¡ Queremos lo nuestro!. Bernadette Atuahene

       Prólogo

       Despojo de tierras y expropiación de la dignidad en Colombia

       Rodrigo Uprimny1 y Diana Esther Guzmán2

      En el libro ¡Queremos lo nuestro!, la profesora Bernadette Atuahene desarrolló por primera vez, de manera sistemática, los que se han convertido en sus aportes conceptuales más relevantes en la literatura relacionada con el tema de las expropiaciones y lo referente al movimiento de derecho y sociedad en Estados Unidos. Se trata de los conceptos «expropiación de la dignidad» y «restauración de la dignidad». La autora usa un amplio y detallado trabajo de campo en ciudades de Sudáfrica y logra mostrar que la expropiación de la que fueron víctimas miles de personas durante el apartheid, además de despojarlas de su propiedad, las privó de su dignidad. Aunque múltiples regímenes constitucionales amparan las expropiaciones que llevan a cabo los Estados con el objetivo de alcanzar fines importantes y legítimos, cuando estas deshumanizan o infantilizan a quienes las padecen, debe otorgarse un remedio que permita restaurar la dignidad «expropiada». Dicho remedio, de acuerdo con la profesora Atuahene, debe ir más allá de la compensación económica y permitirle a la persona despojada convertirse en parte de la comunidad política con voz y agencia.

      Estos dos conceptos socio-jurídicos son herederos de una larga tradición de estudios sobre expropiaciones de la propiedad privada en el contexto del derecho de bienes (property law). Sin embargo, desde el momento en que la profesora Atuahene los desarrolló, estos conceptos han sido importantes para analizar otros casos de privaciones de dignidad y su uso se ha extendido a otros campos del derecho. Acevedo (2018), por ejemplo, utiliza el concepto expropiación de la dignidad para analizar cuándo el castigo penal se convierte en una práctica deshumanizante, y por lo tanto pierde su legitimidad³. Por su parte, la socióloga Esther Sullivan (2018) utiliza los conceptos desarrollados por Atuahene para analizar el efecto que tiene el cierre de parques rodantes sobre las personas que habitan dichos lugares⁴. Aunque estas personas no tienen títulos de propiedad, Sullivan identifica los conceptos de propiedad socialmente construidos y encuentra que estas personas sufren un despojo de sus derechos, al tiempo que son deshumanizadas. En consecuencia, la autora argumenta que estas personas han sido víctimas de una expropiación de su dignidad. Estos ejemplos ilustran tanto la potencia conceptual y analítica de los conceptos de expropiación y restauración de la dignidad, como su capacidad de adaptación a distintos contextos.

      Pero, ¿por qué traducir este libro a español y por qué hacerlo en Colombia? Algunos podrían pensar que la traducción de una obra sobre la expropiación y posterior restitución de tierras en Sudáfrica no es útil para entender el caso colombiano. Primero, porque reflejaría una realidad lejana de un proceso que nos es ajeno. Segundo, porque el nuestro sería un proceso de restitución de tierras con más de cinco años de implementación, por lo cual estaría ya lo suficientemente maduro como para haber aprendido de sus propios aciertos y errores.

      Sin embargo, como explicaremos más adelante, creemos que el libro de la profesora Atuahene nos ofrece una gran oportunidad para analizar los resultados concretos de nuestro proceso de restitución de tierras. Además, y tal vez más importante, nos brinda conceptos útiles para poner en perspectiva estos resultados y entender hasta qué punto estos han permitido incluir y dignificar a las víctimas. Este tipo de análisis es particularmente importante en el actual contexto político y social del país, en el que estamos en medio de una de las etapas más críticas de la implementación del proceso de paz con las FARC, pues la política de tierras tiene un rol central en el acuerdo suscrito.

      Para entender cuáles son las posibles contribuciones de este libro tanto para Colombia como para otros países que enfrentan la enorme tarea de diseñar e implementar una política de restitución de tierras, empezaremos por reconocer que los contextos sudafricano y colombiano son diferentes. Estas diferencias resultan claves para entender que no todos los hallazgos de la profesora Atuahene son aplicables o incluso relevantes para entender la experiencia colombiana. Sin embargo, a pesar de que el contexto importa y las diferencias entre los dos países y coyunturas en las que intentaron la restitución son innegables, la segunda parte de este prólogo la dedicamos a analizar las similitudes entre los dos casos, pues estas resultan fundamentales para dimensionar la relevancia del libro en el análisis de la restitución de tierras en Colombia. Dicha relevancia es justamente el tema de la tercera parte de este prólogo.

       De la expropiación racializada y legalizada en Sudáfrica al despojo asociado a un complejo conflicto armado interno en Colombia

      Como lo explica detalladamente la profesora Atuahene en la presente obra, la expropiación de tierras a la población nativa de Sudáfrica es un fenómeno que se remonta a las primeras etapas de la colonización holandesa. Sin embargo, a partir de la aprobación de la Ley de Tierras Nativas de 1913, el desalojo y despojo pasaron de ser una política de facto a una política con pleno respaldo legal. Desde entonces, un grupo creciente de leyes redujo progresivamente las posibilidades de los sudafricanos no blancos de ser propietarios tanto en zonas rurales como urbanas. La ley conocida como Native Trust and Land Act de 1936, por ejemplo, estableció que las poblaciones nativas solo estaban autorizadas a mantener propiedades en el 13 % del territorio nacional.

      Este marco normativo que limitó la posibilidad de la mayoría de la población de tener plenos derechos sobre la tierra, relegándolos a una reducida porción del país, se inspiró en una ideología claramente racista. Las leyes a través de las cuales el Estado sudafricano promovió durante los primeros años del siglo XX que las personas nativas trabajaran en las ciudades sin echar raíces en ellas, se inspiraron en la ideología según la cual los negros eran como animales de finca y por lo tanto no pertenecían al ámbito urbano. Los fundamentos racistas de estas políticas se hicieron aún más evidentes a partir de 1948, con el inicio formal del apartheid. Este régimen se basó en una ideología de supremacía blanca que se tradujo, entre otras, en medidas destinadas a lograr la separación entre razas y etnias, lo cual requería en muchos casos desplazar y concentrar a las mayorías negras y otros grupos étnicos. En 1994, cuando el régimen llegó a su fin, la población blanca era propietaria de cerca del 87 % de las tierras, a pesar de constituir solamente el 10 % del total de la población.

      A diferencia del caso sudafricano, el despojo de tierras y territorios en Colombia no fue parte de una política de Estado ni estuvo expresamente legalizado. Aunque el desplazamiento y despojo pueden ser considerados elementos centrales del conflicto armado interno en el país, estos fenómenos no se dieron como resultado de leyes que los justificaran y promovieran, sino como parte y consecuencia de los repertorios de violencia de las partes en conflicto⁵. Esto no niega, por supuesto, que algunas de las formas prevalentes de despojo hayan incluido la legalización del mismo, a través de mecanismos que en muchos casos fueron posibles por el involucramiento de funcionarios públicos con grupos armados ilegales⁶.

      Otra