La revolución ciudadana en Ecuador (2007-2017): posneoliberalismo y (re)colonización de la naturaleza. Diego Alejandro Ramírez Bonilla
evento propició la intensificación de las políticas represivas y permitió la elevación del concepto terrorismo como eje articulador de la deslegitimización y criminalización de los movimientos contestatarios.
En el año 2001, con el lanzamiento del Foro Social Mundial (FSM), en la ciudad de Porto Alegre, como confrontación directa al Foro Económico Mundial (Gambina, 2013), la resistencia globalizada adquirió nuevas formas organizativas: se transitó de prácticas contestatarias frente a los dictámenes de los organismos multilaterales a la puesta en marcha de opciones propositivas encaminadas a la construcción de otro mundo posible16. El foro se constituyó como un proceso de globalización contrahegemónica (Santos, 2008, p. 41), que toma enseñanzas de experiencias organizativas previas, como los Encuentros por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en la Selva Lacandona, organizados por los zapatistas (Antentas y Vivas, 2009, p. 31), y las jornadas de lucha callejera antisistémica en París, acontecidas en mayo de 1968 (García, 2018). Se constituyó como un espacio de encuentro para fijar marcos de acción colectiva mundial, orientados a construir propuestas antineoliberales por parte de diversos movimientos políticos y sociales. Los asistentes han sido militantes políticos y académicos de distintas corrientes ideológicas, cuyo fin común es la superación del neoliberalismo como modelo civilizatorio.
En medio de la larga crisis que afrontan los movimientos anticapitalistas desde la caída del Muro de Berlín, el foro se destaca por su distanciamiento frente a las lógicas vanguardistas que acompañaron a la izquierda eurocentrada durante los últimos dos siglos; en especial, aquellas propias de los partidos comunistas. En dicho sentido, rechaza otorgar centralidad política a un sujeto social determinado –sea el proletariado, organizaciones gremiales o movimientos sociales de un tipo específico– y aboga por la construcción y articulación, de orden local, nacional, regional e internacional, de múltiples estrategias de lucha desplegadas por una multiplicidad de sujetos individuales y colectivos.
El Foro Social Mundial denuncia la violencia estatal y toda forma de dominación, y fomenta el respeto a los derechos humanos y la democracia real, participativa e igualitaria. Asimismo, defiende el desarrollo de luchas no violentas por parte de los sujetos subalternizados, en aras de construir una utopía “en un mundo carente de utopías” (Santos, 2008, p. 42). Su labor se encamina hacia el debate, el libre intercambio de experiencias y la construcción de acciones orientadas a romper con el control de la vida por parte del capital, enfocándose en proponer y desarrollar opciones de vida que promuevan la convivencia armónica entre seres humanos, y entre estos y la naturaleza. En este espacio de reflexión y praxis internacional, se le opone al modelo neoliberal de globalización imperante con una propuesta de globalización solidaria que permita fortalecer la justicia social, la autonomía soberana de los pueblos y la igualdad, a través de la subversión de las dinámicas de exclusión predominantes.
El nuevo ciclo de acción colectiva desde América Latina
Con el despliegue de la guerra del agua en Bolivia en el año 2000, comienza un “nuevo ciclo de acción colectiva” (Svampa, 2009, p. 4) en América Latina, caracterizado por la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales, el protagonismo de movimientos sociales diferentes al obrero y, particularmente, por la confrontación al modelo neoliberal (Svampa, 2008) en un contexto de agotamiento del discurso revolucionario de izquierda a nivel mundial. Manifestaciones de este nuevo ciclo, como el cacerolazo en Argentina (2001) o la rebelión de los forajidos en Ecuador (2005), evidenciaron la acumulación de experiencia por parte de distintos movimientos sociales –con especial protagonismo de las clases medias urbanas–, que les permitió pasar de exigencias particulares y aisladas a la reivindicación de modelos políticos y económicos alternativos (Svampa, 2009; 2010; 2011a).
