La revolución ciudadana en Ecuador (2007-2017): posneoliberalismo y (re)colonización de la naturaleza. Diego Alejandro Ramírez Bonilla
los confines de la identificación étnica y gremial. Esta experiencia fue el antecedente directo de la conformación, ese mismo año, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, que marcó el tránsito definitivo hacia la disputa electoral por parte del movimiento indígena ecuatoriano. El movimiento supuso la articulación en una sola organización de apuestas paralelas que defendían distintos sectores en su interior, entre las cuales se encontraba la construcción de un movimiento político indígena, la creación de un movimiento pluriétnico y la propuesta de generar alianzas políticas más amplias con sectores progresistas (Maldonado, 2004).
Desde su primera incursión en la escena electoral, el movimiento Pachakutik –integrado también por sindicalistas, grupos de izquierda, sectores campesinos, barriales e incluso cristianos de izquierda (Lalander y Ospina, 2012b)– representó un desafío para el orden político excluyente del país al proponer la transformación del Estado nación ecuatoriano en uno plurinacional y multiétnico, que trascendiera los estrechos márgenes del modelo político republicano, blanco-mestizo, heredero de las instituciones políticas coloniales.
En el año 1997, el movimiento indígena participó de forma activa en las protestas contra el entonces presidente Abdalá Bucaram, quien enfrentó una huelga general por parte de distintos sectores de la sociedad ecuatoriana y terminó siendo destituido por el Congreso al ser declarado mentalmente incapaz de gobernar. En el marco de la llamada insurrección de febrero, la más grande que sacudía los cimientos de la política ecuatoriana en cincuenta años, el movimiento indígena hizo un llamado a desconocer las instituciones del Estado y promovió la organización de parlamentos indígenas en distintas regiones del país que funcionaran como espacios de contrapoder (Báez, 2010; Maldonado, 2004).
En 1999 comienza la peor crisis económica vivida en el país por cuenta del crack financiero y en 2000 se experimentan las no menos nefastas consecuencias de la dolarización de la economía, promovida como solución por el presidente Jamil Mahuad, quien fue destituido por la autodenominada Junta de Salvación Nacional, conformada por el joven coronel Lucio Gutiérrez, el entonces líder de la Conaie, Antonio Vargas, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. Durante ese periodo, el movimiento Pachakutik cosechó los frutos de su lucha conjunta con quien sería el futuro presidente del país: pasó de “11 alcaldías y ninguna prefectura en 1996 a 21 alcaldías y 5 prefecturas en 2000” (Maldonado, 2004, p. 73). Este acontecimiento, llamado por los indígenas revolución del arcoíris, si bien consolidó la imagen del movimiento indígena como un actor clave en el escenario político, no permitió resolver las tensiones internas en la organización sobre el papel que debía desempeñar respecto a la administración estatal. Por ello, el Movimiento Pachakutik resolvió no presentar un candidato propio a las elecciones presidenciales del 2002 y, en cambio, apoyó a Lucio Gutiérrez, quien se lanzó por el Partido Sociedad Patriótica (Báez, 2010; Maldonado, 2004).
En las elecciones del 2002, el coronel Lucio Gutiérrez alcanzó la presidencia gracias tanto al apoyo de la Conaie como a un discurso de marcada tendencia social que cuestionó la injerencia de organismos internacionales y de los Estados Unidos en Ecuador (Báez, 2010). La Conaie se vio obligada a formar parte de un gobierno nacional, actividad para la cual no se encontraba preparada, tanto por la inexistencia de un planteamiento programático consolidado por parte de la organización, como por la particular concepción que tenía el movimiento sobre el papel que debía desempeñar respecto a la maquinaria estatal:
[e]l proceso de construcción de un proyecto político alternativo nutrido desde distintas tendencias y vertientes había tenido a los escenarios locales como su fuente principal. La estrategia electoral a escala nacional era vista como un mecanismo de acumulación de fuerzas: no se trataba de llegar al poder, sí de presentar al país los planteamientos, experiencias y propuestas del movimiento, generar el debate y promover alianzas con distintos sectores para la construcción de una nueva sociedad. (Maldonado, 2004, p. 74)
El rompimiento de las promesas electorales de Lucio Gutiérrez derivó en la profundización de la dependencia de Ecuador respecto a los organismos multilaterales, al aumento de la injerencia estadounidense en los asuntos del país y al pacto con sectores de la derecha ecuatoriana, lo que condujo a la pérdida del apoyo popular que había catapultado su candidatura presidencial, incluyendo el del movimiento indígena y de distintos sectores de clases medias urbanas, que se convirtieron en los principales peligros para la continuidad de su gobierno. En 2005 se produjo una serie de protestas en Quito protagonizadas por jóvenes estudiantes, profesionales, maestros, sindicalistas, entre otros –cuyos protagonistas fueron calificados de forajidos, por el entonces presidente, como un intento fallido de deslegitimar su accionar–, que derivaron en el derrocamiento de Gutiérrez y en la designación de su vicepresidente, Alfredo Palacio, como presidente interino del Ecuador (Acosta, 18 de abril del 2005; Báez, 2010).
