Calú.
Minutos después, cuando Calú salió del dormitorio que se transforma en comedor, Lagos terminaba el discurso que daría al otro día en Tocopilla.
–Oiga, Calú ¿y no quiere abrir una sede del JP Morgan en Antofagasta? –le dijo Lagos entre sonrisas.
Y así, la primera parada del avión fue en Antofagasta. Calú agradeció al mandatario, pero no acompañó a la comitiva en esa escala. Luego de aterrizar en la ciudad nortina, tomó el primer avión disponible a la capital.
***
Durante su administración, el presidente Lagos había hecho las gestiones para que –a solicitud de Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay– el Sr. Harry Recanati, exdueño de bancos en Inglaterra, Suiza y Francia, pudiera traer colecciones itinerantes al Mueso Ralli de Santiago (fundado en 1992), para rotarla con las de los otros muesos Ralli (Punta del Este, Uruguay, 1988; Cesarea, 1993, cerca de Tel Aviv, en Israel; y Marbella, España 2000)12. Su objetivo era tener una colección itinerante durante cinco años que circulara entre los museos, además de la colección permanente que cada uno alberga. Pero para ello tenía que pagar aranceles por la internación de bienes, lo cual hacía inviable incluir a nuestro país en el circuito.
En Chile, la ley tributaria permite la “internación transitoria de bienes”, como equipos, aparatos, luces, películas para emisión en cines, obras de arte, entre otros, pero solo por seis meses. Al cabo de ese lapso, se debe pagar el derecho aduanero y el IVA correspondiente.
La solicitud del expresidente Sanguinetti era que se extendiera el plazo de seis meses a cinco años para las obras de arte. En caso contrario, el museo no podría traer esas colecciones a Santiago. Al entonces presidente Ricardo Lagos le pareció razonable la solicitud e inició conversaciones con el SII para ver cómo se podía resolver esto. Hasta que finalmente se hizo el cambio de normativa hacia el final de su administración.
En el caso del banco de alimentos, el presidente Lagos no alcanzó a hacer nada. Aunque en realidad sí lo hizo, pero fue bastante después, en 2015.
Odisea 2006
En cuanto asumió el nuevo gobierno, esta vez dirigido por la primera mujer presidenta en Chile, Michelle Bachelet, Calú se animó a volver a la carga, para lo cual estuvo dispuesto a quemar uno de sus últimos cartuchos.
Su socio, Tim Purcell, es amigo de Andrés Velasco. Así que, sin pensarlo demasiado, le pidió que lo contactara con el nuevo ministro de Hacienda.
En esa ocasión, al teléfono, Calú se sinceró con el ministro.
–Te juro, Andrés, que no doy más. He hablado con medio mundo. He gastado las suelas de los zapatos recorriendo las oficinas de los distintos gobiernos. Les he llevado carpetas llenas de documentos sobre cómo operan los bancos de alimentos en otros países, he presentado diversas propuestas para evitar los posibles loopholes tributarios, le planteé el proyecto al presidente Lagos en 2005, pero nada parece posible. No hay ninguna receptividad con el tema. Y, simplemente, no lo puedo creer. De verdad, que no lo puedo creer –se confesó Calú–. Necesito ayuda, Andrés, por favor. Si vos no me ayudás, no sé a quién más puedo recurrir –remató.
Después de esta llamada telefónica, a fines de 2006, Andrés Velasco llamó a su subsecretaria, María Olivia Recart.
–¿Malala?
–Sí, Andrés.
–Necesito que hables con un señor. Se llama Carlos Ingham y está tratando de armar un banco de alimentos en Chile, pero tiene el problema de que la normativa de los gastos rechazados del SII le impide recolectar alimentos de las empresas. ¿Lo podrías atender, por favor? –pidió el ministro–. Quizás esto se ajuste con el tema de las donaciones sociales que estás manejando.
–Claro. No te preocupes, yo me encargo –respondió la subsecretaria.
