Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Carlos Medina Gallego
institucionalidad encargada de la seguridad debe operar de manera coordinada en el propósito de prestar con eficiencia los servicios que garantizan a la opinión crítica y a la oposición el ejercicio de la práctica política, de modo que se prevenga así la criminalización y se opere con eficiencia contra el crimen y la impunidad. Esto demanda de una limpieza y un ajuste del orden normativo e institucional a fin de que no se repita la instrumentalización criminal de las instituciones de inteligencia y seguridad, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia del país. Lo peor que le puede pasar a una nación y a un Estado es que las instituciones que se crean para su seguridad se conviertan en instrumento de la delincuencia y el terrorismo.
Es necesario crear un sistema de prevención de la criminalización de la práctica política y de la oposición que preste especial atención a la inteligencia preventiva y se acompañe de un sistema de alertas tempranas, lo cual ponga en marcha eficientes esquemas de protección. Sin embargo, el ideal de una buena democracia es que sus funcionarios públicos no requieran por razones de su cargo o de sus ideas ningún tipo de protección, más allá de la que se le ofrece a todo ciudadano.
El sistema de protección debe contar con un recurso humano suficientemente capacitado y de especiales virtudes éticas para el desempeño de la función de seguridad y protección de personas, así como de la logística y de los presupuestos suficientes que se deben manejar con escrupulosa pulcritud. Ahora bien, incluso así es necesario que el sistema de protección y seguridad, para la práctica política, cuente con un observatorio interinstitucional y social que realice un seguimiento a las situaciones de riesgo y al desempeño institucional de protección. Este observatorio, además del personal institucional, lo deben constituir miembros de los partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos. Sin embargo, la seguridad no puede circunscribirse única y exclusivamente a quienes participan en la lucha política a través del sistema de partidos y electoral, pues hace parte de la construcción de un sólido sistema democrático en el posconflicto armado el cese de las hostilidades políticas, sociales e institucionales contra las organizaciones y los movimientos sociales, los medios de comunicación, los comunicadores alternativos y los defensores de derechos humanos. Para esto es necesario construir una cultura no solo de la tolerancia, sino, esencialmente, de las formas de presentación de la crítica, de la protesta y de su receptividad institucional, así como de su tratamiento adecuado en materia de garantía de derechos.
El Estado y los respectivos gobiernos deben ampliar y desarrollar los mecanismos de participación democrática que garantizan la movilización y la protesta social mediante una normatividad que sancione de manera ejemplar su criminalización, a la vez que establece programas de protección a los líderes sociales y populares, a las comunidades y organizaciones sociales, a los comunicadores y a los defensores de los derechos humanos.
En fin, este informe de investigación se encuentra dividido en siete capítulos. El primero centra su atención en los procesos seguidos por la organización a lo largo de su historia hasta el momento en el que se encuentra en la actualidad (2019). Se preocupa por presentar lo esencial de cada periodo de tal forma que sirva al entendimiento de la complejidad que representa para la organización la transición hacia la vida política democrática. En ese capítulo se hace particular referencia a los desarrollos de la organización en el interior del Partido Comunista Colombiano, a su crecimiento como brazo armado, a los intentos de solución política que condujeron a los acuerdos de La Uribe y al surgimiento de la experiencia de la Unión Patriótica, así como a sus éxitos electorales y su dramático exterminio. Se señalan las razones por las cuales se produce el desprendimiento de las relaciones de las Farc-EP con la Unión Patriótica y el PCC. El capítulo presta especial atención a la dinámica interna de las Farc-EP para, de manera independiente y autónoma, organizar sus propias estructuras de partido y movimiento político a través del Partido Comunista Colombiano Clandestino y el Movimiento Bolivariano, que serán las estructuras con las que llega a los diálogos y al acuerdo final. Asimismo, al acumulado sobre el cual se estructura como nueva organización partidaria con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, conforme lo ordenó su Congreso Fundacional, en agosto-septiembre del 2017, después de proceder a la formalización de la dejación de las armas.
El segundo capítulo toma en consideración los elementos metodológicos propuestos por la Fundación Berghof para considerar el caso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común desde un enfoque aplicado que se libera en la especificidad del universo de generalizaciones que suelen considerarse en las formulaciones teórico-metodológicas, en el propósito de que la aproximación sea útil en lo que concierne al caso colombiano.
Nos preocupamos allí por desarrollar una aproximación a la caracterización del conflicto colombiano como una superposición de guerras con distintos intereses y actores entrelazadas en un único escenario de conflictividad social y política; se enfatiza en que el acuerdo de paz con las Farc-EP aún no constituye el fin de la violencia y el conflicto armado debido a su propia complejidad. En este capítulo también se consideran y se presentan los resultados de los diálogos y acuerdos de La Habana, en relación con las disposiciones políticas que fijan determinaciones con respecto a los derechos y las garantías plenas para el ejercicio de la oposición política; las garantías orientadas a los movimientos y las organizaciones sociales, la movilización y la protesta pacífica; la necesidad de disponer de medios de comunicación para la democracia; el tema que abarca la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización; el control y la veeduría ciudadana; la planeación democrática y participativa; la participación, el pluralismo, la igualdad y las garantías de seguridad; la transparencia en los procesos electorales; la reforma del régimen y de la organización electoral; la cultura política democrática y participativa; la representación política de poblaciones y zonas afectadas por el conflicto; la promoción de la participación política y ciudadana de la mujer; y el acceso a medios por parte de los partidos y los movimientos políticos. Todos elementos que se contemplan en el punto 2 del acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc-EP.
El tercer capítulo aborda la presentación de los elementos constitutivos y esenciales de la reincorporación de las Farc-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político– de acuerdo con sus intereses conforme lo señala el acuerdo final.
En este capítulo se hace un particular énfasis en la reincorporación política, pues se señala la ruta de garantías para el nuevo partido o movimiento político tales como la personería jurídica, la financiación y la asistencia técnica, las campañas electorales, el acceso a medios, la seguridad, la representación política en el Congreso de la República, la participación en el Consejo Nacional Electoral y las reformas de una apertura democrática necesaria para construir la paz, aspectos estos esenciales en lo político. No obstante, también se tratan las condiciones y los prerrequisitos para que esa participación se pueda dar sobre la garantía de la reincorporación económica y social.
El cuarto capítulo centra su atención en las disposiciones de seguridad en los acuerdos de paz para el ejercicio de la actividad social y política de las Farc-EP. En este sentido, establece al menos tres tipos de seguridades y sus correspondientes necesidades para ser objeto de estudio e implementación práctica: la seguridad política, jurídica y física.
Al tener como referencia esos tres componentes se precisan desde las formulaciones del acuerdo final los aspectos relacionados con las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sispep); el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que se han denominado “sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”; los principios orientadores de las políticas de seguridad; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y sus competencias; la integración del cuerpo élite orientado a combatir ese fenómeno; las garantías básicas para el ejercicio de la función del fiscal, de los jueces y de otros servidores/as públicos y, en general, todos los requerimientos para el establecimiento y el funcionamiento eficaz del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, con especial atención