El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena Medio. Julio César Moreno Correa
desalojo de los colonos, amparada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926 y ratificada en 1934; por lo tanto, quien se considerara propietario, en caso de litigio, debía acreditar la concesión de la Corona o de la República, esto fue apreciado por los terratenientes como una prueba diabólica. Tirado (1979), lo expresa:
Las consecuencias fueron positivas para la clase dominante en la medida en que el reformismo y el proceso creciente de industrialización que absorbió mano de obra del campo, no dejaron de cristalizar un movimiento nacional agrarista, ni acción revolucionaria de las masas campesinas. (pp. 322-323)
El mismo López Pumarejo sancionó la Ley 100 de 1944, borró lo impulsado en la anterior: reglamentó el contrato de aparcería a favor de los terratenientes y amplió los términos para la extinción del dominio de los predios incultos.
En 1948, la represión laboral iniciada por el liberal Alberto Lleras Camargo continuó con el conservador Mariano Ospina Pérez, violencia oficial que se extendió al campo. Tirado (1979) enuncia a tal punto, que el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán hizo un llamado al presidente “todo lo que pedimos es la garantía de la vida humana, que es lo menos que una nación puede pedir” (p. 325), dos meses después fue asesinado y, con su muerte, se sucedieron más de 300 000 asesinatos. Una nueva guerra civil se inició y con ella cambios en la propiedad de las tierras; muchos perdieron estas por muerte, o se vieron obligados a abandonarlas, venderlas a bajo precio y por la llamada Violencia, otros ampliaron sus posesiones. Este periodo determinó cambios en la estructura agraria de forma directa o por efecto mediato, se apreció concentración de tierras en ciertas zonas y, con ello, el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Otro hecho influyente fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, que propició el desarrollo de la industria y la inversión de capital en la mecanización del campo, por ello, la clase dominante ofreció seguridad al propietario y este interés marcó la política agraria: la propiedad de la tierra era intocable y las decisiones fiscales favorecieron la productividad.
En 1953, Rojas Pinilla quien, con el apoyo de la clase dominante, frenó la violencia, especialmente en los Llanos Orientales y esta se abrió frente en el Tolima y Huila, donde los campesinos tenían tintes comunistas, por ende, surgieron los grupos guerrilleros. Un hecho que va a ser trascendental para el tema agrario, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica fue la Revolución Cubana (1959); esta repartió la tierra en el campo y vinculó al campesino en el proceso político. La respuesta fue inmediata por el gobierno imperialista del norte en cabeza del presidente Kennedy, con la propuesta en Punta del Este, llamada Alianza para el Progreso, en el cual las reformas agrarias eran básicas para frenar que los países al sur de los Estados Unidos siguieran el ejemplo de Cuba. En Colombia estaba el Frente Nacional, que asumió en el contexto económico, social y político elaborar una reforma agraria de urgencia, en la que se dieron tres variantes: la posición de avanzada de Lleras Restrepo, la de los conservadores y la relación comunista en toda la reforma y la desarrollista de López Michelsen.
En la discusión del proyecto de ley de reforma agraria confluían en lo mismo, “la negación de la reforma agraria” (Tirado, 1979, p. 341). En este proceso se pueden ver dos fases: a) repartir un poco de tierras entre los campesinos en las zonas donde subsistía la violencia y b) dirigida hacia la productividad, respetando la situación de los latifundistas y sin redistribución de la tierra. Con lo anterior se actuó como los bomberos dejado brasas. La razón expuesta por el autor Tirado (1979) es que en Colombia
[…] la burguesía industrial buscando ganancias, engorda lotes, que se valorizan por la inflación crónica, y que por lo tanto se haya formado una sola clase dominante, industrial terrateniente… no pueden hacer una reforma agraria que implique expropiación y repartición de tierras. Equivaldría a un hara-kiri económico que no se van a hacer. (p. 352)
Por eso, lastimosamente, la reforma agraria que hicieron fue la que los benefició como clase dominante. Machado (2003), economista reconocido, quien desde la academia ha explicado el complejo proceso de la tenencia de la tierra en Colombia. En los siguientes párrafos se apreciará el pensamiento y el trasegar del tema en mención. Desde los años sesenta, se han estado aplicando reformas agrarias que no han solucionado los problemas en torno a la tenencia de la tierra, se ha iniciado un nuevo siglo sin resolver lo relacionado con la propiedad y la tenencia que es desigual y bimodal, haciendo más complicado el proceso, en la medida en que se dan los cambios políticos, económicos y sociales, además de los internacionales como son la dinámica de los mercados, la tecnología y la globalización.
