Las letras del horror. Tomo II: La CNI. Manuel Salazar Salvo
bomba en casa del juez Bórquez cuando estalló otra en la suya– afirmó que las bombas estaban fabricadas con trotil. También el general Germán Campos, entonces prefecto de Carabineros de Santiago, aseguró que todas las bombas que estallaron en 1978 estaban fabricadas con trotil. La CNI, en cambio, fue enfática para afirmar que “no son de trotil, porque este elemento es usado solo por las Fuerzas Armadas”. Desde entonces, los medios de prensa informaron que, según fuentes de seguridad, tal o cual bomba era de polvo de aluminio o amongelatina. Pero hubo excepciones: el 14 de febrero de 1979, El Mercurio dio cuenta de una bomba que estalló en el sector de La Granja y que, según Carabineros, “estaba confeccionada con 500 gramos de trotil”.
El 14 de mayo de 1979, en un fallo de primera instancia, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Israel Bórquez, anunció su rechazo a las extradiciones de Contreras y Espinoza solicitadas por el gobierno de Estados Unidos.
Seguros de que las condiciones habían cambiado, ambos exjefes de la DINA decidieron iniciar un fulminante contraataque y el 31 de mayo acusaron constitucionalmente a los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y de Educación, Sergio Fernández, Hernán Cubillos y Gonzalo Vial, respectivamente.
Contreras y Espinoza los culpaban de haber interferido en sus defensas e influir de mal modo ante diversas instancias públicas para que no se les ayudara. Afirmaban que uno de sus abogados, Jorge Balmaceda, jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, había sido presionado por el ministro Vial para que abandonara el caso.
De acuerdo a la acusación de los exjefes de la DINA, el embajador estadounidense George Landau habría señalado a Cubillos su inquietud por la situación irregular de Balmaceda. Y este, junto a Fernández, habría acicateado a Vial para que presionara a Balmaceda. Para Contreras y Espinoza esa conducta resultaba inadmisible. Se trataba de una intervención extranjera que, con la complicidad de tres ministros, comprometía e1 honor de Chile y atentaba contra el legítimo derecho de defensa que tiene todo ciudadano.
La Junta de Gobierno se reunió y determinó que no procedía jurídicamente la acusación constitucional. El gobierno, en tanto, declaró que jamás se había pretendido intervenir en el proceso sobre las extradiciones, ni para privarlos de defensa, ni para entorpecer la acción de la justicia.
Los ministros aludidos no guardaron silencio. En una enérgica declaración emitida a últimas horas de ese mismo día refutaron los cargos que se les imputaban, manifestando que nunca han aceptado presión alguna y reiterando su adhesión a los valores de la dignidad y honor de la Patria. Y agregaron:
Resulta entre audaz y grotesco, por decir lo menos, que los referidos reclamantes se atrevan en estas circunstancias a formular semejantes declaraciones de índole moral y jurídica, con lo que queda de manifiesto que su propósito es el de intentar una burda maniobra política.
Manuel Contreras, por su parte, replicó al día siguiente:
Lo único que puedo declarar es lo siguiente: mi general Pinochet ha estimado que esta situación está totalmente superada. Yo, como militar, estoy dispuesto a cumplir, una vez más, las órdenes de mi general, pese a la actitud ignominiosa de algunos de los lacayos que actualmente lo rodean.
Pinochet reiteró su confianza a los ministros y el Ejército se cuadró con su comandante en Jefe. A las 8:30 de la mañana del jueves 7, llegó hasta el gabinete de Pinochet el cuerpo de generales a presentarle su saludo con motivo del día de la Infantería. En representación de ellos, el general René Escauriaza manifestó su adhesión el gobernante:
Queremos decirle a aquellos ilusos que aún pretenden minar la lealtad de la institución, que no confundan serenidad con temor ni silencio con desafección, pues cuando el Ejército, cuyo símbolo humano es la infantería, tiene que responder, sabe hacerlo sin titubeos20.
