La hora de la Re-Constitución. Sebastián Soto Velasco
refundación, habrá valido la pena”.
Lucía Santa Cruz
INTRODUCCIÓN
Hace casi dos siglos, El Mercurio promovía el inicio del proceso de codificación recordando unas palabras atribuidas a Napoleón: “Mientras se marcha, solo se piensa en llegar; en llegando, se acomodan todas las cosas”1. Hoy la frase parece cobrar nueva fuerza. Ya no pretende motivar el nacimiento de un código, sino que la redacción de una nueva constitución; o mejor, de un momento de reconstitución institucional y política. Quienes empezaron a promover la marcha hacia una nueva constitución hace algo más de una década y quienes nos negamos a ello, por más o menos tiempo, enfrentamos hoy una nueva etapa: aquella en que ha llegado el momento de acomodar las “cosas” que permitirán reconstituir nuestro pacto fundamental.
Las páginas que siguen dan cuenta de algunos de los debates constitucionales que estarán presentes en la Convención Constitucional que comenzará a sesionar en mayo de 2021. Sin caer en profundidades académicas, cada capítulo aborda con fluidez la evolución del texto constitucional y propone algunos caminos en los futuros debates, a fin de mantener las bases de un orden constitucional moderno.
Para eso plantea al inicio una breve historia de la Constitución de 1980, que permite entender por qué llegamos a discutir nuevamente sobre nuestro pacto fundamental. Luego se enfoca en el problema al que debe buscarse una solución para que llegue a buen puerto el camino que empezamos a recorrer. Ese problema está íntimamente anclado a la exigencia por reconstituir no solo instituciones y reglas constitucionales, sino también la política e incluso nuestra propia convivencia.
Los capítulos siguientes abordan los debates que posiblemente se instalarán una vez que la Convención entre en funciones. El primero se relaciona con su funcionamiento y el reglamento de votación. Los que siguen se vinculan con el probable contenido de la nueva constitución: la discusión sobre los derechos, el derecho de propiedad y los derechos sociales, la cuestión de los principios constitucionales, el futuro de la subsidiariedad, entre otros temas. También se abordan materias vinculadas con el nuevo diseño institucional. Se examinan las discusiones sobre el presidencialismo y el semipresidencialismo, el Tribunal Constitucional, los quórums supramayoritarios, los mecanismos de democracia directa, así como otras materias. Por último, el libro revisa temas menos presentes en el debate público, aunque igualmente relevantes en cualquier texto constitucional. Entre ellos están el Poder Judicial y el Congreso Nacional, el futuro de los órganos constitucionalmente autónomos, como el Banco Central o la Contraloría General de la República, y las discusiones sobre descentralización.
Todo esto busca promover un debate más informado, que esté consciente de la historia de nuestro texto constitucional y de su evolución. También, intenta promover una reconstitución de nuestra Carta Fundamental que, proyectando hacia el futuro reglas y normas constitucionales, evite recorrer caminos que pueden alejarnos de la senda del progreso y el bien común.
No puedo dejar de agradecer a muchas personas que han contribuido a este libro. La Directora de Ediciones UC, María Angélica Zegers, lo motivó hace varios meses tras una conversación. El Decano de la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica de Chile, Gabriel Bocksang, y la vicedecana, Carmen E. Domínguez, han sido siempre un apoyo incondicional en este y múltiples otros proyectos. E igualmente Lucía Santa-Cruz y Juan Luis Ossa Bulnes, quienes revisaron el texto y aportaron valiosas perspectivas. Por último, Sebastián Valenzuela me permitió usar en la portada una de sus obras que reflejan lo que intuyo debiera ser un proceso virtuoso: participación e institucionalidad.
También agradezco por sus consejos y aportes a Claudio Alvarado, Isabel Aninat, Andrés Sotomayor, Felipe Hübner, Gonzalo Blumel, Cristián Larroulet, Arturo Matte, José Miguel Aldunate, Juan Luis Goldenberg y Magdalena Ortega. Asimismo, mis ayudantes de investigación Trinidad Burrows, Camila Allende, Benjamín Viveros, Samuel Guzmán, Christian Yepsen y Anais Ayazi aportaron importante información. Y, por sobre todos los anteriores, quiero agradecer a mi señora, Rosario Willumsen, y a mis hijos e hijas por su apoyo incondicional e infinita paciencia durante los meses de encierro dedicados a la escritura.
