Activismo, diversidad y género. Laura Raquel Valladares de la Cruz
implementar políticas en prevención de delitos, y como no hicieron eso, ahora nos rebasó, por eso como pueblo no tuvimos otra alternativa (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).
Ante los numerosos secuestros perceptibles en la región y dada la ineficiencia de instancias del gobierno de Guerrero relacionadas con la seguridad pública, las comunidades se organizaban y las asambleas se realizaban constantemente pues, por un lado, existía el hartazgo y repetían “están arruinando a nuestro país, están dejando sin futuro a nuestros hijos” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013); por el otro, había la esperanza de edificar una sociedad más justa donde se reestableciera el orden, el desarrollo y la paz en las comunidades.
Sin embargo, y sin que los medios de comunicación o el gobierno municipal o el estatal supieran, la madrugada del 5 de enero de 2013, aproximadamente 800 personas aglutinadas en la UPOEG de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala, irrumpieron en la cabecera de Ayutla, mediante la instalación de retenes comunitarios, “lo único que estamos haciendo es defender al pueblo, ¡estamos defendiendo la vida!” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013). Las personas partícipes en los diversos retenes comunitarios portaban capuchas para cubrir los rostros:
No somos ni los primeros ni los últimos que tendrán que cubrirse el rostro, para ver un nuevo amanecer, donde nuestras familias y nuestra gente, disfrute de la vida y no la viva con amargura, con duelo, con angustia, porque en eso han convertido a México (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).
Los días posteriores al 5 de enero se realizaban patrullajes, se seguían instalando retenes (construidos con costales rellenos de arena) y puntos de revisión para controlar las entradas y salidas de actores externos que ingresaban a la cabecera municipal, y así, cinco días después se llegó al municipio vecino de Tecoanapa:
La sociedad estaba secuestrada en sus casas, por esta razón decidimos salir a la calle, las instituciones que han sido diseñadas para atender y brindarnos seguridad y justicia, gozan de un gran presupuesto, […] pero sus resultados no sólo son tristes, son lamentables (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).
En total, durante el mes de enero y sin presupuesto económico, se logró capturar a 54 personas de diversos municipios de Guerrero, vinculadas con el crimen organizado, que serían trasladadas a la comisaría de El Mezón y que al interior de la comunidad se les llamaba “resguardados” (no detenidos). “Hicimos en unos días lo que el gobierno no quiso hacer por años” (Plácido, 2013, 2018).
A partir de esta irrupción, los medios masivos de comunicación empezaron a difundir la noticia de la lucha colectiva que encabezaban las comunidades aglutinadas en la UPOEG, entre los principales titulares usaban el término “grupos de autodefensas” o “encapuchados”. En este sentido, a través de un comunicado de prensa, la CRAC informaba y se deslindaba:
Queremos puntualizar algunas prácticas que se han observado en el levantamiento y que muestran claramente que no es la CRAC Policía Comunitaria, quien lo dirige (CRAC, 2013).
Esto rompía con los acuerdos establecidos en la asamblea de Potrerillo (municipio de Malinaltepec), realizada el 13 de agosto de 2012 donde asistieron autoridades de la Unisur, autoridades comunitarias y agrarias, el padre Mario Ocampo y representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fue una asamblea muy significativa porque en ella se realizó una evaluación cualitativa y permitió ubicar “los errores políticos y organizativos”, tanto de los proyectos políticos de la CRAC y de la UPOEG como de las tensiones entre los liderazgos políticos. Al mismo tiempo, rompía con los acuerdos dialogados durante el mes de noviembre de 2012, en el 17 aniversario21 de la CRAC-PC en Miahuichán, municipio de San Luis Acatlán. En sus inicios, algunos policías conformados por las propias comunidades de Ayutla portaban “la camisa de la CRAC”, para después abandonarla, debido a disputas políticas en torno a las estrategias de defensa territorial y relacionadas con los 54 “resguardados” (Palma, 2013, 2019). Sin embargo, los proyectos políticos de la UPOEG y la CRAC coinciden en la búsqueda de “vivir en paz y con tranquilidad”. Igualmente, en ambas, las decisiones se encuentran subordinadas a una base de poder conformada por una “asamblea comunitaria” y un “mandatario”; la primera se refiere a que el pueblo manda, y la segunda a que la estructura obedece (Plácido, 2012).
