Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Carlos Medina Gallego
de las conferencias guerrilleras y por los estatutos creados para su desarrollo. El PCCC lleva a cabo su actividad bajo los principios organizativos leninistas, y bajo estas premisas esenciales construye su estructura orgánica.
Estructura orgánica
El PCCC tiene una estructura de organismos clandestinos, de base y dirección. Su unidad básica es la célula clandestina, conformada por tres o cinco militantes, voluntarios, seleccionados e integrados individualmente por la Dirección Regional (DR) junto con el Estado Mayor de Frente, siempre con la autorización del Estado Mayor del Bloque que nombra entre sus militantes a un secretario político para cada célula. Para las zonas rurales las células clandestinas pueden tener hasta siete militantes. Todo miembro de dirección debe militar en una célula de base. Las células se organizan de manera compartimentada por veredas, barrios, empresas, establecimientos educativos, oficios, profesiones y para misiones específicas.
A fin de transmitir las orientaciones de los organismos superiores, las inquietudes y las propuestas de la militancia y coordinar la ejecución y el balance de los planes y tareas, se tienen los siguientes organismos y mecanismos intermedios de dirección:
A. Grupo Ejecutivo de Radio21 (GER): es conformado por la Dirección Regional (D.R.), luego del visto bueno del Estado Mayor de Bloque, con los tres secretarios políticos de igual número de células clandestinas (un radio), para que dirija el trabajo de estas. La Dirección Regional, igualmente con autorización del EMB, nombra de estos tres a un responsable político del radio.
B. Grupo Ejecutivo de Zona (GEZ): dirige el trabajo de tres radios a través de sus respectivos responsables políticos que son quienes lo componen. La Dirección Regional, autorizada por el EMB, nombra a uno de estos como su jefe de zona.
C. La Dirección Regional (D.R.): dirige el trabajo de tres zonas y se conforma con los jefes de estas. Funciona como organismo colegiado. Elabora los planes de trabajo en conjunto con quien o quienes delegue el EMB, teniendo en cuenta los planes de este en primera medida y los planes y orientaciones nacionales. La Dirección Regional analiza la situación regional, y hace estudios y propuestas de orden político, económico y social para la región. El secretario ejecutivo de la Dirección Regional es nombrado directamente por el EMB.
D. Enlaces directos: la Dirección Regional, o el EMB, debían tener un enlace directo con cada una de las células clandestinas, a través de uno de los militantes escogido por dicho organismo superior, y que sea diferente al jefe de la respectiva célula, con un mecanismo de contacto cuando este lo requiera, para tener control y restablecer contactos en caso de problemas en los conductos intermedios de dirección.
E. La máxima instancia de conducción y dirección política del PCCC, fueron el Estado Mayor Central de las Farc-EP y su Secretariado. Fueron igualmente instancias de dirección intermedia los estados mayores de frente y de bloque en cada una de sus áreas, apoyados en los GER, GEZ, y en las direcciones regionales del PCCC. (AH-Farc-EP, Estatutos del Partido Comunista Clandestino Colombiano. PCCC)
Las experiencias partidarias en el Partido Comunista Colombiano que dieron origen a la organización, los esfuerzos realizados a través de la Unión Patriótica en el marco de los procesos de paz de La Uribe, el Movimiento Bolivariano por una nueva Colombia y el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC) constituyen la experiencia preliminar de la nueva organización política Fuerzas Alternativas y Revolucionarias del Común (Farc), la cual matiza poco a poco la carga de estigmatización que porta la sigla hacia el Partido de la Rosa o el Partido del Común.
El nuevo partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc)
El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera estableció las bases y las condiciones para la trasformación de las Farc-EP de organización armada en organización política. Este se cuenta como uno de los principales logros del proceso de conversaciones y de los acuerdos.
En el marco de las definiciones políticas del acuerdo de paz de las Farc-EP con el gobierno del presidente Santos surgen las líneas gruesas de lo que debe ser un camino de construcción de la nueva organización política en el interior de la institucionalidad democrática de la nación, cobijada por el orden constitucional y legal que define las posibilidades, los retos y las dificultades que debe atravesar la organización no solo para hacer parte del escenario político nacional, sino para tener la capacidad de mantenerse en él.
Con el fin de desarrollar el próximo capítulo es necesario establecer, desde los estudios que al respecto se han realizado sobre las distintas experiencias de solución negociada de conflictos en el mundo, cuáles son, en lo esencial, los fundamentos y los requerimientos que una organización armada debe considerar en su paso hacia la lucha política amplia. Lo anterior, desde un enfoque constructivo que transforme a los actores armados del conflicto no en nuevos enemigos en la arena política, sino en potenciales socios en el esfuerzo común de construcción y consolidación de la paz, de fortalecimiento del Estado, de la ampliación y profundización de la democracia y de la generación de los más altos niveles de bienestar para la sociedad en su conjunto.
La “desmilitarización de la política” (Lyons 2006) como resultado de la transformación de los grupos armados en organizaciones políticas pacíficas constituye una parte importante de la creación de una paz sostenible y duradera. Este proceso debe garantizar a los militantes de las organizaciones armadas que pueden defender eficazmente sus opiniones y luchar por sus intereses a través de canales institucionales, con las seguridades y las garantías que concede el orden constitucional a todas las identidades políticas.
En la experiencia internacional, algunos de estos grupos han gestionado esas transiciones de manera exitosa y llegan a convertirse en los principales actores democráticos en el panorama político posterior a los acuerdos; a otros se les dificultad completar la transformación en actores políticos y democráticos, a causa de las dinámicas internas y del choque de visiones e intereses, de modo que quedan excluidos del sistema político o reducidos en las posibilidades de ser protagonistas relevantes en este. Algunos otros grupos pueden abusar de su recién adquirido poder político y generar situaciones inconvenientes para sus respectivas sociedades, así como difíciles e injustas relaciones de convivencia. No dejan de existir casos en los que las dificultades que se le imponen de manera progresiva a estas organizaciones en su propósito de articularse debidamente al sistema democrático y al orden institucional den lugar a riesgos potenciales para un retorno a la violencia. De ahí que el éxito de un proceso de paz depende, en gran medida, de las garantías que se den a los reincorporados para desempeñarse a cabalidad en el marco del ordenamiento jurídico existente.
En este sentido, la participación de los miembros de grupos armados que han desarrollado procesos de solución política exitosos debe comprometer varias formas de actividades políticas, no solo en el orden electoral, sino en toda la amplitud y todas las posibilidades que deben ofrecer los canales legales e institucionales. Desde luego, en las distintas experiencias conocidas en el mundo y en nuestro país el énfasis principal se ha puesto en la política partidaria y en la participación electoral con miras a acceder al poder ejecutivo o legislativo a nivel nacional o local. Sin embargo, el éxito del paso de la organización armada a la organización política no puede medirse única y exclusivamente por los resultados que se obtengan en la lucha electoral, sino también en las posibilidades reales de construir identidades y unidades de propósito en la acción social y política con las comunidades en sus respectivos territorios.
Constituye un primer éxito político de incalculable valor la renuncia a la fuerza y a las armas, la aceptación de reglas básicas de competencia política en un nuevo escenario que convoca nuevos procedimientos y relacionamientos que requieren, en sociedades como la colombiana, de duros aprendizajes y no pocas frustraciones. Sin embargo, este punto de partida (la dejación de armas) debe acompañarse de procesos internos de democratización mediante ajustes organizativos y programáticos que tomen en consideración la viabilidad del proyecto político y lo que puede llegar a ser su nivel de influencia sobre el poder y la gobernabilidad del Estado en el nuevo escenario de lucha política.
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