Las letras del horror. Tomo II: La CNI. Manuel Salazar Salvo
donde estaban detenidos los tres agentes de la DINA.
–¡Vengo a buscar a mi gente! –dijo Contreras al ingresar con sus hombres al recinto policial. Portaba en sus manos una metralleta.
–Un oficial intentó oponerse.
–¡Hácete a un lado, concha de tu madre! ¡Ya, entréguenmelos! ¡Si no, aquí queda la cagá!
Contreras salió con los tres agentes de la DINA, rodeado por su guardia. Los carabineros no se atrevieron a reaccionar.
La investigación siguió su curso en la justicia militar. El día 30 de marzo del 77, Leyton debía presentarse a declarar. La DINA informó que había muerto de un infarto al corazón, producto de los apremios ilegítimos a que había sido sometido por carabineros. Años después, Michael Townley reveló en Estados Unidos que el cabo había sido asesinado con gas sarín por sus propios compañeros luego de comprobarse que había declarado en contra de su jefe, el capitán Barriga.
Leyton era el mismo que años atrás, a instancias del capitán Miguel Krassnoff, había contactado a Osvaldo Romo para que colaborara con la DINA.
Poco antes de que Contreras tuviera que internarse bajo arresto en el Hospital Militar, el jefe de la Guarnición Militar de Santiago, el general Enrique Morel, recibió una sorpresiva visita del prefecto Campos.
–Tu general Contreras corre peligro de muerte –dijo Campos secamente.
Morel esbozó una sonrisa.
–Lo van a matar y no son extremistas –agregó el prefecto.
–¿De qué mierda estás hablando? –preguntó el general mientras el semblante de su cara cambiaba bruscamente.
–Te estoy diciendo que van a matar a Contreras. Pero esa es una cuestión de ustedes. Yo no me voy a meter.
–¿Estás seguro de lo que estás diciendo?
–Mi información es firme. Te advierto, voy a impedir que maten a Contreras. Yo soy el responsable de lo que pase en Santiago y no voy a aceptar que ocurra esto.
–¿Qué más sabes?
–Lo van a matar en su casa, en Príncipe de Gales. Le van a disparar cuando vaya saliendo. Con tu apoyo o sin tu apoyo, voy a poner a cien carabineros de las fuerzas especiales frente al equipo militar que tienes ahí.
–¡No puede ser! ¡Tus fuentes están equivocadas!
–Averigua tú mismo. Llama a inteligencia militar…
–¡Pero esta es una cagá muy grande! ¡Es muy jodido! Dame un poco de tiempo. Tengo que preguntar.
Cuando Campos se retiró, el “Tigre” Morel hizo tres llamados telefónicos. El cuarto fue al mismo Campos.
–Tienes razón. Procede no más y pon a tu gente. Desde este momento no hay más soldados frente a la casa de Contreras. Y si aparece uno, dispárale.
Dos unidades de las fuerzas especiales de Carabineros, de 50 hombres cada una, se apostaron rodeando la casa del general Contreras. Los comandos del Ejército que permanecían allí abandonaron el lugar poco después.
El mayor a cargo de la fuerza policial se presentó ante la señora María Teresa Valdebenito para comunicarle que desde ese instante estaba a cargo de la seguridad de su casa.
La esposa del exjefe de la DINA agradeció. Los carabineros, fuertemente armados, tomaron posiciones dentro y fuera de la propiedad.
Permanecieron allí durante más de dos meses.
Por eso aquel día, en la pequeña habitación de Contreras, ambos hombres se miraron a la cara y el jefe de la DINA estiró su brazo estrechando la mano del prefecto Campos.
–Gracias, mi general. Mi esposa ahora duerme tranquila.
En los minutos siguientes los dos oficiales analizaron la salida del general Gustavo Leigh de la Junta de Gobierno y de la comandancia de la FACh a fines de julio. Coincidieron en que Pinochet recibía muy malos consejos16.