Como subsecretaria del Ministerio de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, María Olivia Recart trabajó mucho con las organizaciones sin fines de lucro para crear un fondo social para que el Ministerio de Desarrollo Social pudiera apoyar a las fundaciones de beneficencia sin fines de lucro más pequeñas, aquellas que no suelen ser favorecidas por las grandes empresas donantes. En específico, ella y su equipo se dedicaron a reformular la ley de donaciones con fines sociales de las que eran objeto las organizaciones sociales y deportivas, comparándolas con la Ley Valdés13, que era mejor en términos de distribución de los aportes. Esto, ya que la Ley de Donaciones Culturales permite:
(a) que el 50% del monto de la donación pueda ser rebajado directamente del impuesto a pagar por las empresas o por trabajadores independientes o por cuenta propia, con límite del 2% de la renta líquida imponible o de la renta imponible del impuesto global complementario, sin exceder el monto de 14.000 UTM al año;
(b) y que el 50% restante de la donación o aquella parte que no pueda ser imputada como crédito, pueda rebajarse como gasto tributario en su totalidad, sin tope o límite alguno.
En este sentido, la reforma a la Ley de Donaciones Sociales nivelaba más la cancha, ya que, con esta nueva ley, cuando una empresa dona dinero a una organización no gubernamental (ONG), el Estado reconoce ese aporte y reduce su pago de impuestos. Luego, parte de esa rebaja tributaria se deposita en un fondo para que las ONG postulen a este a través del Ministerio de Desarrollo Social. Así se genera una mayor redistribución e igualdad entre las instituciones grandes y pequeñas.
Finalmente, las averiguaciones respecto a qué había que hacer para que esto fuese posible los condujo –y no podía ser de otra forma– nuevamente al SII. Para ello se organizó una comisión para iniciar conversaciones con la entidad controladora, pero no hubo mayores avances.
Fue un trabajo muy difícil, porque para impuestos internos el principio no es de sospecha, sino de mal uso. Donde abres una posibilidad de mal uso, ellos tienen que fiscalizar más, tienen que verificar cómo se está aplicando la normativa. –María Olivia Recart.
***
Entretanto, Aníbal Larraín, entonces director de Watt’s, le envió a Calú una información que fue de gran importancia para establecer un concepto que resultó fundamental más adelante para llegar a puerto con el Servicio de Impuestos Internos. Se trata de lo que luego se denominó “productos aptos para el consumo o uso, pero que ya no son comercializables”.
–Calú, Aníbal Larraín te llama –dijo su secretaria.
–Pasame la llamada, Jeanette, gracias.
–Calú, hola, ¿cómo estás? Te llamo porque me quedé pensando en este asunto del gasto rechazado y creo que tengo una información que te puede ser útil. Y antes de mandártela, te la quería explicar un poco.
–Buenísimo, che. Contame.
–Como te decía el otro día, el funcionamiento de los supermercados en Chile es de los más modernos del retail, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Estos han establecido protocolos muy estrictos con las empresas proveedoras, como nosotros, respecto a las fechas de vencimiento de los productos. Cada supermercado tiene las propias, de ahí que pedí que te organizaran unas “tablas” con las fechas.
–Ya…, entonces...
–Bueno, que si un producto tiene, digamos, una vida útil de 90 días antes de vencer, los supermercados nos lo devuelven a los proveedores a los treinta. Como te imaginarás, la diferencia entre lo que les entregamos y lo que nos devuelven 60 días después, en teoría, lo podríamos salir a vender a los locales de barrio. El problema es que la logística de aquello es muy grande y requiere de un tiempo que ya no tiene el producto. Es decir, en la práctica, esos productos ya no los podemos vender. No sé. Te lo dejo planteado, y mi secretaria te envía mañana toda la información. Velo con los expertos que te asesoran. Capaz que te sirva.
–Estupenda información, Aníbal.