La horrible noche - El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica. Forrest Hylton
autor, en el contexto de la historia global de América Latina y de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos y con el capitalismo occidental.
Introducción:
recordar en Colombia
El olvido es un elemento clave del sistema,
como de la historia colombiana. Es un factor de poder.
Jacques Gilard, Veinte y cuarenta años de algo peor que la soledad (1988)
CONTEXTO
A finales de 2005, cerca de trescientos representantes de resguardos indígenas y comunidades afrocolombianas confluyeron en Quibdó, capital del Chocó, con el propósito de delinear estrategias para sobrevivir en una guerra donde ellos, o más bien, las comunidades que representan y su modo colectivo y no liberal de administrar los recursos y el territorio, son el blanco. De acuerdo a la Constitución colombiana de 1991, considerada como una de las más progresistas del mundo, los indígenas tienen derecho a tener autonomía a través de los cabildos, que funcionan como células de gobierno local, lo cual incluye manejo colectivo de la tierra y autodeterminación, tanto política como cultural. En 1993, bajo la Ley 70, los afrocolombianos obtuvieron derechos semejantes a aquellos consagrados en la Constitución para los pueblos indígenas: títulos de tierra colectivos manejados por consejos comunales. Tanto los afrocolombianos como los pueblos indígenas se construyeron como ciudadanos y comunidades democráticas sobre tradiciones no liberales.
En un país de una abrumadora mayoría mestiza, en la que el discurso del mestizaje ha jugado un papel fundamental en la construcción y reelaboración del nacionalismo colombiano a lo largo de los siglos XIX y XX, estos grupos han vivido bajo peligro de extinción.1 Como parte de un movimiento social más amplio que lucha por consolidar su presencia en la escena nacional, y basándose en los derechos existentes conquistados a través de procesos de organización que comenzaron en los años setenta y culminaron en la Asamblea Constituyente de 1991, delegados indígenas y afrocolombianos redactaron cuatro cartas que presentaban el dramatis personae y explicaban resumidamente los temas más importantes de la fase actual del conflicto colombiano, que se ha desarrollado a lo largo de los últimos sesenta años. Más de una década después de la conquista de la ciudadanía, el departamento del Chocó aún tenía las tasas más altas de pobreza y mortalidad infantil en un país en el que más de la mitad de la población vivía en la pobreza, sobre todo en el campo donde el nivel llegaba a 85 %.2 Las comunidades y resguardos estaban desposeídos por el accionar de tres grupos: las insurgencias armadas, las contrainsurgencias narco-paramilitares y las Fuerzas Armadas colombianas junto a la Policía Nacional –estos últimos con un apoyo por parte del gobierno de los EE. UU. que supera con creces la asistencia dada a las Fuerzas Armadas de ningún otro país, excepto Egipto, Israel, Irak y Afganistán–.3
Las comunidades representadas en la VII Conferencia de la Solidaridad Interétnica esbozaron una visión de los conceptos de identidad, territorio, cultura, autonomía e independencia diferente a la sostenida por los grupos que amenazan su existencia por medio de la “expropiación violenta”. A los del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la insurgencia más pequeña del país y que ha estado en gran medida ausente de la región por largo tiempo, les pidieron respeto por la autonomía política y la soberanía territorial: les reiteramos que ustedes no deben permanecer en los territorios de las comunidades negras ni en los resguardos indígenas. Fundado a mediados de la década de los sesenta y a partir de los años ochenta con fuerte arraigo en las regiones petroleras del norte del país y en los enclaves de exportaciones multinacionales (de carbón, oro y esmeraldas), el ELN contaba con entre 3500 y 4000 combatientes hasta 2002. A diferencia de la mayoría de las áreas donde el grupo ha operado, su presencia en Chocó es reciente. La represión estatal y especialmente paramilitar contra su limitada base de apoyo los ha debilitado o derrotado en áreas rurales donde por mucho tiempo han dominado. Todas sus milicias urbanas han sido diezmadas. De ahí que, en 2005, comenzaron conversaciones preliminares para un proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual quedó trancado a partir de 2007.
A las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se les pidió que se mantuvieran al margen de las deliberaciones de los cabildos indígenas y los consejos comunales afrocolombianos. Las Farc se formaron a mediados de la década de los sesenta y tenían entre 18 000 y 22 000 combatientes en sus filas hasta 2002. Para mediados de los años noventa tenían presencia en más de la mitad de todos los municipios, con gran poder en la selva, en los Llanos y en las zonas de frontera poco pobladas del sur y el sureste. Para finales de esa misma década, las Farc y el ELN influyeron en la política de más del 90 % de los municipios fronterizos. En la carta dirigida a las Farc, estas fueron objeto de duras críticas por su “intromisión” en los consejos comunitarios y los cabildos indígenas. La carta afirma que las Farc
comprometen la autonomía, impiden el libre desarrollo de las actividades cotidianas, sirve de pretexto para la ausencia de inversión social que debe hacer el Estado, impide la aplicación de los reglamentos internos y afecta nuestra propia seguridad […] las Farc estigmatizan a nuestra gente con acusaciones infundadas que no se pueden contradecir y crean un manto de sospecha sobre quienes van y vienen de las zonas rurales a las cabeceras municipales, como supuestos informantes del Ejército.4
Aunque hechos representativos de la degradación del conflicto armado en Colombia, los ataques insurgentes y la intimidación a comunidades afrocolombianas y resguardos indígenas no se comparan con la cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas por la organización paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Durante el Plan Colombia (2000-2005) financiado por los EE. UU., esta cifra pasó del 65 % a cerca del 80 % del total.
Aunque las guerrillas hacen uso de tácticas terroristas como la utilización de bombas, el secuestro, el asesinato selectivo y la extorsión, estas no se pueden comprender calificándolas de “terroristas”. Hacer de las guerrillas los responsables de la mayoría de los problemas del país, algo común en ciertos círculos académicos y en los medios de comunicación, es poner la historia al revés, pues se pasa por alto el hecho de que durante toda la vida republicana y nacional de Colombia el terror estatal ha suministrado el oxígeno sin el cual el terror insurgente “no podría arder por mucho tiempo”.5
A diferencia de la insurgencia, el dominio paramilitar ha estado íntimamente vinculado con la política oficial, lo que se evidencia en mayor grado en la zona de Antioquia, patria chica del presidente Álvaro Uribe Vélez, así como en los Santanderes, el Eje Cafetero y la costa Atlántica. La mejor definición de los paramilitares es la de ejércitos privados que
sin ser militares, colaboran con los militares o desempeñan tareas que debieran ser realizadas por los militares mismos, como es la de combatir a las guerrillas. O, más exacta y crudamente, se ocupan de los trabajos sucios e impresentables de esta lucha: la matanza de sospechosos de colaborar con la guerrilla (“paraguerrilleros”) y el desplazamiento de masa de población civil y desarmada que puede servirle a la guerrilla de “agua para el pez”, según la metáfora maoísta.6
Finalmente, al presidente Uribe se le recordó que después de que las comunidades denunciaron el incremento de los cultivos de coca y tráfico de drogas en la región desde 2003, bajo el amparo paramilitar, el Gobierno se cruzó de brazos. Aparte de señalar colectivamente territorios ocupados para la “expropiación violenta”, bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas, sus acciones fueron nulas. También se le hizo un llamado a cumplir con sus deberes como gobierno y, recordando su denuncia sobre la coordinación paramilitar y militar en 2004, protestaron contra la puesta en práctica del modelo neoliberal de exportación agrícola a expensas de sus comunidades: