Fidelidad, guerra y castigo. Sergio Villamarín Gómez

      Sin que se hubiera producido algún hecho de armas aún, 1704 vio incrementar notablemente la presencia del conflicto en territorio valenciano, centrada en la comarca de la Marina. El desembarco aliado del día del Corpus ocupó la atención virreinal sobre la zona. Desde la corte se recomendó fortalecer militarmente el litoral, y el virrey Villagarcía tomó plena conciencia de la necesidad de reprimir la cada vez más ruidosa disidencia auspiciada por los desembarcos aliados, creando una junta formada por magistrados de la Audiencia. Sin embargo, la falta de fondos dejó en nada la voluntad de fortificar la plaza –adelantando lo que fue la tónica de la política borbónica en Valencia, la falta absoluta de medios–.⁴⁰ Y es que la agitación austracista era ya pública y notoria

      Bien se entreohía, que por los lugares del Reyno ivan algunos embiados, sembrando noticias perjudiciales, con que engañavan aquella gente bozal y rústica, los unos de la Marina ya inquietos por ciertas pretensiones de la franqueza que havian intentado los años pasados, a los quales ofrezían libertades y franquezas, y los otros montañeses simples y rudos, que aquellos con la fácil persuasión de sus antiguas ideas, y estos con la ignorancia de sus sencillezes, eran fáciles de persuadir unos y engañar otros. ⁴¹

      Dado que una parte significativa del clero desempeñaba un papel fundamental en esta labor de propaganda, se debía actuar en un ámbito vedado a la junta de ministros de la Audiencia recién creada, debiéndose contar inexcusablemente con la colaboración del arzobispo de Valencia Folch de Cardona, sin demasiados resultados.⁴²

      Ninguna de estas actuaciones aparece en los libros de la diputación valenciana, aislada de esta realidad. De entre las escasísimas referencias al conflicto, destaca las de su participación en la leva acordada por los electos de los estamentos: un regimiento de 600 hombres destinados a Cádiz que se sufragaría con los repartos que éstos ejecutarían entre los distintos pueblos y ciudades.⁴³ Los electos utilizarían la casa de las armas para custodiar a los reclutados, con el permiso de los diputados, que asimismo prestaron a los síndicos de los tres estamentos 120 armas para su equipamiento.⁴⁴ Si bien es cierto que las funciones de la Generalitat poco o nada tienen que ver con este tipo de actuaciones,⁴⁵ no deja de sorprender que una institución de composición estamental y radicada en la capital del reino manifieste tan escasa presencia. Las causas podían ser variadas. Sus propias limitaciones, la lejanía –más aparente que real– del conflicto bélico, la falta de convencimiento en cualquier tipo de sublevación que se tenía en la capital, o la inercia que marcaba la tibieza de las actuaciones del virrey Villagarcía. Éste, cuya figura ha recibido diferentes valoraciones,⁴⁶ o tampoco consideró probable una sublevación a favor de Carlos, o bien no quería propiciarla con una política excesivamente agresiva o grandilocuente. Sea como fuere, con mayor o menor implicación en las circunstancias del reino, con temor a la sublevación o sin él, los diputados no dejaron de mostrar su fidelidad a Felipe V en una carta de 8 de julio en la que reiteraban que «nunca faltarán a su amor y fidelidad hasta verter la última gota de sangre…»⁴⁷

      La distancia, sin embargo, no duró mucho. Advertidos del sesgo que iban tomando los acontecimientos, con los ataques sobre Barcelona y la toma de Gibraltar por los partidarios del archiduque,⁴⁸ el 24 de julio, en presencia de todos los oficiales de la casa, se acordó gastar lo que fuere necesario en la defensa, custodia y guarda del reino. La única salvedad consistía en respetar la proporción de lo invertido con el real patrimonio. Los diputados harían uso de sus recursos del modo que estimasen oportuno, pues poseían la total y absoluta libertad de disposición sobre los bienes de la Generalidad según fueros.⁴⁹ Con esta manifestación, tan ajustada a derecho como innecesaria, parecía reservarse cierta autonomía para separarse de los electos en la adopción de decisiones relacionadas con la defensa del reino, si llegara el caso…

