Activismo, diversidad y género. Laura Raquel Valladares de la Cruz

Activismo, diversidad y género - Laura Raquel Valladares de la Cruz


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      Aquí con dinero no vamos a arreglar nada, […], no queremos la cuota, que no se metan con la ciudadanía, el pueblo se cansó y el pueblo puso orden y lo estamos demostrando con hechos (palabras del comandante Gallardo, 2013).

      EL PROCESO DE REEDUCACIÓN DE LOS 54 RESGUARDADOS

      Fueron días de actividades arduas y responsabilidades que asumieron las autoridades locales y agrarias de las comunidades del municipio Ayutla: Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande; al mismo tiempo, las asambleas se intensificaron, el común denominador era la defensa y gestión responsable de los bienes naturales y “limpiar Ayutla de los chicos malos” (palabras del comandante Ernesto, 2012).

      De forma simultánea a que se tomaban las clases en la Unisur, algunos de las 54 personas resguardadas tenían pláticas con los principales y con el Consejo de Autoridades, como parte del procedimiento de reeducación: “se acordó que construyan el comedor universitario de la Unisur”. Otros resguardados se dedicaban a tejer hamacas en la cancha, justo enfrente de la iglesia. Como facilitadora de la universidad, en ocasiones, me asignaban ir a la comisaría por los resguardados y explicar dicha construcción. Durante este trayecto, documenté con fotografía y video el trabajo comunitario. Sin embargo, 27 (cinco mujeres) de los 54 resguardados se encontraban en otro espacio que no era la comisaría y al que únicamente el Consejo de Autoridades y los comandantes tenían acceso.

      Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el proceso de reeducación, inherente al sistema comunitario donde “se daba la oportunidad a los detenidos para reconocer sus errores o faltas cometidas y mejorar sus conductas a través de trabajo comunitario”,24 se realizaron dos asambleas puntuales, hitos en la conformación de la policía ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.

      IMAGEN 2

      Resguardados tejiendo hamacas y vigilados por un policía ciudadano en la cancha de la comunidad de El Mezón, enero de 2013 (fotografía de Gema Tabares Merino).

      La primera asamblea fue el 20 de enero de 2013, en Cuanacaxtitlan, municipio de San Luis Acatlán, donde se decidía, con voz y voto de las autoridades y consejeros locales, cuáles serían las comisiones y gestiones para “poner freno a las acciones de los chicos malos”. En esta reunión, el comandante Guerrero mostraba un cartel que decía: “Presentación de los resguardados relacionados a la delincuencia” y, al mismo tiempo, explicaba cuál sería la dinámica en la próxima Primera Asamblea del Tribunal Popular que se realizaría el 31 de enero de 2013 en la comunidad de El Mezón. Asistíamos junto con el comité de padres de familia de la Unisur y el comisario (en turno) Gonzalo Lozano Jacinto. Además, Román Pantoja Valdivia, comisario de La Unión; Álvaro Hernández García, comisario del Vano; Rosalío Onofre Castro, comisario del Zapote; Fidel Morales Teodoro, comisario de Ahuacachahue; Próspero Borja González, comisario de Azozuca; Eduardo Narciso Mendoza, comisario de Atocutla; Joel Onofre Martínez, comisario de Tlachimala, y Juan García Hermelindo, delegado de Palma Sola. En esta ocasión sólo asistimos dos mujeres, “el resto se quedaba cuidando a los resguardados” (palabras de la tía Ofe).

      En esta asamblea, la mayoría de los varones referían a los testimonios dolientes que habían protagonizado las personas resguardadas. Todos “sabíamos” (como una especie de secreto comunitario que no podía divulgarse) a través de testimonios de las víctimas, las atrocidades que habían cometido las personas capturadas durante el mes de enero. No trabajé directamente con las víctimas, además, estaba prohibido usar sus testimonios para fines académicos o periodísticos, pero fueron justamente esos testimonios que impulsaron a las comunidades a reforzar el proceso organizativo. Era importante este ejercicio rememorativo de las “atrocidades” porque permitía empujar el proceso de transformación social (Jimeno et al., 2019).

