La consulta previa: daño inmaterial y reparación. Diana Carolina Rivera Drago
Internacional del Trabajo. Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, que reconoce y protege los derechos fundamentales como es el reconocimiento a un territorio ancestral, hacemos mención de esta legislación para recordar que no se trata de una simple confrontación entre culturas diferentes, sino que es una imperiosa necesidad de reconciliación entre todos los colombianos, para lo cual es importante tener en cuenta los procesos, conceptos y reconocimientos que hemos hecho a la hora de construir un país más justo como el que trata de dibujarse en la Carta Magna.
En este sentido, es de toda legitimidad que se garantice la integridad de la población indígena, evitando la profanación de los territorios según la cosmovisión ante la presencia de actores armados legales e ilegales generando acciones contrarias a la tranquilidad, la armonía y la convivencia pacífica, originada por la confrontación armada, el posicionamiento geopolítico de los mismos que han conducido a muchos actos de impunidad, pérdida del territorio, pérdida de nuestros legítimos representantes, afectando de manera directa a la población indígena en general mediante el reclutamiento forzoso, señalamiento, amenazas, crímenes, intimidación y otras formas de represión, de ahí que nos demos a la tarea de buscar caminos que conduzcan al reconocimiento real de nuestros derechos que han sido violentados y vulnerados114.
El conflicto armado que ha flagelado a Colombia por tantos años es uno de los inconvenientes más graves que ha tenido que afrontar la comunidad arhuaca, y aunque la situación ha mejorado sustancialmente, no es todavía un punto superado.
A raíz de la violencia y el terror, los pueblos indígenas de la Sierra vieron limitada su libertad, perdieron a varios de sus hombres y parte de su territorio y su hábitat ancestral se convirtió en un centro de operaciones ilícitas, extorsión, homicidio, secuestro y desapariciones forzadas115. La presencia de guerrilla, paramilitares, e incluso del ejército, convirtió la Sierra Nevada de Santa Marta en un campo de batalla en medio del cual se encontraban los indígenas.
Los iku desde un principio se declararon neutrales frente al conflicto armado colombiano y por ende debían ser ajenos a los combates, a la presencia masiva de militares, paramilitares, guerrilleros y a convertirse en víctimas de homicidio o desaparición forzada por el hecho de no apoyar a una u otra parte116. Frente a esta situación la comunidad arhuaca reaccionó siempre de manera pacífica tratando de conservar sus tradiciones y de impedir que la situación de orden público del país afectara sus costumbres; para ellos lo importante era, y sigue siendo, mantener sus principios y valores alejados de la violencia, cumpliendo así con la Ley de Origen, a través de una resistencia activa pero pacífica y de la organización de las autoridades internas para tomar decisiones a través de la consulta que hacen los mamos a sus divinidades117.
En efecto, la manera en la que los arhuacos han conservado su cultura y se han enfrentado a esas situaciones adversas ha sido, principalmente, a través de la memoria histórica y de la resistencia pacífica. Han sorteado los problemas aferrándose a sus creencias y evocando su espiritualidad y misticismo, sin acudir a la violencia, a través de innumerables “trabajos” y pagamentos realizados para subsanar, en la mayor medida posible, los daños que el conflicto armado les ha causado; y se han defendido siguiendo el principio arhuaco de la no violencia con el fin de contener el avance de esta y preservar su cultura118. En los casos más graves su reacción ha sido unirse, de la manera más intensa posible, para alejar guerrilleros, paramilitares y ejército de sus territorios y sitios sagrados, a través del diálogo y el establecimiento de acuerdos; ello, sin embargo, muchas veces ha fracasado y han debido soportar la pérdida de muchos de sus miembros119.
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hizo incursión en la Sierra aproximadamente entre 1984 y 1985 mostrándose como un grupo dispuesto a luchar por los intereses de los pueblos indígenas120. Sin embargo, no fue necesario esperar mucho tiempo para que se hiciera evidente la naturaleza de este grupo armado al margen de la ley, cuando empezaron a cometer abusos, amenazas y homicidios contra los indígenas de la región y a reclutar a sus menores convenciéndolos de que con ellos tendrían una vida mejor. En el año 2000, un bloque guerrillero se instaló definitivamente en un asentamiento arhuaco exigiendo de ellos que les vendieran alimentos y les colaboraran ante cualquier petición so pena de muerte; la comunidad se negó, de manera que la guerrilla simplemente empezó a tomar lo que necesitaba amenazando a la población con sus armas y al tiempo seguía reclutando jóvenes indígenas bajo engaño para después matarlos o dejarlos morir a manos del ejército121.
