Por el derecho comprender. Henrik López Sterup

Por el derecho comprender - Henrik López Sterup


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4) US Pennsylvania Plain Language Consumer Contract Act, 1993; 5) New Zealand Government “Rewriting the Income Tax Act”, 1994; 6) South Africa Constitution, 1996; 7) UK Tax Law Rewrite Project, 1996-2010; 8) Scottish Online Booklet on Plain Language and Legislation, 2006; 9) US Federal Rules of Civil Procedure, 2007; y 10) US Plain Writing Act, 2010. Véase: Christopher Williams, “Changing with the Times: The Evolution of Plain Language in the Legal Sphere”. Alicante Journal of English Studies, n.° 28 (2015): 183-203.

      27 Rosemary Moukad, “New York’s Plain English Law”. Fordham Urban Law Journal 8, n.° 2 (1980): 452-453 (traducción propia).

      28 Joanna Richardson, “Lenguaje claro: orígenes, historia y un caso de estudio”. Hemiciclo. Revistas de estudios parlamentarios, n.° 12 (2015): 7-13.

      29 Moukad, “New York’s Plain English Law”, 454.

      30 Ibídem, 455 (traducción propia).

      31 Beth Mazur, “Revisiting Plain Language”. Technical Communication: Journal of the Society for Technical Communication 47, n°. 2 (2000): 205.

      32 U. S., E. O. 12.044, mar. 23/1978, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12044-improving-government-regulations.

      33 U. S., E. O. 12.174, nov. 30/1979, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12174-federal-paperwork-reduction.

      34 Véase el No. 16 de Clarity Journal, publicación de la organización Clarity International.

      35 Maria Sundin, “Plain English and Swedish klarsprak. A Comparison between Plain Language Movements, Style Guides, and Practice” (documento inédito, s. f.), 5, https://www.textfixarna.se/wp-content/uploads/2013/01/plain_english.pdf.

      36 Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, Estudio de campo: Políticas públicas comparadas, editado por Cristina Carretero (Madrid: Ministerio de Justicia, 2011), 50, https://lenguajeadministrativo.com/wp-content/uploads/2015/10/CMLJ-Estudio-de-campo.pdf.

      37 Estrella Montolío y Mario Tascón, El derecho a entender, la mejor defensa de la ciudadanía (Madrid: Catarata, 2020), 23.

      38 Anna Sobota, “The Plain Language Movement and Modern Legal Drafting”. Comparative Legilinguistics 20, (2014): 19-30.

      39 Estrella Montolío, Hacia la modernización del discurso jurídico. Contribuciones a la I Jornada sobre modernización del discurso jurídico español (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011), 71.

      40 En la misma escala de interés está el proyecto para reescribir las leyes de impuestos del Reino Unido, una idea para que las cuestiones tributarias sean más claras y fáciles de usar, sin necesidad de cambiar la ley.

      41 Ingemar Strandvik, “La modernización del lenguaje jurídico en Suecia: ¿enseñanzas aplicables a otras tradiciones?”, en Hacia la modernización del discurso jurídico. Contribuciones a la i Jornada sobre modernización del discurso jurídico español, editado por Estrella Montolío (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011), 131.

      42 Barbro Ehrenberg-Sundin, “Plain Language in Sweden”. Clarity, n.° 33 (1995): 16 (traducción propia).

      43 El propósito de esta Ley es mejorar la eficacia y la responsabilidad de las agencias federales ante el público mediante la promoción de una comunicación gubernamental clara que el público pueda comprender y utilizar.

      44 Uno de los casos analizados por Kimble es el de la Royal Mail, empresa de servicio postal del Reino Unido, cuyos formularios fueron intervenidos con estrategias de lenguaje claro. Antes de la intervención había una tasa de error del 87% y Royal Mail gastaba más de £ 10,000 por semana para tratar las quejas y reprocesar los formularios incorrectos. La nueva forma redujo drásticamente la tasa de error y ahorró £ 500,000 en nueve meses. Otro caso es el de la empresa de telecomunicaciones British Telecom que estaba recibiendo casi un millón de consultas por año de clientes sobre sus facturas de teléfono. Con la nueva factura expresada en lenguaje claro, la cantidad de quejas y consultas se redujo un 25%. Además, los clientes comenzaron a pagar con mayor rapidez mejorando el flujo de efectivo y reduciendo el costo de cobrar las facturas vencidas. Ambas intervenciones fueron desarrolladas por la firma Siegel & Gale.

      45 Joseph Kimble, “Answering the Critics of Plain Language”. Scribes Journal of Legal Writing 51, n.° 5 (1994-1995): 81 (traducción propia).

      46 Peter Butt, “The Assumptions behind Plain Legal Language”. Hong Kong Law Journal 32, n. ° 1 (2002): 185-186 (traducción propia).

      47 Stéphanie Roy, “Le langage clair en droit: pour une profession plus humaine, efficace, crédible et prospère!”. Les Cahiers de droit 54, n.° 4 (2013): 1006 (traducción propia).

      48 Santiago Muñoz Machado, Libro de estilo de la justicia (Bogotá: Planeta, 2018), 15.

      49 Rabeea Assy, “Can the Law Speak Directly to its Subjects?”, 396 (traducción propia).

      50 Rabeea Assy, “Can the law speak directly to its subjects?”, 403 (traducción propia).

      51 Brian Hunt, “Plain Language in Legislative Drafting: An Achievable Objective or Laudable Ideal?” Statute Law Review 24, n.° 2 (2002): 112-124 (traducción propia).

      52 Albert Calsamiglia, “¿Debe ser la moral el único criterio para legislar?” Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, n.° 13 (1993): 169. Gema Marcilla también sostiene que: “resultaría un tanto ingenuo sostener que la calidad de las leyes necesita de una ciencia de la legislación normativa, pero basada exclusivamente en criterios sobre racionalidad lingüística”: Gema Marcilla Córdoba, Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación(Madrid: CEPC, 2005), 298. Manuel Atienza sostiene que: “una ley puede no ser clara para quien tiene que cumplir los mandatos que la misma contiene (por ejemplo, los de una ley tributaria), sin que ello signifique que la misma sea defectuosa lingüísticamente (bastaría, por ejemplo, con que resultara clara para los asesores fiscales, inspectores de Hacienda, etc.)”: Manuel Atienza, Contribución a una ciencia de la legislación(Madrid: Cuaderno Civitas, 1997), 29. Los niveles de racionalidad legislativa propuestos por Manuel Atienza son: 1) lingüística, 2) sistemática, 3) pragmática, 4) teleológica y 5) ética.

      53 Categorías de análisis nucleares en el estudio de los movimientos sociales. Véase: Donatella Della Porta y Mario Diani, Los movimientos sociales (Madrid: Universidad Complutense de Madrid y Centro de Investigaciones Sociológicas, 2011).

      54 Inmediatamente después de su creación, la ONG Clarity International contó con un poco más de 100 personas como miembros, quienes creyeron desde un principio que el objetivo primordial debía ser influir en el estilo del lenguaje jurídico e incidir en una mejora sustancial de la imagen y comunicación de la profesión jurídica. Un año más tarde, en 1984, había 250 miembros de Reino Unido y Australia, y se trazó la posibilidad de realizar una reunión anual con el ánimo de empezar a perfilar un think tank del plain English. Véase: An international association promoting plain legal language: http://clarity-international.net/.

      55 “Clarity’s Aim”. Clarity, n.° 1 (1983), acceso 26 de mayo de 2019, http://www.clarity-international.net/wp-content/uploads/2015/05/Clarity-no-1-bookmarked.pdf (traducción propia).


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