Las Ciencias Sociales. Omar Alejandro Bravo
ganancias económicas que los permitan mejorar sus condiciones de vida.
Por tal motivo, no obstante que las políticas del capitalismo neoliberal mantienen en el discurso un enfoque social y económico, su impacto tiene profundos alcances en la restructuración —¿o quizá la destrucción?— de los sistemas educativos de los países sometidos a sus condicionamientos económicos. ¿Por qué es esto necesario para el capitalismo neoliberal? Porque necesita formar ciudadanos que puedan adaptarse y aceptar las formas en que el sistema está haciendo las cosas, formar ciudadanos que crezcan con amnesia histórica, que se vuelvan consumidores compulsivos, apáticos e individualistas, que no se preocupan por el sufrimiento o el bienestar del otro que comparte el mundo con ellos. Por eso es obligado para el neoliberalismo determinar el control de los procesos educativos de los países. Eso lo ha logrado a través de las agencias financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE que condicionan apoyos a los países a cambio de que implementen las políticas sociales, financieras y educativas que ellos consideran más útiles para el libre mercado y la libre intervención del capital internacional en los países menos desarrollados.
Un ejemplo reciente de esta intervención neoliberal es el caso de México. En el momento en el que toma posesión de la presidencia Enrique Peña Nieto en el año 2012, la oficina de la OCDE en México le entregó una serie de recomendaciones sobre cómo organizar las políticas de estado en la competencia de mercado, en lo hacendario, laboral, energético, hidráulico, ambiental, del sector salud y, por supuesto, la educativa. Con la misión de lograr un desarrollo “incluyente” (OCDE, 2012), el presidente en turno siguió la mayoría de las recomendaciones tal cual se las presentó la OCDE.
Es fundamental señalar que la OCDE organizó sus propuestas sobre análisis parciales ya que se basaban en estadísticas de otros países de la organización que no tienen las mismas condiciones económicas y de estructura que México y con esos datos presionó para que en México se realizaran reformas agresivas a fin de lograr mayores beneficios para los capitalistas neoliberales del mundo. La OCDE dijo a México que,
... estima que la aplicación de un programa moderado de reformas podría elevar, alrededor de medio punto porcentual, el crecimiento potencial de México, que actualmente se ubica cerca del 3% anual.
...
Estas tasas de crecimiento podrían elevarse hacia niveles del 4% anual sostenido o más, en el mediano plazo, en función de la intensidad de las reformas, especialmente si la calidad de la regulación de México supera el promedio de la OCDE y se acerca a la de las economías con mejor desempeño de la Organización. Un avance de tal magnitud contribuiría a elevar el ingreso per cápita de México, de su nivel actual, cercano a una cuarta parte del de Estados Unidos, a casi la mitad del nivel estadounidense al final del horizonte de proyección (2030).
(p. 5; las itálicas son del autor)
Esto indicaba que, si las reformas que se aplicaran eran agresivas, en el mediano plazo —para el 2030— el ingreso per cápita en México iba a ser la mitad del que se tendría en los Estados Unidos, situación inverosímil ante las condiciones tan cambiantes de la crisis y recesión económica que vivimos, pero sobre todo que tales aseveraciones se hicieron basadas en datos estadísticos porque no se analizaron a fondo las razones y condiciones de la crisis que se vive en los Estados Unidos actualmente. De haberlo hecho así, se derrumbarían dichas proyecciones ante los niveles de desempleo existentes en los Estados Unidos, los millones de habitantes que no tienen acceso a servicios de salud mínima, el aumento de las personas en pobreza extrema, y las condiciones de vida en los barrios de clases bajas, por poner un ejemplo. Alejo y Torres (2013) señalan que la OCDE no ofrece sustento para fundamentar estos pronósticos, y pensar que vamos a elevar el ingreso per cápita a niveles de la mitad del ingreso de los Estados Unidos, sería pensar que la economía de los Estados Unidos tendría que estancarse por años y que la de México seguiría creciendo a ritmo sostenido para que se lograsen esos niveles.
