Jaque a la Reina. Soledad Deza
y el supuesto derecho del embrión. Si bien las autoras evidencian los debates morales y jurídicos en torno al embrión, concluyen que es una tensión en el orden del discurso que deshumaniza a las mujeres produciendo efectos dramáticos. Este supuesto dilema es una ficción ya que, en definitiva, se evidencia que subyace la idea de que no somos sujetos de derechos. Denunciadas y penadas por abortar, las mujeres jóvenes y pobres que ante un aborto mal hecho se ven obligadas a recurrir al sistema de Salud, se encuentran arrinconadas entre arriesgar sus vidas o ser sometidas a un proceso penal. Y, es en este sentido, que este libro se arriesga a denunciar las situaciones de violación de los derechos humanos de las mujeres por parte de la corporación médica y el Poder Judicial bajo argumentos que no se sostienen científicamente, al menos hasta el momento.
Este es un gran logro de las autoras, haber podido sistematizar en un solo libro casi todas peripecias que rodean a una circunstancia tan dolorosa como es el mal trato a quienes eligen alternativas diferentes. Esto está presente en el aire, no sólo tucumano. La resistencia a aceptar que algunas mujeres rechazan la maternidad, genera tan poca empatía o bien, tanto desagrado, que se busca castigar, infringir dolor, hacer sufrir, censurar moralmente y hasta encarcelar a quienes abortan.
Jaque a la Reina muestra con crudeza un abanico de posibilidades desarrollado por los sectores que se oponen al aborto, quienes despliegan con maestría toda su originalidad a la hora de desarrollar mecanismos para debilitar derechos sexuales y reproductivos y para “condenar” aquello que comparten. Barreras para el acceso, negligencia en legislar, vacío de políticas que doten de contenido derechos, objeción de conciencia desmedida, violación de confidencialidad y criminalización de mujeres pobres son muestras de estos mecanismos que las autoras advierten en la realidad y sistematizan en este libro. Queda el sabor amargo de que nada importa la ley o los derechos, sólo importan las convicciones personales y el intuicionismo de algunos/as, muchas veces oportunista, sobre lo que es o no correcto.
En válido recordar y aseverar que los avances en materia de salud sexual y salud reproductiva en nuestro país ya cumplieron 10 años de existencia y han podido calar hondo en la vida de las mujeres ampliando su ciudadanía sexual y reproductiva. El fallo F.A.L. ha sido de los últimos instrumentos necesarios para efectivizar un derecho que data de 1921 y que ha sido producto de sistemáticas obstaculizaciones por parte de la corporación médica, el Estado y el Poder Judicial. Sin embargo, a pesar de este importante avance frente al avasallamiento de un derecho las autoras se preguntan: ¿Qué pasa con el aborto no punible en Tucumán después del “FAL”? Las respuestas se las puede ir encontrando en los diferentes capítulos que demuestran magistralmente las estrategias invisibles y visibles, muchas veces, de su incumplimiento.
El capítulo VI sobre objeción de conciencia plantea otro de los debate fundamentales y sumamente necesario de sacar a la luz. Una objeción que no es usada exclusivamente por el sector de la salud, sino que con acciones y omisiones se ve en el vacío de leyes, la ausencia de Protocolos o Guías, en revuelos mediáticos que rodearon los casos que se hicieron públicos luego del fallo F.A.L, y en declaraciones públicas de referentes políticos de todas las extracciones. Y la autora se pregunta muy astutamente sobre las inmediatas implicancias de este derecho individual sobre los otros derechos: ¿Qué lleva a que una persona puede efectivizar su derecho y la otra no? ¿Qué una sea un médico/a y la otra mujer? ¿Qué es lo que puede legitimar que un profesional de la salud quede al margen de sus obligaciones de ley? ¿Cómo puede un profesional eludir sus obligaciones y dañar a terceras personas, en este caso a las mujeres?
Jaque a la Reina devela la injusticia reproductiva que viven las mujeres tucumanas. Lo ha podido demostrar con investigación y suspicacia frente a los episodios que se sucedieron durante el último tiempo y que tienen correlato con mecanismos convencionales del poder médico, político, jurídico y religioso de la provincia. Así es como uno de los artículos devela cómo el discurso católico interpeló de manera desfachatada al gobierno provincial solicitando desobediencia al dictamen de la Corte Suprema. ¿La sociedad tucumana acompaña esta ideología? Seguramente que parte de ésta sí, pero otra no. Las autoras, frente a estos hechos, se generaron interrogantes apropiados sobre si los valores de un sector de la sociedad se pueden tomar o, mejor dicho, imponer como valores colectivos. La respuesta es rotunda: No.