Las luchas sociales que surgieron en el continente latinoamericano en el siglo XXI se caracterizaron por poner en tela de juicio el discurso que legitimaba el modelo de desarrollo neoliberal, caracterizado por el despojo de bienes naturales en beneficio del capital transnacional. Esta ruptura del consenso social, requerido para sostener el neoliberalismo en las sociedades latinoamericanas, permitió la articulación de demandas colectivas en torno a elementos como la autonomía indígena, la reivindicación de los derechos territoriales y culturales, y el rechazo a los sistemas de democracia representativa (Svampa, 2010), todo en aras de conseguir un cambio radical en la realidad sociopolítica de los países del continente.
Organismos de poder mundial y reforma institucional
Desde finales de la década de 1990 –cuando ya no es posible ignorar los efectos del recetario neoliberal en relación con el aumento de la inequidad, la pobreza y, especialmente, la amplia gama de manifestaciones contestatarias frente al modelo–, las instituciones de poder político y económico mundial consideraron preciso recurrir a la gobernabilidad como forma de mantener la globalización hegemónica. Después de la crisis financiera asiática de 1997 y la constitución de movimientos alterglobalización, se asistió a un periodo reconocido por la aceptación –por parte de distintos gobiernos y agencias multilaterales– del rol que debe asumir el Estado, en conjunto con diversos organismos no estatales, con el fin de mantener la cohesión social requerida para la continuidad del neoliberalismo (Dávalos, 30 de noviembre del 2010; Stolowicz, 2012).
En un informe de 1998, titulado Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional, el vicepresidente y el economista jefe de la oficina regional para América Latina y el Caribe del Banco Mundial abogaron por la ejecución generalizada de políticas neoinstitucionalistas en el continente, con el fin de mejorar la competitividad del sector privado, estabilizar los mercados de flujo de capitales, reducir la disparidad salarial y garantizar sistemas de seguridad social para los sectores más vulnerables en la globalización (Javed y Perry, 1998, pp. 2-3). En la celebración de la Segunda Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en abril de 1998 en Santiago de Chile, los gobernantes latinoamericanos “aceptaron explícitamente el desafío de responder a la creciente demanda por reformas institucionales” (Javed y Perry, 1998, p. 8).
El descontento social de principios del nuevo siglo condujo a los organismos internacionales de poder a buscar maneras de recuperar la cohesión en las sociedades que ingresaban a la globalización neoliberal, fracturada por la irresponsable ejecución de políticas neoliberales. Esta situación generó una cruzada moral que visibilizó a disidentes dentro de los propios organismos multilaterales, una suerte de mea culpa en la cual personajes como Joseph Stiglitz, execonomista en jefe del Banco Mundial, cobraron protagonismo al reclamar por cierta regulación del capitalismo salvaje en virtud de sus negativas consecuencias sobre las identidades y valores culturales de los pueblos:
Por desgracia, hasta el presente los responsables de gestionar la globalización, aunque han alabado esos beneficios positivos, demasiado a menudo han mostrado una insuficiente apreciación de ese lado negativo: la amenaza a la identidad y los valores culturales. Esto es sorprendente, dada la conciencia que sobre tales cuestiones existe en los propios países desarrollados: Europa defiende sus políticas agrícolas no solo en términos de intereses especiales sino también para preservar las tradiciones rurales. En todas partes la gente de las pequeñas ciudades se queja porque las grandes cadenas nacionales y los centros comerciales han liquidado sus pequeños negocios y comunidades. (Stiglitz, 2002, p. 307)
Dicha regulación, sin embargo, no propuso la negación de los postulados centrales del Consenso de Washington, ni objetó el rol del gran capital en las dinámicas de extracción intensiva de bienes naturales y explotación de los sujetos que padecen el modelo neoliberal. Con la reforma institucional propuesta inicialmente por el Banco Mundial,
[e]l neoliberalismo tradicional y monetarista se transforma en un neoliberalismo institucional. Es decir, en un discurso más complejo, más vasto, más comprehensivo.