El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena Medio. Julio César Moreno Correa
económicas, alimentarias, ambientales, políticas, sanitarias y psicosociales. El planteamiento expuesto es reafirmado por Londoño y Ramírez (2007). De acuerdo con lo anterior, Interpeace Guatemala (2016) indica:
Los proyectos de participación y gestión comunitarias pueden fortalecer los procesos de empoderamiento y resiliencia de la población donde emergen. Ya que gradualmente van adquiriendo la capacidad de controlar la propia vida mediante el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas para la toma de decisiones. Lo cual, además permite reforzar los procesos de resiliencia mediante vínculos de solidaridad y confianza entre sus integrantes en las acciones para hacer frente a los problemas prioritarios de su entorno. (p. 18)
El camino recorrido
Lo expuesto hasta el momento, así como los hechos acaecidos en lo recorrido de la implementación del acuerdo de paz evidencian que la realidad sobre la desconcentración del Estado ha sido la principal limitante para el cumplimiento de lo pactado, tal como lo indica Agencia Anadolu (9 de agosto de 2018):
En 18 meses desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el 61 % de los compromisos entre el Gobierno nacional y las Farc está en proceso de implementación o ha sido implementado completamente. El 39 % restante sigue pendiente; […] también alertó que algunos temas importantes y urgentes presentan retrasos. Ese es el caso de la reforma del sistema político electoral, la representación de las víctimas en el Congreso, las normas que se deben aprobar para lograr una reforma rural integral, las medidas necesarias para garantizar que las víctimas nunca vuelvan a vivir la violencia, la reintegración de excombatientes, entre otros; “es necesario agilizar la puesta en marcha de programas y medidas para la reincorporación de los excombatientes. Si no se hace, la paz podría perder calidad”, afirmó Paladini.
“Una de las medidas que habría que sostener para garantizar el cumplimiento de la reforma rural son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En esos espacios los niveles de participación ciudadana son muy altos. Eso es muy importante y es necesario consolidar esa estrategia. Sabemos que eso tomará tiempo”, añadió Paladini. (párr. 1, 7, 8, 12)
Sumado a lo anterior, la participación de las comunidades de base, de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil han sido limitadas y se han desconocido sus aportes y el trabajo realizado durante años en sus territorios9.
En este punto es importante indicar y resaltar que las organizaciones comunitarias y sociales cada vez más se empoderan y se involucran de manera participativa en los procesos territoriales y en el acuerdo de paz representa un rol protagónico para el éxito de este.
Borja (2017) indica que el tema de la organización territorial sigue siendo un problema para el país:
La organización territorial es un asunto irresuelto del país. Así, la relación entre poder político y espacio se ha convertido en un debate permanente. Desde los primeros tiempos de la república, el mapa político-administrativo ha estado sujeto al capricho de las fuerzas dominantes; ignorante de las comunidades. Una geografía institucional que al no interpretar la génesis geohistórica del espacio, produce tensiones geopolíticas internas y externas. (p. 62)
En coherencia con lo anterior, Vásquez, Vargas y Restrepo (2011) expresan que el conflicto armado se asocia con el nivel de desorden territorial, lo cual reafirman y ejemplifican Montañez et al. (2004) con las zonas de cultivo de coca, minería legal y mercado ilegal. Por su parte, Rodríguez (22 de octubre del 2016) manifiesta la relevancia que tiene la nación a través de la organización territorial como factor protector de la paz y la lucha contra las causas que pueden dar origen al conflicto armado. Al respecto, Borja (2016) ratifica el planteamiento y expone que para alcanzar una convivencia pacífica se requieren instituciones que no solo faciliten la organización territorial (geografía) que responda a las necesidades de la tierra y el territorio, con capacidad de reconocer las relaciones entre sociedad-espacio, sino también permitan consolidar la paz.
Por su parte, Restrepo (2018) manifiesta:
Tres características de la arquitectura del ordenamiento territorial condicionarán, sin duda, el acontecer de la implementación de los acuerdos de paz: la descentralización, los compartimentos estancos territoriales con la prelación de las políticas e instituciones sectoriales, y la precariedad del nivel intermedio con la falta de políticas de integración territorial horizontal. (p. 20)
Continuando con los puntos álgidos de la implementación del acuerdo de paz y sus riesgos, se evidencia que la situación de amenazas y asesinatos contra líderes sociales y de derechos humanos no ha disminuido, lo cual hace que la garantía de derechos se convierta en un reto importante para alcanzar la paz:
Una de las cifras reveladoras del informe es la que se registró durante los ocho años del Gobierno de Juan Manuel Santos en esta materia: desde 2010 hasta junio de 2018 fueron asesinados 609 líderes sociales, se registraron 2646 amenazas y 328 atentados contra esta población. Lo que quiere decir, según lo muestra la curva de agresiones, que después de iniciados los diálogos de paz los homicidios se incrementaron, en mayor proporción después de la firma del acuerdo. Asimismo, las intimidaciones, que despuntaron en 2016, se incrementaron en 2017 y no se detienen en lo corrido del 2018; “Es claro que el Gobierno de Juan Manuel Santos se lleva para la historia la impronta de haber cerrado el conflicto armado con las farc y dejado el proceso adelantado con el eln. No obstante, el saldo en relación con el derecho a la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos pasa en rojo”; […] las diferentes bases de datos que surgieron después del Acuerdo de Paz para registrar estas víctimas. Así, por ejemplo, mientras la Defensoría del Pueblo dice que 331 líderes fueron asesinados entre enero de 2016 y agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia apenas reportó, hasta julio pasado, 179 homicidios. Y así existen otras organizaciones no gubernamentales con cifras distintas, pero todas reportando que esta población cada día es más vulnerable en los territorios. En el mismo periodo, Somos Defensores documentó los casos de 263 líderes asesinados. (Bolaños, 24 de septiembre del 2018, párr. 4, 5 y 6)
Otro de los puntos necesarios de revisar son los pdt; el informe brindado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, encargado de monitorear la implementación del acuerdo, expresa que los avances son muy precarios y ubica la estrategia en una condición crítica, dada la desconexión que sigue existiendo entre los territorios y el Gobierno nacional, la desconcentración y los recursos para su ejecución. Adicionalmente, Vargas y Hurtado de Mendoza (2017) expresan:
[…] algunas de las brechas de infraestructura y servicios que caracterizan a los municipios más afectados por el conflicto tienen su raíz en debilidades estructurales de capacidad estatal y en rasgos duraderos del sistema político, por lo que advierten que cerrarlas requerirá mucho más que recursos y “buena gerencia”. (p. 3)
Al llegar a este punto se podría seguir describiendo y analizando el terreno de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y los retos que cada día se imponen en el territorio por diversas dinámicas ancladas por spoilers10 y sistemas de poder hegemónicos que buscan mantener el control —social, político, económico, territorial— a través del conflicto armado. No obstante, el objetivo del capítulo es presentar algunas premisas en relación con los retos del acuerdo de paz y el et, que permitan sentar las bases para la propuesta que se realiza en la presente obra. No se pretende agotar la discusión, sino por el contrario, suscitar en el lector la posibilidad de seguir encontrando elementos de análisis en la realidad vivida en el territorio donde se encuentra inmerso.
Para tener presente:
El fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social —en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto— y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política. (Nuevo Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,