A partir de este escenario y conforme a lo previsto en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y en la Ley 701, de manera explícita confirmaba en su artículo 37, el reconocimiento únicamente como policía comunitaria de la CRAC y su sistema de justicia, esta última ley la definía como un “cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y los pueblos indígenas” (artículo 6, Ley 701). El gobierno estatal ha tenido respuestas simbólicas y legales diferenciadas para el reconocimiento de los “cuerpos de seguridad comunitarios” de la Montaña, de la Costa Chica y de la región Centro.
¿Cuál fue la respuesta por parte del gobierno estatal ante el levantamiento de los pueblos sureños? Reforzar la implementación del “Operativo Guerrero Seguro”, que según el vocero del gobierno, Arturo Martínez Núñez, fue un operativo realizado por la Secretaría de Marina (Semar), el ejército y la policía federal (Notimex, 2011), que retomarían la seguridad pública tanto en Ayutla como en Tecoanapa. Empero, para retomar, primero hay que tomar; el objetivo era criminalizar a los grupos comunitarios “hartos de tanta chingadera”,22 por esto, la insistencia de desarmar a “los rostros cubiertos”.
Mientras tanto, en la comunidad de El Mezón se repetía que “sólo el pueblo defendía al pueblo”. El nuevo Consejo de Autoridades electo para trabajar durante el año 2013, ahora lo presidía el comisario Gonzalo Lozano Jacinto. Así, a través de mandatos comunitarios se asignaron quehaceres específicos para el cuidado de las personas resguardadas en la comisaría, “era un gasto bien pesado darle de comer a todos, pero no nos rajamos, les dábamos sus tortillas hechas a mano” (testimonio de mujer mezoneña, 2019). Tanto las mujeres como los jóvenes se turnaban para llevar de comer tres veces al día a los resguardados. Los estudiantes de la Unisur eran campesinos y campesinas que, al mismo tiempo, participaban en los turnos nocturnos para vigilar la comunidad, la comisaría y a los “resguardados”; para ello se emplearon diversas estrategias, sobre todo en las rutas alrededor de la comunidad. La iglesia permanecía salvaguardada, a veces porque se resguardaban en este espacio simbólico a algunos delincuentes o, en ocasiones, porque se vigilaba desde allí la entrada y salida de “aquellos delincuentes que pensaban regresar”.23
Las mujeres se encargaban de trabajar en las fisuras de la violencia; es decir, tenían una participación activa en este procedimiento debido a que colaboraban con funciones específicas: cocinaban para los resguardados, vigilaban la comisaría, participaban en las asambleas y aunque la mayoría ocupaban un espacio cultural y social asignado, algunas cuestionaban dichos roles con sus prácticas y participaban en otras actividades; no era fácil porque el campo de adopción de decisiones comunitarias ha sido un espacio históricamente excluyente para las mujeres, resultaba una tarea complicada, debido al entramado comunitario: “muchas veces las críticas más fuertes provenían de la comunidad por el hecho de trasgredir esos roles” (testimonio de mujer mezoneña, 2019); pero insistían en ser consideradas, o en ocasiones, cuando los hombres salían de la comunidad, algunas mujeres asumían el resguardo. Era notorio el sentido de pertenencia y arraigo territorial.
El panorama era complejo; por un lado, las asambleas comunitarias se realizaban con mayor ímpetu y, por el otro, en el transcurso del mismo mes de enero, de pronto, llegaban dos o tres medios de comunicación a El Mezón y los retenes comunitarios se “reforzaban exageradamente para controlar las entradas al pueblo”, el comandante Ernesto declaraba (lo que ya sabíamos en el nivel comunitario), el secuestro del comandante de Ahuacachahue:
La mafia o chicos malos nos quisieron medir fuerza, nosotros agarramos un delincuente y al rato nos llegó la amenaza, a los dos días levantan al comandante de Ahuacachahue y nos notificaron que íbamos hacer un cambio entre el detenido y mi comandante. Que me presentara sin gente, sin arma y llevando al muchacho, desde luego no íbamos a caer en sus debilidades, lo que he anunciado es que estamos al diez