4. PARTICIPACIÓN DIRECTA EN EL CONFLICTO BÉLICO

      Por más que 1705 sea testigo de una fuerte ofensiva austracista sobre la península que sacudirá definitivamente la tensa paz previa,⁵⁰ la posibilidad de una sublevación en Valencia –más allá de puntuales conspiraciones y propaganda– seguía contemplándose como imposible para la Generalidad. Y no sólo para ella. Buen ejemplo de la lejanía con que se que se percibía el riesgo insurrección y la quietud reinante intramuros, fue el préstamo de armas –sin ningún tipo de garantía– a los gremios para los tradicionales desfiles de sus festividades: 80 mosquetes y 60 arcabuces al oficio de zapateros para el día de San Juan; 30 mosquetes y 100 arcabuces al gremio de boters para el día de San Pedro; 90 mosquetes y 60 arcabuces al gremio de tejedores para el día de San Jaime y Santa Ana. Su juicio no resultó en absoluto erróneo pues las armas fueron reintegradas sin el más mínimo incidente en un momento particularmente delicado: a tan solo cinco meses de la proclamación de Carlos III en la capital y mientras la armada aliada se volvía a aproximar a la Marina.⁵¹

      Sólo con la armada aliada de nuevo frente a las costas alicantinas –el 8 de agosto se niega la entrada a los buques en Alicante, dirigiéndose entonces a Altea y Dénia–⁵² mudará la despreocupada apreciación institucional. Sin alcanzar a descifrar las razones del cambio –simple precaución, temor real, o apariencia de actividad y compromiso– sobre todo a la vista de los acontecimientos anteriores, los diputados acordaron establecer guardias nocturnas en la casa de las armas a partir del 17 de agosto. Cada guardia la formarían 30 artilleros por noche, además de los que las realizaban durante el día, a las que asistirían también cada noche dos diputados, síndico, asesor, escribano y subsíndico. Paralelamente enviaron una petición al monarca solicitando un aumento para la guardia real, que consideraban manifiestamente escasa.⁵³ En pocos días Dénia se encontraría sitiada por tierra y mar, con escasas posibilidades de defensa, por lo que casi simultáneamente –el 20 de agosto de 1705– diputados y oficiales de la Generalidad se reunieron con los electos de los estamentos «…per a effecte de tratar-se y passar a la declaració del cas inopinat que ya se havia declarat en lo dia de ayr per los tres estaments…».⁵⁴ El asedio no sólo provocó la alarma de la Generalitat, como demuestra la reacción de los electos que informaron puntualmente al monarca a través del correo.⁵⁵ Sometido a votación, el caso inopinado queda aceptado nemine discrepante asignándole 4.000 libras procedentes de los derechos nuevos de la Generalidad. Pese a la celeridad con que se adopta, la declaración careció de virtualidad pues Dénia se encontraba ya en manos austracistas.⁵⁶

      La rápida rendición de la villa era síntoma evidente de su predisposición hacia la causa austriaca, que a su vez revelaba los graves errores de apreciación –al menos en lo referente a la precaria situación de la Marina, estrangulada económicamente por la prohibición de comercio con los aliados y hastiados sus habitantes de los abusos de los comerciantes franceses beneficiarios de dicha medida–⁵⁷ de las administraciones borbónicas. Así lo corroboran las propias fuentes austracistas. Tras la presentación de una escuadra frente a sus costas –con intercambio de salvas en señal de cortesía, y posteriormente de embajadores y correspondencia– la ciudad convoca una reunión de sus principales autoridades, tanto eclesiásticas como seculares. Tras pedir tiempo para tratar de la materia, deciden la entrega al día siguiente. No es de extrañar, dada la satisfacción del pueblo por la presencia de la armada