La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991. Jorge Eliécer Guerra Vélez
Esto hará que se estrechen los lazos de solidaridad y germinen sus propios líderes. Entre las organizaciones que en el caso colombiano responden a estos criterios están, por una parte, las Juntas de Acción Comunal. Promovidas por el Estado en 1958 con la pretensión de permitir la participación (inicialmente en las zonas marginales hasta expandirse a los barrios adinerados), sirvieron a la cooptación de las bases, beneficiando principalmente al bipartidismo y la contención de ideologías de izquierda. Lo que resultó infructuoso. Además, recibieron el aval de un Camilo Torres, un Orlado Fals Borda y un Luis Sandoval. Su fuerza actual dista de la que tuvieron décadas atrás,27 y si hace tiempo dejaron de ser el tipo de organización asociativa y no partidista con mayor fuerza en el país, fue hasta hace poco, “al menos formalmente, valga destacarlo, la organización de mayor presencia, la más extendida y a su vez, por las mismas razones, la más polémica, la más llena de contradicciones”, según Beatriz López de Mesa.28 Por otra parte, en esta primera modalidad, encontramos las organizaciones que surgen al margen de la institucionalidad en las postrimerías de los años setenta, en un contexto fértil a la promulgación de ideas y la preparación de cuadros de izquierda. De las cuales algunas cederán a los esfuerzos del Estado por atraerlas con programas sociales, o terminarán absorbidas por la mismas Juntas de Acción Comunal.
Una segunda modalidad es producto de la conjunción, en la década del ochenta, de algunas de las organizaciones destacadas anteriormente con otras que aparecerán motivadas por nuevas incidencias. Con un proceso de formación más complejo, con una autonomía y cobertura mayores, sus objetivos superarán las meras demandas de infraestructura. Si al inicio sus objetivos no apuntaron al trabajo por la paz, su quehacer sí fue una respuesta a la violencia contra dirigentes sindicales, líderes barriales y militantes de izquierda, proveniente del consorcio elites locales, narcotráfico y paramilitares. Unas serán presididas por intelectuales, personalidades tildadas de demócratas y defensores de derechos humanos, otras aparecerán en los barrios populares o en procesos interbarriales29 y comúnmente denominadas “organizaciones comunitarias”; con una labor que en principio estuvo dirigida al segmento juvenil, con la puesta en marcha de programas para hacer frente a la drogadicción, prevenir la delincuencia, crear espacios de autoestima, lúdicos y deportivos. El ejemplo más concreto va a darse quizás en Medellín.30 A esta sazón, con un mejor conocimiento de causa, Martha Lucía Peña y Gerardo Holguín van a sostener:
Si bien la historia de la organización comunitaria está unida a la conformación misma de los barrios populares de Medellín […], nos atrevemos a afirmar que solo podemos hablar de procesos de desarrollo organizacional en lo comunitario a partir de finales de la década del ochenta cuando, y en contraposición a la muerte, a la marginalidad, a los modelos de vida impuestos por el narcotráfico, se impone la tendencia de darle permanencia en el tiempo a expresiones organizativas de la comunidad, como propuesta para la construcción del tejido social y como posibilidad de hacerse escuchar en una ciudad acostumbrada a hacerse la loca ante las problemáticas de los sectores más pobres de la población.31
Buscando paliar esta situación, fundaciones, la Iglesia católica y la Alcaldía de Medellín promovieron la creación de grupos juveniles, culturales, deportivos.32
La tercera modalidad de organizaciones surge alrededor de la Constituyente. Estas van a sumarse a las ya existentes, adhiriendo a la convocatoria realizada por los dos movimientos universitarios y al llamado de una apertura democrática y participativa, aunque manteniendo su autonomía para buscar protagonismo. Otras resultarían de la desmovilización de las guerrillas y de procesos anexos a la izquierda, pero con la novedad del interés por los temas étnicos, los de la mujer, el feminismo y la perspectiva de género, los de la juventud, los de la ecología y los de orden territorial, intereses a partir de los que algunas construirán la simiente de los movimientos políticos regionales.
