Relatos sociológicos y sociedad. Claudio Ramos Zincke
socialista, y la reacción de los sectores económica, ideológica y políticamente afectados, los cuales gradualmente hegemonizan a los sectores medios, incluyéndolos en el rechazo ideológico a ese proyecto y sus derivaciones. Esto hace que a la larga terminen enrolando en la reacción también a la Democracia Cristiana, que no puede enajenarse de sus sectores sociales de base. El paro de octubre de 1972 es un buen exponente de los resultados de esa inclusión ideológica, con sectores medios movilizados y confrontados a la Unidad Popular (109). La estrategia de la derecha que al inicio del período no consigue el apoyo del centro político para impedir por la vía legal el acceso de Allende al gobierno, no reconociendo el triunfo y pidiendo una segunda vuelta, en 1973 ya habrá logrado ese apoyo para impulsar el derrocamiento.
En el desenlace final los autores ven tres procesos en operación: (1) polarización política, que viene ya desde el gobierno demócrata cristiano, (2) deslegitimación del sistema político, a lo cual contribuyeron diversas decisiones del gobierno y el accionar del polo radical, y (3) desinstitucionalización política, expresada en movilizaciones que desbordan los cauces legales y en violencia política, que dificulta las soluciones negociadas. Estos tres procesos se refuerzan entre sí hasta llegar a una “totalización de la crisis” (Moulian y Garretón, 1978: 111), la cual es vivida como cataclismo, para unos, o como momento de redención, para otros; para todos como cambio en un modo de vida.
Junto con las dinámicas políticas que están en el centro de la atención de los autores, al final, como excusándose por no haberle prestado más atención, señalan que “a nivel popular, el período 70-73 significó una explosión de los niveles de participación y, más que eso, de su identidad como sujetos históricos”; ocurre una “masificación de la participación que desborda el carácter elitario de la política tradicional” (Moulian y Garretón, 1978: 112).
Terminan diciendo que “la sociedad chilena en el período 1970-1973 era mucho más que una sociedad convulsionada. Era también una sociedad en activo y dinámico proceso de autogestación” (Moulian y Garretón, 1978: 113). Pero que finalmente abortó; ese dinamismo contribuyó a la multiplicación de los conflictos y la conducción política no logró conciliarlos y encauzarlos productivamente.
Fracaso de la Unidad Popular: responsabilidades de la conducción política
El documento “Procesos y bloques políticos en la crisis chilena, 1970-1973”, publicado por primera vez en 1977, es el que contiene más análisis y es el que tiene mayor importancia en la elaboración de un relato sobre la sociedad. De hecho, los autores plantean su trabajo en una “perspectiva que intenta recuperar el significado de un proceso para el movimiento popular y repensar su proyecto ideológico-político” (Moulian y Garretón, 1977: 2). Está orientado a una audiencia particular y con un explícito destino de uso sociopolítico.
El texto comienza trazando algunos lineamientos analíticos más generales y luego analiza la racionalidad de los bloques políticos. En cuanto a los lineamientos generales, Garretón y Moulian dicen que en 1970 se está en presencia de una doble crisis. Por una parte, hay una crisis parcial de desarrollo, de un capitalismo dependiente incapaz de asegurar un crecimiento constante. Por otra parte, hay una crisis del Estado de compromiso, incapaz de asegurar una dirección política estable que resuelva la crisis de desarrollo económico.
No obstante, no hay una crisis del régimen político democrático, el cual posee legitimidad y estabilidad que se han mantenido desde 1938 hasta 1970. El Estado de compromiso ha mostrado la capacidad de articular, desde arriba, intereses variados, institucionalizando el conflicto. Esta modalidad de gestión del Estado permite, comenzando con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda hasta el de Frei Montalva, una compatibilidad general entre un esquema de democratización que involucra participación y movilización creciente con un modelo capitalista de desarrollo económico basado en la industrialización sustitutiva de importaciones.