Casi un mes antes, el 26 de abril, el canciller Cubillos había invitado a almorzar a su casa al embajador estadounidense George Landau, a quien le confidenció que en las últimas dos semanas había recibido dos amenazas de muerte de Contreras.
En un documento secreto de tres páginas desclasificado por el gobierno norteamericano en marzo de 2001, Landau había informado en abril de 1979 al Departamento de Estado: “Cubillos me dijo que había recibido dos amenazas de muerte porque había firmado el original de la orden de arresto en su contra y que estaba muy consciente que la política exterior de Chile enfrentaría serios problemas si la Corte falla en contra”.
Los chilenos presenciaban por esos días las primeras grandes batallas de una guerra al interior del régimen militar que se prolongaría más allá del fin de su existencia. Los bandos en pugna fueron identificados como “duros” y “blandos”, atribuyéndoles características y posiciones antagónicas en el manejo económico, en las relaciones exteriores, en los planes políticos, en la educación, en suma, en todos los ámbitos ideológicos y administrativos del gobierno.
El general Pinochet decidió impulsar un gran movimiento cívico-militar que robusteciera los pilares de su gestión. La tarea recayó en el mismo hombre que poco después del golpe militar de septiembre de 1973 le recomendó reemplazar sus incrustaciones de oro en la dentadura, despejar su frente y levantar la altura de su gorra: el publicista Federico Willoughby. Trabajaría codo a codo con un coronel de Ejército en Cema Chile y emplearía como verdaderas monitoras de la idea a las esposas de los oficiales y de los funcionarios de las intendencias regionales.
En los últimos meses de 1979 Willoughby había logrado fichar a 240 mil chilenos. No obstante, la sombra del corporativismo con un penetrante olor a fascismo había caído sobre el tan esperado movimiento y Pinochet ordenó congelarlo hasta una nueva orden.
1.11. El conglomerado empresarial del “Mamo”
Manuel Contreras había previsto el fin de la DINA, su retiro y el de sus hombres. Pensando en ello creó una sociedad de responsabilidad limitada –Pedro Diet y otros– destinada a dotar de casas a todo el personal que conformaba el estado mayor del organismo de inteligencia. También, en sociedad con Vianel Valdivieso –Víctor Víctor, como le decían en la DINA– formó la empresa CONAS, dedicada a los servicios técnicos de ingeniería y mantenimiento.
Otras empresas bajo el control de Contreras al iniciarse los años 80 eran Conapala, una compraventa de automóviles; Enelectro, de artículos electrodomésticos; Impromet, en el rubro de la metalurgia; y su empresa regalona: Servicios de Asesorías Integrales Alfa Omega Ltda.
El general decidió instalarse en el tercer piso de Santa Lucía 270, en unas oficinas que arrendó a su amigo y exagente DINA Eduardo Romero Olmedo, que justo las había rematado poco tiempo antes.
Romero era dirigente de los camioneros durante la Unidad Popular, época en que se hizo muy amigo de Contreras.
En mayo de 1980 se descubrió una gigantesca evasión tributaria, superior a 250 millones de pesos –unos 20 millones de dólares– que involucró a la empresa Union Trading Co. Ltda., propiedad de Romero, y ubicada un piso más abajo de las dependencias que ocupaba Contreras.
Entre mayo y agosto, tanto la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones, Bridec, como los medios de prensa, recogieron múltiples antecedentes que indicaban la presencia de un grupo económico con vínculos y negocios insospechados.
Los principales socios de Romero, con dilatada trayectoria en el mundo empresarial, eran el colombiano nacionalizado estadounidense Jorge Bendek Bendek; su cuñado, Jorge Masihy Duery, y Manuel López Jiménez, un hombre que también había trabajado en la DINA, en el departamento encargado de falsificar cédulas de identidad y pasaportes21.
“No nos van a amedrentar y les aseguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no nos vamos a detener, caiga quien caiga, porque es necesario investigar a fondo los alcances del fraude”, dijo el general Ernesto Baeza, director de Investigaciones, al contar en esos días a los periodistas que tanto los agentes de la Bridec como sus familiares habían sido amenazados.
En uno de los muchos nexos del escándalo,