En la presidencia de Gutiérrez, “el movimiento indígena vivió durante seis meses la amarga experiencia de ser gobierno y no ser poder” (Maldonado, 2004, p. 74) antes de separarse definitivamente del régimen como consecuencia de lo que fue visto como una traición al pueblo ecuatoriano. Esta experiencia constituyó un serio golpe para la imagen política del movimiento indígena, que lo situó en posición de repliegue cuando el movimiento Alianza PAIS alcanzó la presidencia.
Durante el gobierno de Palacio, un joven economista llamado Rafael Correa, que cursó su maestría en la Universidad Católica de Lovaina y su doctorado en la Universidad de Illinois, asumió el cargo de ministro de Economía y postuló una serie de reformas entre las que se encontraban el rescate de la empresa petrolera estatal (en ese entonces Petroecuador), la redistribución de los excedentes del petróleo en inversiones productivas y gastos sociales, entre otras políticas de corte neokeynesiano que eran adversas a los intereses del capital privado transnacional, principalmente estadounidense. No pasó mucho antes de que el entonces ministro fuera apartado del gobierno Palacio, producto de la presión de los grandes gremios económicos nacionales e internacionales. Sin embargo, su corta y polémica estadía en la cartera ministerial le valió la suficiente popularidad entre la población como para lanzar su candidatura presidencial en el 2006 (Báez, 2010).
En el año del 2006, la Conaie recobró parte de su influencia política gracias a sus protestas en contra de acontecimientos como la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la participación de Ecuador en el Plan Colombia, la adjudicación a la potencia del norte de la base de Manta, la terminación de un contrato petrolero con la empresa Occidental, así como por su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (Cruz, 2012, pp. 13-14). Estas exigencias resultaron claves en la campaña presidencial que comenzó ese mismo año, para las cuales Pachakutik decidió presentar a Luis Macas como candidato.
Por su parte, Rafael Correa se presentó como integrante del Movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana), una coalición de fuerzas políticas de izquierda creada con el propósito de vencer a Álvaro Noboa y llevar a Correa a la presidencia. Su campaña política se encargó de presentarlo como un “humanista cristiano, izquierdista moderno, bolivariano y alfarista” (Báez, 2010, p. 189), así como un ferviente crítico del neoliberalismo y de la partidocracia que sometía al país a las corruptelas de la clase política tradicional desde el retorno a la democracia en 1979.
Luego de que el candidato de la derecha resultara victorioso en la primera vuelta electoral, el movimiento Pachakutik y otras fuerzas de izquierda decidieron apoyar a Rafael Correa, lo que le permitió alcanzar la presidencia del país. El gobierno de Correa –que, paradójicamente, se compondría por distintos funcionarios formados en organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo e incluso el propio Banco Mundial (Dávalos, 2014)– propuso la realización de una revolución política, a la que bautizó Revolución Ciudadana20, que tendría como propósito acabar con la “larga noche neoliberal”. Una de sus primeras disposiciones fue la realización de una Asamblea Constituyente plenipotenciaria, con lo cual demostró una confluencia con la agenda del movimiento indígena. Sin embargo, este colectivo no fue protagonista