Estos gobiernos de centro lograron significativa estabilidad apoyados en cuatro características: (1) fueron capaces de responder a la crisis del desarrollo hacia afuera, impulsando la industrialización y transformando al Estado en un agente económico activo; (2) desarrollaron una política de democratización económica, social y política que le aseguró la lealtad de los sectores medios; (3) tuvieron, hasta el gobierno de Frei Montalva, una gran flexibilidad en materia de compromisos y alianzas, permitiendo una significativa agregación de intereses, y (4) permitieron el acomodo de los grupos capitalistas (Moulian y Garretón 1983 [1977]: 136)48.
Esta situación se ve alterada por las líneas de acción del gobierno de la Democracia Cristiana (1964-1970). La modernización industrial, la Reforma Agraria y la ley de sindicalización campesina enajenan a ciertos sectores de la burguesía industrial y de la oligarquía agraria, cuyos intereses hasta ese momento se habían visto protegidos por los acuerdos del Estado de compromiso. Esto lleva a una mayor combatividad de clase y a un reagrupamiento político de la derecha, bajo el nuevo Partido Nacional. Hasta antes del gobierno de Frei, la iniciativa política había estado en un centro político expresado en el Partido Radical, que pragmáticamente había contribuido a un entendimiento entre burguesía, clase obrera sindicalizada y sectores medios, negociando sus intereses, sin modificar las relaciones sociales campesinas. El Estado de compromiso respondía a los intereses de la oligarquía agraria, que socialmente se entrecruzaba con la burguesía, y dejaba fuera de la mesa a un sector sin fuerza política para presionar: el campesinado.
La Democracia Cristiana con su proyecto de reformas, con su sentido de misión histórica y con su “Revolución en libertad”, rompe el esquema que había facilitado la estabilidad del Estado de compromiso. Por otra parte, para realizar su proyecto político carecía de una estrategia razonable que se lo permitiera, dada la institucionalización del sistema partidario, con una gran estabilidad del voto de la derecha y de la izquierda. Sin quebrar el esquema de tres fuerzas, no podía avanzar por sí sola. De allí sus grandes dificultades después de 1967 (Moulian y Garretón 1983 [1977]: 135).
En todo ese período, las políticas de ese Estado, en el que el Partido Radical juega un papel clave y el apoyo a la educación es privilegiado, contribuyen al desarrollo cuantitativo de las capas medias. Tal crecimiento cuantitativo se ve acompañado del aumento de su relevancia política.
En ese panorama, en 1970, dos son las alternativas que se muestran viables: (1) Frenar el proceso de democratización y darle más impulso a las dinámicas de acumulación capitalista, sin interferencias de participación o redistribución. Este es el proyecto de la derecha, frenado por el triunfo de Allende, pero que luego podrá imponerse bajo la dictadura. (2) Alterar el esquema de desarrollo capitalista, cambiando la composición de clase de la conducción del Estado, pero manteniendo el desarrollo del proceso de democratización. Este es el proyecto de la UP asumido como “vía chilena al socialismo”.
En cuanto a la “racionalidad” de los bloques políticos entre 1970-1973, algunos aspectos que destacan Moulian y Garretón (1983 [1977]: 57-63) son los apuntados a continuación.
El comportamiento de la Democracia Cristiana es de gran importancia en la evolución del proceso político del período. Su defensa identitaria, con su núcleo ideológico católico y su alternativismo ideológico, le dificultan avanzar hacia un compromiso con la Unidad Popular, pese a las convergencias existentes. Menos aún es proclive a una alianza con la derecha. Será la aguda polarización del fin del período y la capacidad de la derecha de movilizar a sus bases lo que la forzará a terminar facilitando el camino de la estrategia de la derecha.
La derecha, desde 1938, con un poder limitado, lleva a cabo una política más bien defensiva. Hasta 1964 es muy significativo en ella el peso de la fracción latifundista, que mantiene vinculaciones con los capitales financiero, comercial e industrial. El latifundio, dicen estos autores, era un espacio común a todos los sectores capitalistas, e imponía su sello en la conducta de las clases dominantes. La Reforma Agraria y la sindicalización campesina son un ataque frontal a este sector social tradicional. Con ello, este sector se ve debilitado socioeconómicamente, pero también induce una “resurrección” política de la derecha, fusionándose los partidos Conservador y Liberal, dando forma al Partido Nacional, que será activo agente en las luchas políticas de años siguientes.
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