Con estrategias como esas, la OCDE ha estado influyendo en las políticas educativas de México y de los países en vías de desarrollo desde hace tiempo. En 2010, la OCDE publicó un documento con estrategias que llevarían a que el sistema educativo mexicano alcanzara una “mejor calidad”, solo dos años antes de que se le entregaran las nuevas recomendaciones ―2012― al nuevo presidente del país. Las políticas sugeridas por la OCDE en el 2010 se cristalizaron con mayor claridad en el 2013, en las acciones de la nueva administración. Las acciones sugeridas para alcanzar los niveles de calidad en la educación que México “requería” olvidaron, como siempre sucede, analizar a fondo lo que la misma OCDE denomina “desafíos estructurales”. Al no analizar esos desafíos estructurales, la OCDE prefirió ignorar las causas profundas de los mismos ―entre ellas el modelo económico neoliberal―, y se alejó de la realidad del por qué existen y prevalecen esos desafíos estructurales que consecuentemente afectan al sistema educativo.
El análisis solamente se enfocó en enlistar las acciones del sistema educativo que se habían realizado hasta ese momento dentro del contexto de los desafíos estructurales, puso como foco de atención la barrera que significaba el sindicato nacional de maestros en México como parte central del problema (OCDE, 2010; ver capítulo 2). Al mismo tiempo, se expuso la necesidad de que los docentes fueran evaluados rigurosamente en su desempeño a través de exámenes estandarizados, los que en apariencia demuestran lo que cada maestro puede saber de ciertos conocimientos sobre educación y enseñanza, pero no puede llegar a valorar ni cercanamente el quehacer pedagógico y mucho menos las condiciones socioculturales de los mismos. Sin embargo, dicha idea desembocó en una reforma constitucional al artículo que organiza la educación en México, lo que generó todo un aparato burocrático para la evaluación del ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Procesos que antes realizaba el sindicato de maestros.
En general, las políticas educativas neoliberales se han centrado en la aplicación de sistemas rígidos de rendición de cuentas, basados principalmente en la aplicación de exámenes estandarizados diseñados desde fuera de las escuelas, esto hace suponer que los y las profesoras no son capaces de desarrollar una evaluación objetiva y confiable. Se les supone como no profesionales y se enfocan en su “profesionalización” a través de exámenes estandarizados también. Esta estandarización intensiva ha provocado que un gran número de maestros y escuelas se organicen únicamente para enseñar o preparar a los estudiantes a contestar los exámenes y no para que aprendan los contenidos y habilidades curriculares ni mucho menos los procesos básicos de una ciudadanía crítica.
Otras veces, la “profesionalización” estandarizada de los maestros los lleva a descuidar lo esencial de su trabajo de enseñanza para dedicar más horas de estudio para lograr pasar los exámenes que los evalúan a ellos/ellas.
Sin embargo, la educación sigue siendo vista como un posible negocio para controlar y explotar. Como ha pasado en Chile y Estados Unidos, gradualmente se van aplicando en otros países estrategias comerciales encubiertas como lo son los préstamos bancarios para pagar los costos semestrales de las clases e inscripciones a nivel universidad, lo que lleva a la reducción gradual y constante del monto y el número de becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos como antes se hacía cuando los estados nacionales cumplían con un enfoque social. La inversión en educación se ha constituido en un buen negocio porque las ganancias son exponenciales. Como Delgado-Ramos y Saxe-Fernández (2005) reportan, la inversión en educación superior, por ejemplo, está mostrando niveles de ganancias muy altos donde los inversionistas han llegado a ganar el 240% del dinero que invierten. Un ejemplo interesante de la corriente privatizadora es la Universidad de California (UC) en Berkeley. La UC Berkeley firmó un contrato con una empresa multinacional para recibir 25 millones de dólares de financiamiento a sus proyectos de investigación y educativos, cediendo a cambio los derechos de patentes de todos los descubrimientos del área de microbiología y biología. Delgado-Ramos y Saxe-Fernández (2005) señalan que casos similares también se están presentando en la UNAM.
La esencia del neoliberalismo se escondió de nuevo detrás de la nueva democracia y la libertad (aunque es solamente del mercado). De nueva cuenta, el sistema económico neoliberal salió bien librado y no