La revolución ciudadana en Ecuador (2007-2017): posneoliberalismo y (re)colonización de la naturaleza. Diego Alejandro Ramírez Bonilla
y financieras de la acumulación del capitalismo que integra a las instituciones de la vida social al juego de casino mundial. (Dávalos, 20 de mayo del 2016)
El neoinstitucionalismo económico, más que representar una ruptura con el modelo neoliberal, consistió en un cuestionamiento de la teoría neoclásica en su vertiente estadounidense, y en un regreso a los postulados de la escuela austríaca de economía sobre el papel que cumplen las instituciones para garantizar la acumulación de capital (Puello-Socarrás, 2008). Se trató de una estrategia de disciplinamiento de las sociedades que permitió una reconfiguración de la acumulación capitalista, para garantizar una mejor articulación entre los mercados locales y las necesidades del capital global (Stolowicz, 2011; octubre del 2011; 2012). En este sentido,
[l]os cambios macroeconómicos del ajuste estructural del FMI solamente podían tener sentido en el largo plazo si estaban acompañados de transformaciones profundas en el tejido institucional. Empero, estas transformaciones institucionales implicaban una intervención directa sobre el plexo social. Al mismo tiempo que se intervenía en los marcos institucionales el Banco Mundial también intervenía en las sociedades disciplinándolas al interior de las coordenadas del neoliberalismo. (Dávalos, 30 de noviembre del 2010)
A finales del siglo XX y comienzos del XXI, periodo enmarcado por la crisis neoliberal, los poderes económicos y políticos de todo el mundo incluyeron en la agenda pública internacional los postulados neoinstitucionalistas, centrados en mitigar las consecuencias perjudiciales del capitalismo del llamado libre mercado. Dichos postulados han influido en las políticas de distintos gobiernos latinoamericanos hasta el día de hoy; tanto aquellos caracterizados por su acérrima defensa de la libertad de empresa, como aquellos que se mostraron adversos a la primacía del capital sobre el trabajo17.
Surgimiento de los gobiernos posneoliberales18
A comienzos del nuevo milenio, en distintos países de América Latina surgieron gobiernos caracterizados por su discurso contrario al neoliberalismo y a favor de la intervención estatal en la economía, por la redistribución de las rentas percibidas por la extracción de materias primas en sus respectivos territorios, y por su rechazo a la injerencia imperialista de Estados Unidos en el continente. Todo ello se dio en un contexto marcado por la “progresiva acumulación de las luchas contra las reformas neoliberales” (Svampa, 2009, p. 4), así como por los procesos de reestructuración capitalista impulsados por agencias multilaterales como el Banco Mundial.
A pesar del debilitamiento en el que continuaba sumida la izquierda tradicional –otrora subsidiaria del bloque soviético–, los proyectos políticos posneoliberales cobraron fuerza en la década del 2000 en distintos países, alimentándose de la entrada en escena de outsiders –dirigentes políticos que, sin ser políticos profesionales o haber participado en política anteriormente, accedieron a cargos públicos a partir de un contundente apoyo social y electoral, como Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia– y movimientos sociales que anteriormente no influían de manera determinante en el devenir político de sus respectivos países, como es el caso de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador.
En estas circunstancias, el primer gobierno de la región en enarbolar la bandera antiimperialista, luego de la declinación del discurso revolucionario marxista en el mundo, fue el del venezolano Hugo Chávez, elegido popularmente en 1999. Él recuperó en 2005 el debate sobre la alternativa socialista frente al neoliberalismo y la posibilidad de adecuar las teorías y prácticas revolucionarias a la realidad concreta del siglo XXI. A este le siguieron las posesiones de mandatarios como Lula da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Evo Morales en Bolivia y Manuel Zelaya en Honduras (2006), Daniel Ortega en Nicaragua (2007), Rafael Correa en Ecuador (2007) y Fernando Lugo en Paraguay (2008)19.