      IMAGEN 3

      El comandante Guerrero muestra el cartel

      “Presentación de los resguardados relacionados a la delincuencia” en la reunión de Cuanacaxtitlan, municipio de San Luis Acatlán, realizada el 20 de enero de 2013 (fotografía de Gema Tabares Merino).

      PRIMERA ASAMBLEA DEL TRIBUNAL POPULAR

      La segunda asamblea fue el 31 de enero de 2013 en El Mezón, donde se instalaba formalmente la Primera Asamblea del Tribunal Popular y donde participaron 69 autoridades; entre ellos, comisarios, comisariados y consejeros de los pueblos que pertenecen a los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande. La asamblea se rigió por los principios de inmediatez, contradicción, oralidad, imparcialidad e independencia y con pleno respeto a los derechos humanos. Prácticamente se expresaba y analizaba en torno al hartazgo, coraje e impotencia que sentía la población indígena y mestiza ante la ausencia del Estado en materia de justicia.25

      La Asamblea del Tribunal Popular proponía la interconexión de: 1) instalar formalmente el tribunal popular; 2) presentar ante los medios de comunicación a los 54 resguardados mediante una lectura de los delitos que se les imputaba, y 3) facilitar un espacio a las víctimas para presentar testimonios (orales y escritos) como pruebas del delito contra los resguardados. Jimeno define a la categoría de “víctima” como “un contenido emocional y afectivo, haciendo que ésta trascendiera mucho más allá de una simple categoría burocrática impuesta” (Jimeno et al., 2019:34). En esta asamblea, las víctimas se atrevían a narrar la experiencia de sufrimiento, convirtiendo esta narración en una estrategia para exigir sus derechos como víctimas y como pueblos indígenas.

      Había diferentes comisiones: de alimentos, de logística, de coordinación de los familiares de los resguardados; en calidad de facilitadora de la Unisur y junto con estudiantes, coordinamos la Comisión de los Medios de Comunicación. Mientras que el facilitador y fundador de la universidad, Bulmaro Muñiz fungió como maestro de ceremonias de la asamblea. También figuraba Carmelo García del pueblo de Ahuacachahue, como traductor bilingüe de las víctimas; Manuel Vázquez como promotor de la UPOEG; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como observador; el comandante Ernesto Gallardo, como coordinador regional de la UPOEG; Bruno Plácido como fundador de la UPOEG; el párroco Mario Ocampo, fundador de la CRAC-PC, y autoridades locales y agrarias. Las acciones y funciones de los líderes encontraban sentido únicamente, una vez insertadas en el sistema comunitario. Es decir, la participación de los pueblos en esta asamblea se planteaba desde el holismo de las cosmovisiones indígenas, lo que implicaba romper con toda perspectiva individualista: “Lo que le pase a un compañero de cualquier región, nos pasa a todos” (palabras de Bruno Plácido, promotor de la UPOEG).

      Desde este holismo de las cosmovisiones indígenas, subrayo que se debe romper con la idea predominante que se han difundido tanto en el campo de los medios de comunicación como en el campo académico de personalizar el proceso de lucha, ya que se desconoce la participación colectiva de las comunidades. Éste es un discurso que ha usado política y estratégicamente el gobierno para deslegitimar la capacidad de movilización de los agentes indígenas; Wallerstein lo ha señalado: “el sistema-mundo ha contado con muchas instituciones que forman una matriz que permite al sistema operar, pero al mismo tiempo, estimula tanto los conflictos como las contradicciones que calan en el sistema” (Wallerstein, 2008:3).

      Mientras, en el crucero El Zapote, previo a El Mezón, se instaló el primer filtro para los medios de comunicación, quienes se registraron a partir de las nueve de la mañana. Los vehículos se identificaban con el letrero de “prensa”; así, una vez que llegaban a la comunidad, los ubicábamos.

      Previamente, elaboramos un reglamento comunitario (Reglamento comunitario, 2013) de ocho puntos en el que se pedía, de manera explícita, a los medios acatar las normas y reglas que ancestralmente rigen a los pueblos, además se indicaba que por la seguridad y el respeto de todos las y los asistentes, quedaba prohibido tomar fotografías, grabar videos, grabar audio, usar teléfonos celulares y realizar entrevistas, en tiempos


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