La cuarta y última categoría aparece entre la declaratoria de “guerra integral” de Gaviria y las negociaciones entre el Gobierno Pastrana y las farc de 1998; su distintivo, el tesón en la búsqueda de la paz. No es que entre las organizaciones que se cuentan en las tres primeras modalidades no lo hayan hecho; su labor reforzó precisamente las que pertenecen a esta cuarta categoría. La hora era de una confluencia de múltiples violencias: la “guerra del o contra el narcotráfico”, el aumento de estructuras urbanas armadas (milicias y bandas), el avance del paramilitarismo, el desplazamiento forzado, el cambio en la estrategia de las farc, que pasaba de una guerra de guerrillas a una de posiciones. La Constitución no resolvió los problemas estructurales, y algunos del tipo coyuntural se volverían endémicos. Es en medio de la crisis social y la incredulidad en la cosa política que emergen unas organizaciones que exigirán del Estado y la sociedad comprometerse de lleno con la paz. Su vastedad va a entrañar cercanías ideológicas, geográficas, estratégicas, económicas; luego, en unas u otras será notoria la influencia de la Iglesia católica, el Gobierno, la izquierda, el empresariado, las mancomunidades étnicas, etc. Como la Red de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz) (creada en 1994), la Comisión de Conciliación Nacional (en 1995), la Ruta Pacífica de las Mujeres (en 1996), la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (en 1998),33 o como un compromiso del sector empresarial,34 al conjunto de estos procesos va indistintamente a conocérsele como el movimiento social por la paz, o de manera genérica, la sociedad civil.
Llamando a la sociedad civil, convergencia social y política
La paz fue la prioridad del plan de gobierno El Salto Social de Ernesto Samper, quien determinó que los objetivos sociales y económicos debían regirse por el anhelo de reconciliación del país, evocó la llamada sociedad civil invitándola a contribuir “al desarrollo de una cultura de paz, basada en la tolerancia y el respeto por la diferencia, así como una justicia moderna y eficiente que disminuya los altos índices de impunidad”.35 Aunque la propuesta de paz de Samper no entrañaba nada de excepcional frente a la que en su momento hiciera Betancur, ni la adecuación economía-inversión social difería en el fondo de la que aplicara Gaviria, sí contenía dos elementos; por un lado, el uso precisamente de la noción de sociedad civil, y que venía siendo utilizada desde el proceso Constituyente por parte de algunos intelectuales y grupos con filiaciones de izquierda; por el otro, a la par de su objetivo de la paz y otros que estimaba prioritarios para el país, despojó, en parte, a los partidos y movimientos políticos de una de sus principales privativas, la mediación y la contribución a la consecución de fines generales. Así, ya que a raíz de la Constitución se exteriorizaron mucho más las facciones, fracciones, corrientes o agrupaciones políticas a todo nivel, consideró atender los puntos de vista de otras formas de organización políticas y cívicas fueran o no de izquierda, como fundaciones, corporaciones, o del amplio universo de las ong.
El uso cada vez más recurrente del concepto “sociedad civil”, y en diversos países, que aparece promediando los años ochenta no se ajustaba inexorablemente a lo que acuñaron Locke, Rousseau, Hegel, ni tampoco a la interpretación menos depurada de Marx;36 de pronto, la mayor cercanía se daba con las reflexiones de un Gramsci. Tal evocación será ante todo análoga al desarrollo teórico en torno a los que venían denominándose los nuevos movimientos sociales (feminista, ecologista, juvenil, pacifista), para distinguirlos del movimiento campesino, obrero o estudiantil. Además, estaba la relación con hechos específicos como la caída del muro de Berlín o el fin de las dictaduras del América Latina. De esta simultaneidad daban cuenta dos de los autores que serían la referencia respecto a la noción de sociedad civil, Jean L. Cohen y Andrew Arato: “nuestra tesis es que los movimientos sociales constituyen un elemento dinámico en los procesos tendientes a movilizar el potencial de las sociedades civiles modernas. Nosotros sostenemos igualmente que nuestra teoría reconstituida de la sociedad civil es indispensable para una comprensión más indicada de las lógicas, los tratamientos y las potencialidades de los movimientos sociales contemporáneos”.37 A tono con la época, el análisis de las clases sociales, la crítica al capitalismo o el mejor sistema político perderán su jerarquía, pues la sociedad civil de la que hablaban ambos analistas no corresponde meramente al lugar de las disputas sociales en las que el Estado aparece como el gran mediador, tal como lo pensaba Hegel, ni tampoco, según la crítica de su propio discípulo Marx, al lugar donde están representados los intereses de la burguesía, sino que comprendía un campo más vasto, e inacabado:
Entendemos