No, porque van en contra de los derechos humanos de las mujeres.
No, porque el Estado debe contemplar todas las creencias y libertades de culto pero no asumir ninguna.
No, existen los abortos no punibles desde 1921 y se fueron construyendo herramientas para efectivizar ese derecho.
No, porque debemos evitar que el Estado argentino resulte penable por violar los derechos humanos de las mujeres.
No, porque la función pública exige obligaciones y responsabilidades frente a las decisiones de los/as pacientes y sus vidas.
No, porque la objeción de conciencia es una herramienta política que utilizan las corporaciones médicas para impedir la libertad y autonomía de las mujeres.
No, porque las mujeres tenemos derecho a tener derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.
Jaque a la Reina también describe con compromiso cuál es la Reina que está en jaque con políticas y acciones de corte violento sobre las mujeres. La Reina que está en jaque cuando se criminaliza el aborto o cuando se deslegitima el aborto como opción legal, es una reina pobre. Todas las autoras coinciden en esta apreciación, el aborto como delito solo es una cuestión de clase social. Y la pobreza es suficientemente dañina en la vida de cualquier persona como para condicionar además el acceso a la salud. Ser pobre es una prisión para cualquier persona, pero en casos de aborto ser pobre es una amenaza que acerca la cárcel sólo a las mujeres vulnerables.
Aborto versus objeción de conciencia, pero con perspectiva de género es lo que propone esta obra. La idea de que no es un derecho total pone esta vez en jaque al Estado que deberá sincerar si cuenta o no con recursos humanos suficientes para implementar políticas que unan sexualidad y no reproducción. Y también pone en jaque a la corporación médica porque las mujeres somos esas terceras personas afectadas por la objeción de conciencia que, en situación de aborto legal en un hospital público, desvanece el discurso de la objeción de conciencia como derecho. Esta situación presenta la tensión de haber reconocido un derecho –que recordemos fue construido para proteger a las minorías frente a los abusos de la mayoría–, sin embargo, ahora es utilizado para dañar la autonomía y vida de terceras personas, es decir, las nuestras. Como lo demuestra el capítulo VI, todos los fallos sobre objeción de conciencia terminaron disponiendo límites y alcances porque afecta el ejercicio de libertades de terceros. No son libertades igualables. Las mujeres que recurren al hospital a que se les realice un aborto legal están solicitando su legítimo derecho de interrumpir un embarazo producto de una violación y/o porque corre riesgo su vida o su salud. No obstante, deben sortear la objeción de conciencia de las/os médicas/os que desde el fallo F.A.L. ha sido una práctica recurrente.
Este libro da argumentos contundentes y sumamente válidos para limitar la objeción de conciencia de la corporación médica y efectivizar los abortos legales en el sistema de salud público ya que, como lo plantean los últimos dos capítulos, en la práctica médica profesional ese derecho pierde estatus porque éste debe ser garante de la salud pública y la atención del paciente.
Jaque a la reina es la respuesta a preguntas que me suscitaron en un trabajo de campo que realicé en noviembre de 2011 en San Isidro de Lules en la provincia de Tucumán. Esta localidad se ubica a unos escasos 50 kilómetros de la capital provincial en una zona productora de frutillas, arándanos y limones trabajados por familias rurales e inmigrantes. La atención a la salud se distribuye entre el hospital Dr. Eliseo Cantón y los Centros de Atención Primaria a la Salud (CAPS) y Centros de Integración Comunitaria (C.I.C.).
En ese trabajo de campo visitamos de forma aleatoria uno de los C.I.C. de San Isidro de Lules, muy cerca del ex ingenio azucarero Mercedes –hito histórico del lugar. Nos entrevistamos con la Directora, la única ginecóloga de la institución y un equipo de enfermeras, trabajadora social y psicóloga con el objetivo de conversar sobre la situación de las usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva y el funcionamiento del Programa Nacional