Llegó la primavera de 1978. El general Contreras seguía escribiendo y leía mucho: novelas de espionaje y lo que le llevaran sobre los servicios de inteligencia del mundo, su tema preferido.
En noviembre empezaron a formarse, primero tímidamente y luego incluso con publicaciones en los diarios, los Comités de Ayuda para la Defensa de Manuel Contreras. El primero en aparecer públicamente fue el de Osorno. Lo integraban Gustavo Galdámez, Ricardo Schilling, Gustavo Ellwanger, Marta de Hamann, Germán Waeger, Hernán Follert, Estanislao Vásquez, Harry Jürgensen, Roberto Vicenzio y Jorge Butte.
A fines de 1978 los chilenos se vieron enfrentados a dos momentos dramáticos. El 30 de noviembre quedaron en evidencia los métodos utilizados para hacer desaparecer a los disidentes. En la localidad rural de Lonquén, a unos pocos kilómetros al oeste de Santiago, sepultados en unos antiguos hornos de ladrillos, fueron encontrados los cadáveres de 15 hombres asesinados después del golpe militar. En su interior, con sus manos atadas con alambres de púas a la espalda, se hallaron 15 cuerpos cubiertos con cal. Varios de esos hombres, en su mayoría campesinos, habían sido detenidos y sepultados vivos en los últimos meses de 1973.
Todos los antecedentes fueron puestos a disposición de los tribunales. El juez Adolfo Bañados estableció la verdad, identificó a los culpables y luego se declaró incompetente. En la justicia militar el caso fue prontamente amnistiado17.
Por esos mismos días la guerra estuvo a las puertas de las fronteras. El 20 de diciembre de 1978 iba a iniciarse la invasión militar argentina18.
A fines de año un capitán que prestaba servicios en la Escuela Militar fue destinado a la CNI para integrarse a la brigada encargada de combatir al MIR. Su nombre era Carlos Herrera Jiménez19.
A fines de 1978 el director de la CNI, el general (r) Odlanier Mena, ordenó al coronel Fernando Suau Baquedano, un destacado oficial de inteligencia, crear un Estado Mayor de Inteligencia (EMI) “para reorganizar y centralizar el análisis de la información política de todo orden”. De ese Estado Mayor dependieron todas las divisiones, departamentos y brigadas operativas que siguieron los pasos de los líderes de oposición, escucharon y grabaron sus conversaciones instalando micrófonos en sus casas y oficinas.
1.10. Batalla entre hombres duros
En el verano de 1979 Santiago volvió a estremecerse por los bombazos. Los peritajes de la Policía de Investigaciones y de Carabineros señalaban que los artefactos eran fabricados con trotil; la CNI sostuvo que el trotil solo lo empleaban las Fuerzas Armadas. En los tres organismos se pensaba que los autores de los atentados eran exmiembros de la DINA. Desde el estallido de una bomba el 22 de noviembre de 1978 en la casa del presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez –poco después de que decidiera acoger a proceso la petición de la justicia estadounidense para extraditar a Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios–, hasta fines de marzo de 1979, la prensa informó de la colocación de 23 artefactos explosivos, 19 de los cuales estallaron y los otros cuatro fueron desactivados. De los 19 que explotaron, ocho lo hicieron en casas particulares; otros once en locales fiscales, empresas privadas y secretarías gubernamentales; y uno en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Todas las bombas eran de baja potencia, ubicadas en lugares estratégicos para evitar heridos y con mecanismos de relojería para que explotaran por las noches. Hasta marzo de 1979 no se registraban heridos entre las víctimas de los atentados, pero sí seis muertos entre los presuntos autores: tres en una explosión en Coquimbo, dos durante un tiroteo en Santiago y uno al estallar un artefacto que se preparaba en una casa de Quinta Normal.
En el mismo período se informó de 46 detenidos como confesos fabricantes de bombas o cómplices. De esos 46, cuatro quedaron en libertad por falta de méritos y 15 fueron amnistiados. De los 27 restantes, 12 estaban siendo procesados por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y solo