Sobre la Universidad. Ignacio Ellacuría Beascoechea S J
con entusiasmo a todo ello, pero sin perder nunca la clara conciencia y la decidida tendencia a que todo eso contribuya a su fundamental razón de ser. Lo demás sería contribuir a una crasa apolitización politizada de la universidad.
6. A modo de conclusión
En la mesa redonda con que la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» contribuyó al análisis del Anteproyecto de Ley, y a la que asistió en defensa del mismo el Dr. Juan José Fernández, presidente de la Comisión Normalizadora, tuve ocasión de formular las observaciones y de hacer un enjuiciamiento global del anteproyecto desde la situación histórica en que nació y que es bien conocida.
La ley está fuertemente condicionada por la condición de la que surge. El Dr. Fernández no aceptó que el anteproyecto mostrase una tensión interna entre la voluntad universitaria de sus redactores y la presión política a la que habían sido sometidos. Tal vez malentendió lo que significa presión política, que como tal no implica el que se hayan sometido a indicaciones ni menos a exigencias del poder público. Significa que la situación anterior de la universidad, con su determinada configuración política, presionaba antitípicamente hacia un nuevo tipo de universidad política. Significa que las actividades de la comisión arrancaron de una intervención armada, que exigía una ruptura radical con aspectos muy característicos de la universidad anterior. Significa que muchas de las fuerzas opuestas a la gestión anterior de la universidad desplegaron diligente actividad para hacer de ella un instrumento activo o pasivo, que favoreciera su valoración de la realidad nacional...
Dada toda esta suerte de presiones, nos parece un deber reconocer que el anteproyecto es digno de respeto. Dada la intervención recientísima del poder público, podría esperarse una ley que dejara a la universidad despojada de toda autonomía. No ha sido así, y en ello tanto la comisión como el poder ejecutivo se han mostrado prudentes y hasta generosos. La ley podía haber resultado mucho peor; su signo político podía haber sido mucho más entreguista. Haber logrado lo que se logró, en circunstancias tan difíciles, es mérito indiscutible y es prueba suficiente de la vocación universitaria de sus redactores.
Con todo, no sería honesto desconocer los límites de la ley, límites surgidos de la ocasionalidad que le es propia. Todos ellos parecen nacer del miedo a que la inteligencia universitaria contribuya decididamente al cambio social. No es difícil ver que en la situación actual del país, la universidad tiene la ineludible obligación de criticar intelectual y universitariamente la realidad nacional, tanto en sus vertientes técnicas como en sus vertientes políticas. No solo para proponer soluciones y modelos de solución, sino para contribuir a formar una conciencia operativa que potencie o frene, según los casos, las fuerzas operantes en torno al cambio social. Los poderes sociales y políticos debieran ver en la crítica pública de la universidad un elemento indispensable del avance social y el equilibrio social.
La universidad latinoamericana, tal como se la puede apreciar desde esta parcela tan diferenciada de Latinoamérica, como es Centroamérica, tiene un deber ineludible. Ojalá la Universidad de El Salvador acierte a cumplirlo, sacando el máximo partido de la ley que se le ha impuesto.
3 ECA 285 (1972), 435-439. [Nota del editor].
4 Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de El Salvador. Texto original publicado en El Mundo, 20 de septiembre de 1972. [Nota del editor].
5 Publicada en el Diario Oficial, tomo n.° 237, pp. 9670-9679. [Nota del editor].
6 Carta de remisión del documento, El Mundo. [Nota del editor].
7 ibidem.
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