En el periodo de 1960-1970, la reforma agraria de la época no impactó en la estructura de la propiedad; el Incora entregó predios baldíos y de compra directa, se dio un crecimiento moderado de la superficie sometida al régimen y la concentración de la propiedad y la disminución de predios. Entre 1970 y 1984, aparecieron los cultivos ilícitos en la costa atlántica con la llamada “Bonanza Marimbera” y el surgimiento de una clase social con el dinero para comprar tierras y lavado de activos, crecimiento de la superficie y de los predios, expansión de zonas para la ganadería, descomposición de la propiedad y la consolidación de la mediana propiedad.
En los años noventa se presentó una nueva dinámica con la compra de tierras por parte de los narcotraficantes, que fueron destinadas a ganadería extensiva como una forma de mostrar el dominio territorial; se englobaron los terrenos y aparecieron los neolatifundios como expresión del poderío de los traficantes, en tanto la pequeña propiedad se fragmentó y desapareció la mediana, se mantuvo la estructura agraria bimodal. Los pequeños y medianos propietarios, así como agricultores sin opciones de ascender económica y socialmente; los controles territoriales por parte de grupos armados y el despojo violento de tierra del que fueron objeto los medianos y pequeños propietarios.
Machado (2003) señala los conflictos sociales generados alrededor de la tenencia y la propiedad sobre la tierra:
Dificultad de acceso a la propiedad por parte de pequeños y mediados propietarios, poca generación de empleo en una ganadería extensiva, expulsión de población hacia los centros urbanos, un mercado de tierras poco dinámico por la desigualdad en la tenencia, una escasa tributación predial por el poder político de los propietarios en los municipios, en especial de los ganaderos, y por tanto, poca capacidad de los municipios para tener recursos propios que les permita invertir y promover el desarrollo rural. A lo anterior se agrega que la presión sobre la tierra se ha trasladado hacia las zonas de expansión de la frontera por la debilidad de la democratización de la propiedad en el interior y el mal uso de la tierra. Ello tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente en zonas de gran fragilidad ecológica, y para las familias que se ven envueltas en los conflictos generados alrededor de los cultivos ilícitos en esas áreas. En los últimos 15 años la frontera agrícola ha sido colonizada por campesinos dedicados más al cultivo de la coca y la amapola (zonas altas del interior) con un grave daño ecológico, y son utilizados por los empresarios del narcotráfico. (p. 127)
Adicionalmente, sobre el fenómeno del paramilitarismo, Machado (2003) dice:
[…] existe una grave distorsión institucional sobre los derechos de propiedad, y en particular un proceso de involución en los derechos de propiedad territorial y sus usos, al establecerse territorios de dominio al estilo feudal (ejércitos privados o por fuera del control del Estado que utilizan la fuerza para controlar un territorio), en una sociedad y ambiente capitalista que se enmarca en un proceso de globalización y de lucha por la modernidad. (p. 128)
Según Berry (2014), algunos grupos de paramilitares, llamados autodefensas, se financiaron con dinero de los narcotraficantes para combatir los secuestros, repeler a la guerrilla y controlar el territorio y así poder manejar el negocio de la droga, de esta manera se asesinaron líderes campesinos, se cometieron masacres y desplazamientos.
Las reformas agrarias
Tibble (2017) entrevista a Absalón Machado, quien, al referirse a las reformas agrarias en Colombia, hace un conciso resumen y las califica de tímidos intentos y experiencias fracasadas: “las reformas no han contado con apoyo político y decisiones serias de la sociedad para transformar las estructuras agrarias, sumiendo al sector rural en una situación de conflicto, atraso y pobreza” (p. 8), calificándolas de normas inútiles,