En los años noventa se establecieron también allí grupos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se dio inicio a la guerra entre estos grupos guerrilleros y las Fuerzas Militares que se desplazaban a la zona para combatirlos, en ocasiones, incluso, con la idea de que los iku eran colaboradores de la guerrilla, sin tener en cuenta que lo que estaba ocurriendo era que estaban obligados a tenerla en su territorio porque no tenían forma de sacarla de allí, solo sus rezos y pagamentos.
En enero de 2005 la comunidad se reunió y se tomó la decisión de enfrentar a la guerrilla a través de la palabra y la resistencia. De esta manera, se desplazaron todos (hombres, mujeres y niños) hasta el lugar donde ésta se encontraba, pidiéndole que abandonara sus tierras. La reacción del grupo armado fue, simplemente, la de indicar que no lo harían y que, por el contrario, estaban llegando muchos más hombres como refuerzo. Pese a lo anterior, las comunidades persistieron, y después de muchos esfuerzos, en marzo del mismo año, lograron una reunión con comandantes tanto del ELN como de las FARC, les explicaron sus inconformidades, relacionadas principalmente con el señalamiento y las amenazas contra las autoridades arhuacas, la muerte y desaparición de varios de sus miembros, el apoyo a prófugos de la justicia y sectas religiosas, la realización de entierros de sus víctimas y profanación de lugares sagrados, la violación de mujeres, el atropello y reclutamiento a los jóvenes y el saqueo del territorio. Ambos grupos reconocieron que los iku tenían razones para reclamar y se comprometieron a marcharse de manera paulatina, cosa que no sucedió sino, por el contrario, se mantuvieron allí y continuaron sus ataques durante todo el 2005 y el 2006[122].
Por otra parte, por si no fuera suficiente con la guerrilla, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) también empezaron a hacer presencia en estos territorios, aproximadamente a partir de 1999. Para esta época, los iku estaban adelantando diálogos con los colonos de la zona con el fin de recuperar parte de su tierra, pero dichas conversaciones fueron truncadas con el arribo de este grupo armado, que hizo desaparecer a la mayoría de aquellos colonos. Las AUC ingresaron haciéndose pasar por miembros del ELN e inmediatamente iniciaron las amenazas contra los indígenas ya que los consideraban colaboradores de la guerrilla. En el año 2001 había tres campamentos paramilitares y una hacienda ocupada por ellos, donde se realizaban todo tipo de torturas y atrocidades además de fiestas y espectáculos musicales. Ya para el 2004 habían logrado que la movilización en la Sierra fuera muy difícil y peligrosa (principalmente en el departamento del Cesar) así como el ingreso de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad; seguían además aumentando los homicidios y las inimaginables torturas contra la comunidad arhuaca123.
No bastarían las páginas para describir todo lo que sucedió en la Sierra Nevada de Santa Marta durante los años más duros del conflicto (2000-2005). Cuando se les pregunta a los iku por este periodo, jóvenes y viejos están de acuerdo en que ha sido la época más difícil que han tenido que vivir. Diariamente había uno o más muertos ya fuera en zona rural o en cercanías de las ciudades y los municipios; todos recuerdan haber tenido encuentros con jefes paramilitares y guerrilleros reconocidos en todo el país; se cuentan anécdotas relacionadas con cómo tenían que luchar para salvar sus vidas, siendo personas que por lo general no están armadas más que con sus instrumentos de trabajo y sus palabras.
Se cuenta, por ejemplo, que durante esta época en la comunidad indígena kankuama fueron asesinadas más de 300 personas solo por el hecho de llevar el apellido Arias, ya que un hombre con este apellido al parecer era colaborador de la guerrilla (este caso ha sido objeto de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos124); que los grupos ilegales robaban su comida, asesinaban indistintamente hombres, mujeres y niños, secuestraban personal civil que venía a ayudarles con asuntos