Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Carlos Medina Gallego
las dinámicas políticas que se producen en los Estados vecinos. Una guerra que se regionaliza e internacionaliza en razón a la naturaleza de su misma complejidad; una guerra que se da en la órbita de las guerras globales contra el terrorismo y el narcotráfico, y se nutre de sus ayudas económicas y acompañamientos técnicos y estratégicos; una guerra que se ubica en la zona de defensa de los intereses estratégicos norteamericanos en el continente.
En este escenario de confrontación armada, la calidad de los “ejércitos” que desarrollan esta guerra es distinta y la determinan las lógicas de motivación que animan la participación en cada uno, las cuales son, en lo fundamental, tres: el interés de Estado (ejércitos profesionales), el interés político (ejércitos insurgentes), el interés económico (ejércitos paramilitares, mercenarios y privados al servicio de la empresa del narcotráfico, la minería ilegal, los intereses económicos particulares nacionales o transnacionales y, colateralmente, al de la seguridad del Estado).
Las modalidades de la confrontación de esta guerra no se circunscriben de forma clásica a la naturaleza de las guerras irregulares convencionales (revolucionarias y contrarrevolucionarias). En estas guerras los actores se comprometen, adicionalmente, en acciones de control y sometimiento territorial y poblacional, formulación de programas y planes de desarrollo, imposición de normas de conducta y comportamiento, construcción de economías de guerra, apoyos logísticos y sistemas de tributación paralela a los del Estado, sistemas de vigilancia social y aplicación de justicia privada o revolucionaria. Así, generan dinámicas de participación social y política en las esferas del poder del Estado de derecho con el propósito de adelantar programas, controlar presupuesto y sostener dinámicas de empoderamiento y dominio regional. Todos estos aspectos se construyen sobre la persuasión política, la coerción armada y las prácticas del terror. De hecho, es propio de esta modalidad de guerra el desplazamiento forzado y la homogeneización de la adhesión de la población.
Es una guerra en la que se combina la acción institucional con la guerra sucia, la persecución, la detención y el juzgamiento legal con el asesinato extrajudicial, la masacre y la desaparición forzada. Una guerra en la que el discurso de los derechos humanos es objetivo militar y el derecho internacional humanitario es objeto de burla o se desconoce.
El acuerdo de paz con las Farc-EP no es el fin de la violencia y el conflicto armado
A pesar de esta caracterización, se han desarrollado a lo largo de la historia de Colombia –en particular en las últimas cuatro décadasdistintos esfuerzos por encontrar una salida política al conflicto social y armado a través de acuerdos de paz. El último de ellos es el que se alcanzó en noviembre del 2016 con las Farc-EP.
Pese a los esfuerzos que realizan las distintas partes para disminuir y poner fin al conflicto, este está lejos de terminar. La diversidad de actores e intereses hace que el conflicto no disminuya ni en intensidad ni en com-plejidad. Los otros actores que permanecen en las actividades ilegales y en la confrontación política y militar se han revitalizado. Las dificultades del Gobierno nacional para hacer efectivas sus responsabilidades frente al acuerdo han conducido a que sectores de la insurgencia de las Farc hayan retornado con distintas motivaciones a las armas, mientras otros sectores persisten con obstinación en sacar adelante un acuerdo que se desfigura de manera abrumadora.
La extensión de la influencia territorial del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacia zonas antes dominadas de manera hegemónica por las Farc en las regiones de Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Chocó, Vaupés, Guainía y otras zonas de desarrollo estratégico, así como la expansión del narcoparamilitarismo, de las bandas criminales, los grupo armados organizados, la presencia paramilitar del Estado a través de las Águilas Negras, el crimen organizado transnacional y la delincuencia común organizada, entre otros actores que tiene su propia división administrativa del territorio, hace que la solución definitiva del conflicto armado se encuentre aún muy lejana.
La presencia del narcotráfico en muchos de los territorios del país y su incidencia en el desarrollo de las actividades sociales, económicas, políticas e institucionales, a pesar de su ocultamiento premeditado, tiene un peso mayor en la configuración de los conflictos y su solución.
La lucha de las comunidades en los territorios por garantizar sus derechos fundamentales, su permanencia en ellos y defender recursos estratégicos de la nación –tales como el agua y el medioambiente– frente a las políticas y economías extractivistas no resultan un problema menor, así como tampoco lo es el aniquilamiento sistemático de líderes sociales y comunitarios en los territorios; de igual forma, la persecución y judialización de defensores de derechos humanos, de excombatientes y, en general, de activistas sociales. La situación de conflicto social y las prácticas de violencia toman cada vez nuevos rasgos y configuraciones que transforman de manera relevante el portafolio de riesgos y amenazas que debe enfrentar la sociedad colombiana.
Sin embargo, la tarea fundamental que se propuso el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y en la que se han comprometido las Farc-EP es sacar las armas de la política. Para esto se han marcado una ruta de reformas institucionales y constitucionales mínimas que permitan ampliar y profundizar la democracia , de manera que, a través de ella, se trabaje con el fin de solucionar los principales problemas sociales y económicos de la nación. Este propósito general se ha visto afectado por la orientación del nuevo gobierno del presidente Iván Duque y del partido y la coalición de gobierno que frente a la comunidad internacional se presenta como impulsor del acuerdo, pero en la práctica mediante la simulación se ha dedicado a desmontarlo y lo reduce a su mínima expresión.
Disposiciones políticas en los acuerdos de paz
El Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, resultante del proceso de conversaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc-EP, dejó señaladas las líneas de cambios necesarios para un proceso de modernización incluyente de la institucionalidad política del país en el camino de la ampliación y la profundización de la democracia. Esto implica la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, a la vez que la apertura de nuevos espacios que permitan la participación en los procesos de gobernanza y gobernabilidad, unido a la construcción de las garantías necesarias para el ejercicio de la práctica política y la protesta social.
El gobierno del presidente Santos y las Farc-EP consideraron en su momento que la construcción y la consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita a nuevas fuerzas surgir en el escenario político, con el objetivo de enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales. Además, tuvieron en cuenta que eso demanda fortalecer el pluralismo y ampliar la representación de las diferentes visiones y de los diversos intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política, e implica el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos sociales, así como el robustecimiento de los espacios de participación para que el ejercicio de participación ciudadana incida, sea efectivo, vigorice y complemente la democracia.
El gobierno del presidente Santos y las Farc-EP reconocen que, en el propósito de consolidar la paz, es necesario garantizar el pluralismo político al facilitar la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, los cuales tengan las suficientes garantías para el ejercicio de la oposición en el camino de ser verdaderas alternativas de poder. Desde luego, esto requiere de la promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización, lo que asegure unas condiciones de respeto a los valores democráticos y, por esa vía, se promueva el respeto por quienes ejercen la oposición política.
Por su parte, la ampliación y profundización de la democracia requiere de una oferta de acciones institucionales que el acuerdo considera y deja plasmadas como requerimiento esencial. Entre estas se encuentra una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y los movimientos políticos, y una mayor transparencia del proceso electoral, lo que exhorta a una serie de medidas inmediatas,