La horrible noche - El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica. Forrest Hylton
afecta los cultivos tradicionales, crea una economía de enclave, agrava la crisis alimentaria e implica un largo proceso de acumulación de capital que solo beneficiará a los grandes inversionistas, en detrimento de nuestras propias comunidades… los cultivos de palma africana, lejos de ser una alternativa de prosperidad, representan un componente de la estrategia contrainsurgente que agrava el conflicto en el departamento del Chocó y nos convierte en peones de nuestra propia desgracia.
El documento se refiere a inversionistas, a acumulación de capital y a economías de enclave, aspectos decisivos en la integración colombiana a los circuitos de producción, consumo y distribución dominados por los EE. UU., los cuales han resultado del viraje económico de la década de los setenta con el que se dio inicio al desplazamiento del café y de la industria manufacturera protegida.7 Los delegados mencionaron una estrategia de contrainsurgencia que violando el Protocolo II de la Convención de Ginebra exige lealtad y colaboración de parte de los ciudadanos con la Policía y las Fuerzas Armadas, la cual, como efecto alterno, ha ayudado a expandir los monocultivos de exportación con efectos nocivos para el ecosistema y los pueblos que lo habitan.
La carta al presidente Uribe también señalaba el dominio paramilitar sancionado por el Estado en las regiones fronterizas periféricas donde el gobierno central nunca ha tenido poder y donde compañías petroleras, bananeras, auríferas y madereras han funcionado como fuente básica de recursos (condición necesaria para la expansión y la consolidación insurgente en las décadas de los ochentas y noventas). A manera de continuidad con los precedentes establecidos durante la época de La Violencia en la década de los cincuentas, el presidente Uribe comenzó a institucionalizar la impunidad paraestatal con el propósito de fortalecer la autoridad del gobierno central sobre las zonas de frontera. La expropiación violenta se comparaba a la de inicios de la década de los cincuenta, con tres millones de desplazados en el siglo XXI, principalmente en enclaves multinacionales de exportación o en áreas fronterizas recientemente pobladas. En la mayoría de los casos, dicha expropiación fue llevada a cabo con la excusa de luchar contra el “enemigo interno”.8
Aunque las élites de los partidos políticos ya no lideran el proceso, la derecha paramilitar y, en menor grado, las insurgencias continúan desplazando por la fuerza a los campesinos de sus tierras.9 Por lo tanto, los delegados de la Conferencia de la Solidaridad Interétnica exigieron el fin de la impunidad, de la expropiación y del desplazamiento forzado, así como la indemnización por los crímenes cometidos contra sus comunidades. Además de apoyar un plan para la reincorporación de excombatientes paramilitares a la vida civil, la carta al presidente Uribe advertía también que dicha desmovilización podría traer como consecuencia el surgimiento de “nuevas estructuras paramilitares”. Por ello, la misiva abogaba por el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil […] en un ambiente de respeto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En defensa de la “autonomía”, pidieron que no se haga en nuestros territorios ni, mucho menos, que la reinserción se convierta en un mecanismo de expropiación de nuestras tierras ancestrales.
El énfasis puesto sobre aspectos como memoria, verdad, justicia, reparación y expropiación fue una respuesta a las omisiones que en estos sentidos presenta la Ley 975 del presidente Uribe sobre desmovilización paramilitar, la cual fue modificada por orden de la Corte Constitucional a finales de 2006.10 Como Human Rights Watch destacó, la ley no hizo nada por desmantelar el poder paramilitar y “violaba flagrantemente” normas internacionales sobre asuntos de verdad, justicia e indemnización a las víctimas y a sus familias.11 Con su extensa costa Pacífica, su espesa selva, su densa red fluvial y su frontera montañosa con Panamá, Chocó se convirtió en un corredor estratégico para la contrainsurgencia que, al menos por el momento, ha derrotado a las Farc. Tanto la insurgencia como la contrainsurgencia han obligado a las comunidades afrocolombianas e indígenas a pagar impuestos y tributos, mientras se han disputado el uso de su territorio para la siembra de coca, el procesamiento y transporte de cocaína y el tráfico de armas. Se puede decir lo mismo de la enorme frontera agrícola en el oriente del país, poblada mayormente por mestizos.
Vale la pena repetir que los grupos contrainsurgentes trabajaron con el ejército colombiano, se infiltraron en las instituciones oficiales, se desmovilizaron bajo una ley que regulaba su impunidad y se convirtieron en un para-Estado que estaba a la vez por fuera y por dentro del Estado oficial. Sin embargo, hasta 2002 los insurgentes lucharon por derrocar el Estado colombiano, al menos en teoría, llegando a controlar más del 40 % del territorio nacional. Mientras más apoyos del gobierno norteamericano han recibido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contrainsurgente, más fuerte se ha tornado el para-Estado. Sin duda, esta ha sido una de las consecuencias más severas de una política contrainsurgente diseñada para fortalecer un Estado débil.
La guerra colombiana ha traído como consecuencia el mayor desplazamiento interno de población en el mundo, según cifras de 2007. Dentro de este fenómeno, la población afrocolombiana y los pueblos indígenas representan un porcentaje desproporcionadamente alto.12 Siendo el tercer país en tamaño de la región, Colombia tiene la segunda población más grande de afrodescendientes en América Latina.13
A largo plazo, estos modelos de expropiación reflejan la continuidad histórica en la tenencia de tierra, la explotación de recursos naturales y el uso del terror político en una república democrática parlamentaria que se fundó sobre los problemas sin resolver heredados de la conquista, la colonización y la esclavitud.14 Bajo el colonialismo español, por ejemplo, los esclavos africanos eran traídos desde Cartagena, principal puerto de comercio de esclavos en la región Andina, para trabajar en minas de oro y en fincas ganaderas en Chocó, lo que provocó el desplazamiento o la expropiación de los grupos indígenas. Buscando escapar de una economía extractiva de enclave y de latifundios de gran extensión con propietarios ausentes, los indígenas, al igual que los esclavos liberados y fugitivos, huyeron hacia las regiones selváticas que son hoy el ojo del huracán.15
La Conferencia de la Solidaridad Interétnica exhortó a todas las partes a buscar una salida política y negociada al conflicto, en oposición a una solución militar, y ofreció una visión de paz, seguridad, democracia, justicia y sobre todo verdad distinta a la ofrecida por el Estado, la derecha paraestatal y las insurgencias. Algunas formas comunitarias de democracia no liberal y de ciudadanía, vinculadas a un nuevo movimiento electoral de izquierda, representan un avance, pero aun tomando en cuenta sus múltiples debilidades internas, el camino está obstaculizado por las violentas restricciones tanto del sistema político como del modelo económico neoliberal reinante.
Objetivo
Aunque la guerra civil en Colombia ha sido una de las más largas y violentas, muchas veces no se toma en cuenta su trasfondo histórico. Considerado el país latinoamericano menos entendido y estudiado en los EE. UU., ganó su puesto en el mapa de los planificadores de la contrainsurgencia del siglo XXI.16 Si se consideran la proximidad geográfica entre Colombia y los EE. UU., así como la amplitud y profundidad del compromiso militar entre ambos a lo largo de la Guerra Fría, el silencio relativo que muestran la academia y el debate público no pueden sino despertar inquietudes.
Con el propósito de vincular y esclarecer el pasado y el presente, este libro se ha basado casi en su totalidad en el trabajo de otros investigadores destacados, particularmente historiadores y científicos sociales, así como de periodistas y activistas de los derechos humanos.