Dedico este libro a mi madre, Sylvia Velasco Montt, en quien descansa el poder constituyente de la familia que me hizo crecer.
¿CÓMO LLEGAMOS A ESTO?
Breve historia de la Constitución vigente en cinco actos
“Así como el colapso del sistema imperial fue imperceptible, el surgimiento de un orden nuevo fue equívoco. Ambos se enmarañaron en una nebulosa jurídica constitucional que ocultó el sentido y alcance de lo que en realidad estaba ocurriendo”. Alfredo Jocelyn Holt2.
1. Primer acto. Orígenes. 1973-1980.
El lunes 24 de septiembre de 1973, sin que hubieran pasado ni dos semanas desde el martes 11, se reunió por primera vez la comisión a cargo de redactar una nueva constitución. La Junta de Gobierno que había llegado al poder tuvo entre sus primeros objetivos reemplazar la Constitución de 1925 que, a ojos de muchos, había sido una de las causantes de la ruptura institucional3.
A esa primera sesión asistieron Enrique Ortúzar, quien fue elegido presidente. También Sergio Diez, Jaime Guzmán y Jorge Ovalle. Actuaría de secretario Rafael Eyzaguirre. Algunas semanas después, el 9 de octubre, se sumarían Alejandro Silva, Gustavo Lorca y Enrique Evans. Y, al año siguiente, Alicia Romo.
Todos eran abogados comprometidos políticamente. Ortúzar y Guzmán tenían clara cercanía con Jorge Alessandri. Sergio Diez y Gustavo Lorca eran entonces parlamentarios; el primero, senador recientemente electo por el Partido Nacional, y el segundo, diputado por el Partido Liberal desde 1964. Alejandro Silva y Enrique Evans eran dos destacados juristas democratacristianos. Sin duda Silva Bascuñán era, por esos años, el constitucionalista más importante del país. Había publicado en 1963 un contundente tratado sobre la Constitución de 1925 y era entonces presidente del Colegio de Abogados. Jorge Ovalle había sido radical y luego candidato al parlamento por la Democracia Radical, facción escindida del PR y contraria a la Unidad Popular. Solo Alicia Romo, la única mujer en los primeros años de funcionamiento de la Comisión, carecía de vínculos directos con la política.
Esa fue la integración que se mantuvo hasta 1977, cuando tres de sus integrantes abandonaron la Comisión. En marzo partieron Evans y Silva Bascuñán. Este último explica que el decreto de disolución de los partidos políticos dictado ese mes motivó su partida. Luego, en mayo, fue el turno de Jorge Ovalle, quien debió renunciar por su cercanía con el general Gustavo Leigh. Y en junio ingresaron tres nuevos integrantes: los constitucionalistas Luz Bulnes y Raúl Bertelsen, y Juan de Dios Carmona, quien había sido ministro de Eduardo Frei Montalva y senador DC hasta 1973.
Tras cinco años de trabajo y 417 sesiones, la Comisión Ortúzar entregó la propuesta de una nueva constitución. El texto luego fue revisado por el Consejo de Estado, institución presidida por el expresidente Jorge Alessandri y que integraban también Gabriel González Videla y un grupo de personalidades designadas por la Junta de Gobierno. El Consejo de Estado revisó nuevamente todo el texto y propuso diversos cambios, algunos de ellos sustantivos. En las actas de su discusión se aprecia la influencia de Jorge Alessandri y muchas de las modificaciones tenían en él su principal inspirador.
Finalmente fue el turno de la Junta Militar, que comparó ambos textos y tomó las definiciones más relevantes. Primero, un grupo liderado por el ministro Sergio Fernández revisó cada una de las discrepancias, que luego fueron siendo definidas con los integrantes de la Junta de Gobierno y otros invitados de confianza. Según narra Sergio Carrasco, en el articulado permanente se hicieron 175 modificaciones, de las cuales 59 fueron fundamentales. También cambió el articulado transitorio que había propuesto el Consejo de Estado, extendiendo el proceso para el retorno a la democracia4.
El 11 de agosto de 1980 se convocó a un plebiscito para treinta días después, el 11 de septiembre. Ese día la ciudadanía debía aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. Como es sabido, el acto careció de garantías mínimas: sin registros electorales, sin plena libertad de expresión,