Entre estos gobiernos, los de Bolivia, Ecuador y Venezuela se han caracterizado como la corriente más radical de los proyectos políticos surgidos en el continente durante la primera década del siglo XXI, en virtud de su mayor voluntad para implementar políticas sociales que trascendieran el asistencialismo focalizado neoliberal. Así, tomaron como punto de partida procesos constituyentes que
[…] representaron avances en las pretensiones de desmontar el marco jurídico-institucional impuesto por el proyecto político-económico neoliberal, de formular un concepto alternativo de economía y de sentar las bases para una mayor garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. (Estrada, 2012, p. 133)
De igual manera, la creación de los Consejos Comunales del Poder Popular en Venezuela, así como el ingreso de sujetos sociales históricamente marginados, como los indígenas, en la esfera política de Bolivia y Ecuador –fenómeno que tuvo expresiones e intensidades particulares en cada país y, en cualquier caso, se presentó con mayor intensidad en los primeros años de gobierno posneoliberal–, evidenciaron el carácter sustancialmente diferente de estos procesos políticos respecto de sus pares continentales.
Sin embargo, los tres últimos casos señalados, así como los procesos de Brasil, Argentina, Uruguay y Nicaragua, enfrentaron limitantes estructurales y contradicciones internas que les impidieron avanzar hacia la superación de los elementos nucleares del neoliberalismo, como se verá en el apartado “El Estado posneoliberal como reproductor de la colonialidad de la naturaleza”.
La Revolución Ciudadana en Ecuador
En el marco del surgimiento de los gobiernos posneoliberales, en Ecuador se concretó el proceso de cambio político –bautizado como Revolución Ciudadana– bajo el liderazgo de Rafael Correa y su movimiento Alianza PAIS. Dicho proceso se produjo como consecuencia tanto de las transformaciones que se gestaron a nivel global durante el periodo de tránsito al nuevo milenio, como de las históricas luchas que los movimientos sociales y sujetos subalternos protagonizaron en el país desde finales del siglo pasado.
En la década de los noventa, Ecuador atravesó por un periodo de profundización de las políticas de ajuste estructural heredadas del Consenso de Washington, lo cual tuvo como resultado el advenimiento de una de las peores crisis económicas en la historia del país (Acosta, 1995). De manera simultánea, se gestó una crisis de legitimidad de la clase política ecuatoriana y, particularmente, del sistema de partidos políticos o partidocracia, como vendría a ser llamada por Rafael Correa durante su campaña presidencial (Unda, 2006).
Durante la última década del siglo XX, el movimiento indígena se constituyó como el referente de la acción colectiva en el país, luego de atravesar múltiples procesos de acumulación de fuerza y experiencia organizativa regional, desde la constitución en la Sierra de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en 1972, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) en 1980 en la Amazonía, hasta llegar a la creación del Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conacnie) que posteriormente se transformó en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en 1986. Esta se convirtió en la principal organización indígena, que aspira a consolidar la unidad de acción a nivel nacional entre los diferentes pueblos que habitan el territorio del país andino (Maldonado, 2004).
En 1990 se produjo el mayor levantamiento indígena de la historia reciente del Ecuador. De la mano de sectores campesinos, este expresó el descontento popular que se experimentaba frente al incumplimiento de las promesas de campaña de Rodrigo Borja, quien prometió la aplicación de una reforma agraria y, en cambio, profundizó las políticas neoliberales que afectaron con particular fuerza a los sectores populares del país. Desde ese momento, las exigencias del movimiento indígena tendrían como eje principal el reconocimiento oficial de las diversas nacionalidades indígenas que habitan el Ecuador, en oposición al concepto de etnia que, según los voceros de la organización, los minimiza y relega al estatus de minorías. Esta propuesta enfrentó la oposición de hacendados, élites regionales y nacionales, instituciones estatales y gobierno (Cruz, 2012).
Con el fin de enfrentar un plebiscito propuesto por el entonces presidente Sixto Durán Ballén, mediante el cual pretendía profundizar la aplicación de las reformas